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Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por dos mil 384 millones contra ex alcalde Didier Lobo

En aprietos está el ex alcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo, esto por los elevados sobrecostos que pagó en su administración en un contrato de alimentos financiado con recursos de regalías, el hallazgo lo hizo la Contraloría General de la República quien ya le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por una cuantía de dos mil 384 millones de pesos.

Pero no solo Lobo cayó en la lupa de la Contraloría ya que los integrantes de la firma contratista, Unión Temporal Servicios Nutricionales también están siendo investigados.

Según reportó el contralor Edgardo Maya Villazón, al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, y al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, la citada Corporación Gestión del Recurso Social y Humano (GERS) ha celebrado contratos similares de paquetes nutricionales y para la operación de Programa de Alimentación Escolar (PAE) con la Alcaldía del municipio de Becerril.

Las irregularidades que dieron lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fueron determinadas inicialmente en una auditoría realizada por la Contraloría y específicamente al revisar la ejecución del contrato No. 340 del 3 de diciembre de 2012, que suscribió este municipio con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios por valor de 15 mil 295 millones.

El objeto de dicho contrato era el suministro durante 18 meses de paquetes nutricionales para la recuperación de niños y niñas desnutridos y/o en riesgo de desnutrición y de madres gestantes o lactantes, en el municipio de la Jagua de Ibirico.

Según auto número 0006 del 9 de febrero de 2016 de la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar, por el cual se ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, la administración municipal pagó un mayor valor de tres mil 683 millones en la adquisición de víveres como harina, lenteja, frijol, pasta, aceite, azúcar y leche, entre otros. Los kit de alimentos presentaron además presuntas deficiencias en materia de calidad.

El daño patrimonial fue determinado finalmente en dos mil 384 millones, al descontar del valor antes mencionado los gastos de legalización (pólizas de calidad y cumplimiento) y de impuestos, que ascendieron en total a mil 298 millones.

Para la Contraloría, el ex alcalde Lobo Chinchilla suscribió el contrato “sin verificar de manera estricta el cumplimiento del objeto del contrato, por lo que presuntamente su conducta generó o contribuyó al resultado del detrimento patrimonial”, dice textualmente el órgano de control.

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