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Contraloría abre investigación a Didier Lobo por sobrecosto al PAE cuando fue alcalde de La Jagua.

El exalcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo, y quien el próximo 20 de julio tomar posesión como Senador de la Republica, la Contralia General le abrió una investigación cargos por sobre costo en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual tuvo un monto de $2.384 millones de pesos.

Según señaló la Contraloría General de la República, Didier Lobo Chinchiná, durante su periodo como alcalde en el municipio de La Jagua de Ibirico pagó un valor mayor en paquetes nutricionale, que durante 18 meses, le fueron entregados a niños y niñas desnutridos, madres gestantes y lactantes. El elevado sobrecosto en este contrato de alimenticio fue financiado con recursos de regalías, lo que llevó a la CGR a abrir un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $2.384 millones de pesos contra el exalcalde Lobo Chinchilla y los integrantes de la firma contratista, Unión Temporal Servicios Nutricionales, La Corporación Gestión del Recurso Social y Humano, Industrias Alimentos y Cathering Catalina S.A.S. y Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda Fundalimentos.

Las irregularidades que dieron lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fueron determinadas inicialmente en una auditoría realizada por la CGR y específicamente al revisar la ejecución del contrato No. 340 del 3 de diciembre de 2012, que suscribió este municipio con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios por valor de $15.295 millones, al igual que otros. Según auto número 0006 del 9 de febrero de 2016 de la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar, por el cual se ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, la administración municipal pagó un mayor valor de $3.683 millones en la adquisición de víveres como harina, lenteja, frijol, pasta, aceite, azúcar y leche, entre otros.

Los kits de alimentos presentaron además presuntas deficiencias en materia de calidad. El daño patrimonial fue determinado finalmente en $2.384 millones, al descontar del valor antes mencionado los gastos de legalización (pólizas de calidad y cumplimiento) y de impuestos, que ascendieron en total a $1.298 millones, todo bajo la responsabilidad del exalcalde, toda vez, que este suscribió el contrato 3040 de 2012 con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios “sin verificar de manera estricta el cumplimiento del objeto del contrato, por lo que presuntamente su conducta generó o contribuyó al resultado del detrimento patrimonial”.

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