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CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE HACIENDA

Con profunda preocupación, los cesarenses, y por extensión los habitantes del Caribe colombiano, encontramos que en su primer saludo a nuestra región nos anuncia el incremento en las tarifas de Electricaribe. Al parecer, la intención es seguir aumentando el trato marginal a la población que históricamente ha solicitado equidad en las políticas públicas nacionales.
En la justificación económica y social del documento Conpes 3393 de 2018 se reconoce que la región Caribe está en situación de desventaja por tener departamentos con pobreza monetaria del 53,3%, mientras que el promedio nacional que solo alcanza el 27,8%. Asimismo, advierte que la mala prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe podrá afectar directamente en el desarrollo de la región, lo cual podría generar un aumento en los niveles de pobreza, que ya se encuentra en niveles críticos.
Con el propósito de contar con una visión integral de la verdadera situación del servicio de distribución y comercialización de energía en la región, de manera atenta solicitamos tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. A pesar de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, ordenada el 14 de noviembre de 2016 y de la toma de posesión y administración temporal seguida del proceso liquidatario, ordenada el 14 de marzo de 2017, el servicio actual de energía eléctrica de Electricaribe es pésimo. No es posible distinguir un cambio positivo entre antes y después de la intervención.
No se han divulgado los avances y logros de la administración temporal del servicio de distribución y comercialización de energía; ni sabemos si el Electricaribe de hoy tiene los mismos operadores que figuraban antes de la intervención.
2. Las más importantes quejas que se presentaron durante la operación de Electricaribe se derivan del abuso de la posición dominante que aún persiste: Se instalan y retiran transformadores en los barrios; se cambian contadores domiciliarios sin previo aviso; se sanciona a los usuarios bajo supuestos de fraude técnico sin mediar el debido proceso, entre otros.
3. A la fecha no se ha aclarado a la opinión pública la denuncia de la Contraloría General de la República sobre los 216.894 millones de pesos girados por el Ministerio de Minas y Energía a Electricaribe y que ésta destinó a disminuir sus pérdidas empresariales. Esos recursos, según la Contraloría, debían ser aplicados en los subsidios de consumo energético que el Fondo de Energía Social (FOES) otorga a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales en los 7 departamentos de la región.
De igual forma, no se ha efectuado el reporte de recaudo y uso de los recursos facturados en la Región Caribe bajo el concepto de “Cargo por Confiabilidad”, provenientes de la Resolución CREG-071 de 2006.
4. Después de haberse dado la intervención a Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se ha seguido contratando personal inexperto para conformar las cuadrillas de mantenimiento de redes. Estas personas, atentan contra el arbolado urbano y no utilizan métodos estandarizados acordes con los procesos de calidad.
5. Se requiere hacer una divulgación completa del alcance de la negociación hecha entre el Gobierno Nacional y el contratista anterior, las multas, demandas y obligaciones surgidas en el proceso para cada una de las partes.
6. Es necesario conocer las condiciones financieras y operativas con las que tendrá que operar el nuevo inversionista estratégico que gestionará a la compañía de distribución y comercialización de energía en los siete departamentos de la región Caribe. Reconocemos que en otras regiones de Colombia hay empresas que prestan el servicio con altos niveles de calidad y confiabilidad, que cuentan con los mejores niveles de satisfacción por parte de los usuarios, a las cuales habrá que tener en cuenta en la convocatoria correspondiente.
7. Sería conveniente que se adelantaran procesos de divulgación de los resultados del estudio contratado por Electricaribe con la Financiera de Desarrollo Nacional -entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-, tendiente a “Estructurar e implementar la solución empresarial para permita garantizar la continuidad en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la región Caribe”.
De igual manera es imprescindible que en esa divulgación se exponga el alcance del marco tarifario contenido en la Resolución CREG 015 y la participación de este instrumento en la operación esperada en la distribución y comercialización de energía en la región Caribe. Este conjunto de acciones, señor Ministro, conforman las inquietudes y peticiones que desde la Cámara de Comercio de Valledupar presentamos a su despacho, con la solicitud de ser consideradas antes de que se convierta en un hecho cumplido su propuesta de incrementar las tarifas de Electricaribe.
Estamos seguros que el conglomerado empresarial y comercial, y la sociedad en general del Cesar y la costa Caribe, le sabrá agradecer su atención y buenos oficios.

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