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¿CONVIENE O NO UNIFICAR PERIODOS DE MANDATARIOS?

Se debate en el Congreso de la República el proyecto de acto legislativo que tiene como propósito unificar periodo de mandatarios alcaldes, gobernadores al igual que a concejales, diputados y ediles que serían simultáneos. En efecto, en la Comisión Primera de Cámara fue aprobado en primer debate con 22 votos a favor y seis en contra.

La idea central del proyecto es que los periodos de todas las personas elegidas por voto popular comiencen y concluyan al mismo tiempo. Para contribuir en nuestro objeto misional como formadores de opinión, esta casa editorial, presentará puntos tanto a favor como en contra del artículo transitorio constitucional que se aprobaría mediante acto legislativo.

Habrían dos connotaciones necesarias de valorar: el costo económico y la incidencia en la efectividad de políticas públicas. Arrancando con la primera, según información de Registraduría los comisión celebrados en el año 2018 costaron 1.2 Billones de pesos y se solicitó anticipo para el año 2019 de 800 mil millones de pesos.

Es innegable que la unificación acarrearía procesos de economías de escala que beneficiarían la productividad del gasto público con el redireccionamiento de cuantías millonarias para cumplir con el objeto misional del Estado Social de Derecho, es decir, se permitiría teóricamente la optimización del gasto público en el ámbito nacional.

En el concierto nacional, este aspecto será el de mayor difusión en medios de comunicación. Se escucharán manifestaciones en defensa, al considerar el costo social incuantificable, como del económico, desde la óptica comercial, al facilitar al elector hacer todas estas decisiones, en una misma jornada.

Indudablemente, estas bondades del proyecto son indiscutibles, tanto en la órbita de costos sociales como económicos; no obstante, en materia de evaluación de la política pública ejecutada a través de planes de desarrollo y su respectivos presupuestos, es en nuestra óptica un beneficio incuantificable, en tanto los periodos unificados permiten armonizar las relaciones de poder entre el gobierno nacional y administraciones regionales y locales, sino que además en simultánea facilita la coincidencia de planes de desarrollo en sus objetivos y prioridades entre el gobierno nacional y las administraciones locales y regionales.

De todos es sabido, que se pierde un año por des financiación del presupuesto en la ejecución del plan de desarrollo y que todo mandatario tiene que ejecutar un presupuesto aprobado el año anterior a su posesión, correspondiente a ejecutorias del plan de desarrollo de su antecesor  y que modificarlo en su esencia es materialmente imposible, como quiera que durante cinco meses, se presenta a la corporación (Asamblea o Concejo) proyecto de su plan de desarrollo para aprobación con el consiguiente desfase que se perpetua ad infinito.

Así las cosas no existe la valoración de evaluación de la ejecutoria de una administración, por lo que su plan de desarrollo cuatrienal solo contará con presupuesto para tres años, porque muchos de los proyectos de inversión, al cambio de gobierno, sufren cortapisas en su ejecución y son suplantados luego de la aprobación del plan de desarrollo del nuevo mandatario.

No sería objetiva mi apreciación de no poner en el tapete la versión de los opositores a esta saludable iniciativa de acto legislativo. Los detractores de la idea manifiestan que es inconstitucional que el Congreso modifique el mandato de los ciudadanos en las urnas, que es abusivo con los electores otorgar a los actuales elegidos un poder que no se han ganado, que en la actual coyuntura sería nocivo impedir que nuevos poderes, sobre todo basados en el ejercicio libre de los ciudadanos, no de partidos los que lleguen al poder, que sería una especie de premio extenderles el mandato a muchos mandatarios que han incurrido en actos de corrupción y que sería limitar el libre juego de la democracia.

Con todo el respeto que merece los detractores, su argumentación basada apreciaciones subjetivas con sesgos políticos partidista frente al peso de los demostraciones de economías de escala en  costos sociales y económicos por un lado, como el relacionamiento y sinergias de la coincidencia de planes de desarrollo y armonización de políticas públicas definidas en él tendrían beneficios considerables para el país.

Obviamente los que han hecho de las campañas electorales un medio de vida, no serán gustosos de la iniciativa pero los beneficios al colectivo social son de innegable.

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