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Francisco Cuello Duarte

CANDIDATO CONDENADO PENALMENTE

Por: Francisco Cuello Duarte

En Colombia, para ser elegido Alcalde de un municipio, se requiere el cumplimiento de unos requisitos legales señalados en el artículo 86 de la Ley 136 de 1994, cuyo texto dice: Artículo 86º.- Calidades. Para ser elegido alcalde se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o del área correspondiente área metropolitana durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

No se exige tener ninguna clase de estudios académicos, ni mucho menos experiencia alguna. Si el pueblo lo elige es por cualquier otra cosa. Sin embargo, previamente a su inscripción debe estar libre de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones legales. Al respecto, el artículo 37 numeral 1º, de la Ley 617 de 2.000, señala: 1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.

La sentencia judicial debe estar debidamente ejecutoriada, es decir, que los recursos interpuestos por la parte afectada hayan sido resueltos y la condena haya quedado en firme. De igual manera, tampoco existe inhabilidad cuando el procesado se encuentre con medida de aseguramiento de detención en cárcel o domiciliaria, si sobre él no hay sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Tampoco, cuando sobre el candidato tiene numerosas investigaciones penales, pues son simples investigaciones, no condenas. Vale aclarar que el artículo 29 de la Constitución Política lo protege: “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”.

La inhabilidad en comento tampoco opera para los delitos políticos o culposos. El primero tiene ocurrencia cuando se atenta contra el régimen constitucional y legal vigente; el culposo, o imprudente, se presenta cuando se emprende la ejecución de una acción peligrosa sin ánimo de lesionar un bien jurídico, pero por falta de cuidado deriva en la efectiva lesión del bien penalmente protegido.

Es decir, puede darse el caso de un candidato que tiene investigaciones penales en Fiscalía por toda clase de delitos, que su reputación o imagen sea de la más cuestionada en el pueblo, pero como no se ha dejado pillar, está apto para inscribirse como candidato a la Alcaldía de su municipio. Y puede ser el futuro alcalde, si los electores lo respaldan, así el ambiente político huela a feo.

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