sábado , noviembre 17 2018
Inicio / Ediciones Semanario / ¡Algo huele mal!

¡Algo huele mal!

Caótica, así podría describirse la administración del hoy rector de la Universidad Popular del Cesar, Enrique Meza Daza, quien desde que entró a comandar esta casa de estudios lo hizo con el pie izquierdo, primero por las demandas que corrían en su contra en el Consejo de Estado y que solo hasta hace poco fueron resueltas y segundo porque pese a que su recorrido ha sido corto por llamarlo de alguna manera, sus ‘marramuncias’ han llevado a que hoy haga parte de la lista de los rectores de la universidad que han hecho nada por levantar el claustro educativo y contrario a ello han aportado para que este vaya capa caída, en el tema educativo y financiero.

A continuación, los escándalos de Meza Daza, como rector de la UPC:

Su llegada

Cuando Enrique Meza llegó al cargo, un fuerte comentario alrededor de su elección empezó a hacer eco en la capital cesarense, este fue que el nuevo rector habría manifestado sin problema alguno que su cargo como mandamás de la UPC obedecía a que él era ficha del diputado Jorge Barros Gnecco y el partido de la Unidad Nacional (U), información que era un secreto a voces en la ciudad, puesto que cabe resaltar que este medio de comunicación detalló cómo se habrían dado las reuniones en las que se estableció que Meza Daza fuera el rector, aun cuando la estantería para que Jaime Maestre fuera quien llegara a remplazar a Carlos Oñate y así continuar con el denominado ‘pacto de los 12’.

La casa del diputado ‘Popo’ Barros Gnecco, habría sido el escenario en el que el día 29 de agosto, algunos consejeros recibieron la ‘marmaja’, es decir el billete para que el voto para el nuevo rector fuera por Meza, objetivo que se cumplió, ya que al final este terminó recibiendo seis de nueve votos posibles en dicha elección. Según se conoció de una fuente fidedigna, para que se diera esta elección les habrían dado alrededor de cien millones de pesos a los señores Farid Campo y Darwin Mannsbach.

Contratación

A pesar que la administración de Enrique Meza carga a cuestas una serie de contratos que lo tienen en entredicho, los que más revuelo han causado fueron los firmados entre la UPC con Positiva Compañía De Seguros S.A. con el que al parecer el rector le habría pagado el voto de su elección a Raquel Sorza Ocaña, quien es la delegada ante el Consejo Superior Universitario y quien fue la encargada de la posesión de Meza Daza el año pasado,  toda vez que la madre de Sorza Ocaña, es la representante legal en la sucursal de Valledupar, se trata de la señora Rita Ocaña Martín.

Los contratos que en su momento fueron denunciados por el docente Edgardo Remicio son los firmados en marzo de 2018, es decir dos meses atrás, cuyo objeto del primero de ellos y que corresponde al número 005, es ‘Adquirir una póliza colectiva de vida que ampare a todos los funcionarios de nivel administrativo y docentes de planta de la Universidad Popular del Cesar, para doscientos treinta y dos (232) funcionarios activos y ciento dieciséis (116) docentes de planta, según listados aportados por la vicerrectoría administrativa de la universidad’ por un valor de ciento ochenta y dos millones cuatrocientos mil pesos ($182.400.000).

El segundo contrato tiene el mismo objeto, pero abarca la comunidad estudiantil, según el documento 006 del 14 de marzo, la póliza es para diecinueve mil estudiantes (19.000) por un valor de ciento treinta y ocho millones doscientos cuarenta y cuatro mil pesos, ($138.244.000).

Continuando con el listado de contratos, La Calle denunció en su edición número 319, los aparentes tramoyos hechos por el rector a su llegada con los que al parecer buscó beneficiar al contratista, se trata del contrato 028 del 27 de noviembre del 2017, cuyo objeto es ‘Prestación del servicio integral de aseo y cafetería, mantenimiento y ornato con el recurso humano capacitado para la ejecución de actividades propias del servicio que incluya el suministro de insumos, elementos de aseo y cafetería, maquinaria y equipos necesarios para la prestación de la labor en las diferentes sedes de la Universidad Popular Del Cesar’ por un valor de  476,601,043 millones de pesos, entregado a Jhon Jairo Guerrero y el 030 de 2017 cuyo objeto es ‘prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, con medios armados, monitoreo de alarmas y medios tecnológicos en las diferentes instalaciones y sedes de la Universidad Popular Del Cesar’ por un valor de 411.430,111 millones de pesos, cuyo contratante es John Edward Ramos Amezquita.

