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José Luis Urón

ANTES DE AUMENTAR LOS IMPUESTOS

Por: José Luis Urón

 

Cada una de las propuestas presentadas por el Gobierno Nacional para financiar el presupuesto nacional tiene implicaciones negativas en la capacidad de compra de los ciudadanos y en la rentabilidad de las empresas legalmente constituidas.

No se cuestiona la obligación de pagar impuestos para financiar el funcionamiento de las instituciones públicas que cumplen con los programas sociales y las tareas previstas en la Constitución del 91, pero antes de aprobar el incremento de la carga impositiva en la reforma tributaria llamada “Ley de financiamiento”, se requiere hacer ciertas consideraciones que en el departamento del Cesar son muy evidentes:

Identificar a los evasores en todos los niveles y establecer los mecanismos para aumentar el recaudo de manera efectiva.

Enfrentar el contrabando en todas sus modalidades, incluyendo licores, tabaco, confecciones, telas, zapatos, cigarrillos, ganado, electrodomésticos y artículos de la canasta familiar, que por su naturaleza ilegal afectan la economía local y nacional. Detrás del contrabando hay organizaciones criminales muy poderosas que ponen en riesgo empleos formales y empresas legalmente constituidas que desarrollan la actividad mercantil pagando los impuestos, generando empleo, crecimiento económico, estabilidad social y felicidad para la gente.

Sobre el contrabando técnico en importaciones de bienes y servicios, es conveniente ahondar en sus orígenes y en la trazabilidad de las operaciones, ya que no pagan los aranceles aduaneros respectivos aunque estemos en una apertura económica.

La minería ilegal merece un tratamiento de choque por parte del Estado, no solo por atentar contra las condiciones ambientales del territorio sino por la cadena de financiación y las utilidades permitidas por los altos niveles de corrupción gubernamental. En el mismo esquema se circunscriben las actividades de narcotráfico, microtráfico y lavado de activos, que deben ser erradicadas sin contemplación antes de tomar decisiones que afecten, con otra clase de impuestos, al ciudadano común y corriente.

En cuanto a la consolidación de cifras, tiene sentido detenerse a revisar con calma las cuentas de las multinacionales con concesiones en el territorio colombiano y de esta manera establecer si efectivamente están pagando los impuestos y las regalías en cantidades acordes a la dimensión de las explotaciones que vienen realizando.

Tenemos claro que lo único que genera riqueza en este país son las empresas y que no podemos estrangularlas con cargas impositivas porque dejarían de generar empleo y crecimiento económico, en un departamento donde las cifras de pobreza son superiores al 40%. Las empresas que hoy pagan impuestos son las mismas de siempre. No hemos logrado ampliar la base tributaria. La ampliamos hacia arriba y no horizontalmente. Se requiere vincular a un mayor número de personas como contribuyentes del Estado.

Para justificar las propuestas legislativas sobre los recaudos, es necesario revelar la relación entre los índices de corrupción y los procesos de contratación nacional, departamental y municipal. Los sobrecostos en la contratación, que aparecen en todos los niveles del Estado, limitan la dotación de bienes y servicios a la comunidad y retrasan los procesos que combaten la pobreza. De igual manera, se requiere erradicar la práctica de construir obras innecesarias que no solucionan problemas ni tienen impactos en los indicadores sociales, económicos y ambientales.

Ante la irreversible tendencia de las compras por internet, la Nación debe intervenir para contrarrestar el desequilibrio que ocasiona la evasión de impuestos por ese medio. Muchas de las empresas que ofrecen productos y facilitan transacciones digitales no están registradas en Colombia, por lo que es necesario tomar acciones inmediatas para alcanzar el ritmo que diariamente impone la demanda del mercado.

Por último, sugerimos un ataque frontal a la informalidad. El gobierno nacional ha expresado en los distintos foros y medios de comunicación que: Legalidad más emprendimiento es igual a equidad. Para que la legalidad impere, se requieren acciones decididas contra la informalidad, el contrabando, el microtráfico, las organizaciones criminales, la economía subterránea, el lavado de activos y la minería ilegal.

Si la ecuación legalidad más emprendimiento tiene la capacidad de generar suficientes recursos al Estado para acortar la brecha social, entonces todos y cada uno de los emprendimientos en Colombia tienen que ser legales y cumplir con las obligaciones tributarias.

No se puede echar mano a la solución facilista de incrementarle los impuestos a los de a pie para financiar el presupuesto nacional, en lugar de afrontar los problemas de la evasión, la informalidad, la corrupción, el microtráfico, la minería ilegal, el contrabando y las siete y mas plagas de Egipto que desangran al Estado Colombiano.

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