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Contraloría cuestiona resultados del Banco Agrario en gestión de Proyectos de Vivienda de Interés Social Rural

Hallazgos con posible incidencia fiscal por 11 mil 488 millones de pesos encontró la Contraloría General de la República en una auditoría de cumplimiento, articulada con veedurías ciudadanas, que puso en evidencia la ineficiencia del Banco Agrario para gestionar proyectos de vivienda de interés social rural.

En la auditoría al Banco se evaluó la gestión y el cumplimiento de la normatividad relacionada con la administración y ejecución de los proyectos de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), vigentes para el año 2016, como producto de la Política de Vivienda del Gobierno Nacional.

Como resultado de esta auditoría, la CGR determinó en total 19 hallazgos administrativos, de los cuales 13 tienen presunta incidencia disciplinaria y 3 posible incidencia penal, y 9 son de carácter fiscal.

La Contraloría encontró serias deficiencias en el proceso de viabilización y validación de los proyectos objeto de asignación de recursos VISR.

Igualmente se evidenciaron inconsistencias en el proceso de contratación de las Gerencias Integrales (que son las sociedades o cooperativas contratadas para la administración y ejecución de los proyectos), pues se adelantó sin atender los requisitos técnicos, financieros y legales previstos, lo cual ha conllevado a incumplimientos del objeto de los Contratos de Administración por parte de dichas Gerencias.

También se detectó entrega de soluciones de vivienda sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas, de tal manera que las casas que se otorgan, en muchos eventos, no garantizan las condiciones de habitabilidad que persigue el programa.

Un ejemplo de esta situación es el proyecto de VISR en el corregimiento de Bayunca – Cartagena, en el cual la Contraloría verificó técnicamente 149 viviendas de las 175 que cuentan con certificados de recibo a satisfacción expedidos por parte del Banco Agrario, donde se determinó un daño fiscal por valor de $326.995.550,93, que corresponde al valor de los subsidios de 93 viviendas.

Estas viviendas presentan daños o problemas de calidad en sus obras, como deficiencias en pisos que presentan alta erosión, desgaste prematuro y huecos, algunos parcialmente reparados por los beneficiarios, evidenciando la mala calidad del concreto, el cual no resiste la tracción superficial.

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