Asimismo están el contratos 003 de 2018 cuyo objeto es ‘prestación del servicio integral de aseo y cafetería, mantenimiento y ornato con el recurso humano capacitado para la ejecución de actividades propias del servicio, que incluya el suministro de insumos, elementos de aseo y cafetería, maquinaria y equipos necesarios para la prestación de la labor en las diferentes sedes de la Universidad Popular Del Cesar’ por un valor de 2.190,193,776 millones de pesos y un tiempo de ejecución de 12 meses.

 

El contrato de los computadores

En noviembre del año pasado La Calle develó el meollo que había alrededor del contrato 008/2017, cuyo objeto era ‘Contratar el suministro de equipos para el fortalecimiento de la plataforma computacional.

Según se conoció mientras gran parte de los equipos informáticos de la universidad están obsoletos, Meza se negó a la ejecución del contrato mencionado anteriormente porque al parecer fue iniciado en la administración de Carlos Oñate, situación que lo tiene en ‘el ojo del huracán’, toda vez que declaró siniestró de manera arbitraria el contrato que los reemplazaría, hecho que es investigado por la Fiscalía, puesto que estaría envuelto en el delito de peculado por aplicación oficial diferente, toda vez que los más de 400 millones que serían invertidos en este contrato, hoy tendrían otra destinación.

 

Su papel en la política

Semanas previas a las elecciones al Congreso, el nombre del rector Enrique Meza, estuvo en entredicho por su aparente participación en este debate, esto a través de la casa de estudios, para ese entonces La Calle denunció cómo aun el rector para esa fecha aún no tenía definidas algunas vicerrectorías, en espera que el que ‘manda la parada’ es decir el diputado Jorge ‘Popo’ Barros dijera quienes llegaría, esto con el aparente fin de meterle política al asunto.

Frente a esas movidas políticas se conoció que en las pasadas parlamentarias los dos candidatos que llevó la UPC como fortín político fueron Eliecer Salazar, quien aspiró por el partido de la Unidad Nacional a la Cámara de Representantes y Didier Lobo Chinchilla, quien fue por el Senado, conformando la lista de Cambio Radical en el Cesar, hoy los dos son congresistas electos.

La cereza del pastel

Al parecer la intención de Meza Daza de seguir en la silla de la UPC va en serio, así lo denunció La Calle la semana pasada luego que mostrara cómo al parecer, el rector estaría intentado quedarse hasta el año 2012, aun cuando el periodo culmina en julio del próximo año. Según se conoció el primer intento se dio por intermedio de la oficina jurídica con el que el rector pretendió que el Ministerio de Educación Nacional hiciera una consulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con la finalidad de preguntar si su periodo se podía extender por parte del Consejo Superior, sin embargo, este intento fue fallido toda vez que el Ministerio no la elevó.

El segundo intento de Meza Daza se dio cuando presentó la misma solicitud dentro del proceso de nulidad electoral que se surtía en La Sección Quinta Del Consejo De Estado, la cual buscaba tumbarlo como rector. Además de ejercer su defensa Enrique Meza solicitó al alto tribunal no solo que no accediera a las pretensiones de la demanda, sino que además le otorgara el resto del periodo, pretensión que negó la sección Quinta.

El tercer round del rector de Meza Daza se dio a través de una acción de tutela, con la que busca que le fallen su pretensión de quedarse por cuatro años completos en la silla de la UPC. Según se conoció el acto administrativo se dio el pasado días atrás, así lo dio a conocer el despacho Judicial mediante un comunicado enviado al CSU, en el que informaba la admisión de dicho recurso.

La Calle investigó con profesionales expertos en este tema quienes consideran la tutela improcedente por dos cosas, la primera porque no hay principio de inmediatez, este basado en lo dicho por la Corte que manifiesta que cuando alguien sienta vulnerando sus derechos por una autoridad judicial o administrativa, tiene derecho a presentar la acción, pero a partir de cuándo se le violó el derecho, “según el CSU, la universidad violó su derecho cuando no le dio su periodo completo, es decir desde el 5 de septiembre de 2017, desde ahí tenía seis meses para presentarla, es decir hasta el 05 de marzo de este año, o sea perdió inmediatez y ya el juez no puede pronunciarse frente a eso”, explicó el abogado.

La segunda razón para negar la tutela sería “la tutela solo es procedente cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial y así se lo hizo saber el Consejo de Estado en la acción de nulidad electoral que le falló, en la que el rector pidió que le ampliaran el periodo, a lo que le respondieron es que existen otros mecanismos de defensa y no era ese”, manifestó el jurista.

Cabe resaltar que al parecer el Rector y sus aliados estarían gestando toda una parafernalia para lograr un fallo a favor en esta tutela.

Recomendada

Cae banda delincuencial dedicada al hurto de motocicletas, en Valledupar

El Departamento de Policía Cesar, con el personal de investigación criminal logró en las últimas …

Deja un comentario