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El ABC del fraude al sistema pensional en Valledupar

Cuando faltaban apenas tres semanas para que en Valledupar arrancara el Festival Vallenato, la capital de Cesar apareció en las primeras planas de la gran mayoría de los medios de comunicación de todo el país por el descubrimiento de una red de corrupción que se dedicaba a defraudar el sistema de pensiones a través de Colpensiones y fondos privados, haciendo pasar a los usuarios como locos para que todos pudieran hacerse a la tan anhelada pensión.

Pero antes de entender cómo se hacía este defraude al sistema de pensiones, es preciso identificar a los personas señaladas por las Fiscalía de orquestar esta red de corrupción, en que según informó el mismo fiscal Néstor Humberto Martínez, podría haberse quedado con más de 100 mil millones de pesos, esto solo en Valledupar.

Las personas que fueron capturadas fueron identificadas como: Teresa de Jesús de la Hoz Solano, médico; Eduardo Urbano Marrugo Castrellón, médico; Carlos Arturo Montero Araújo, médico; Manuel de Jesús Altamar Colón, médico siquiatra; Gilmar Silvero linero, médico y abogado; Emili Said Baines Ferrer, abogado; Mariano de Jesús Amarís Consuegra, abogado; Yamile de Jesús Pérez Domínguez, sicóloga,; José Miguel Meléndez Vega, intermediario y Gian Carlos Miranda Isaza, intermediario.

Los delitos por los cuales estos deberán responder ante las autoridades son: concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

Los trabajadores que se habrían prestado para defraudar al sistema pensional de fondos privados de pensión y Colpensiones pertenecían a las empresas mineras de Drummond, Prodeco y Cerrejón, y se estima que el desfalco podría estar por encima de los 100 mil millones de pesos.

¿Cómo hacían el fraude?

De acuerdo por lo indicado por la Fiscalía General, las personas ya reseñadas usaban documentos falsos para favorecer a clientes que pretendían adelantar su pensión con la declaración de incapacidad mental, es decir aseverando que estos estaban locos y que por ello no podía seguir laborando.

Los dos abogados, cuatro médicos, una psicóloga y dos intermediarios, han indicado las autoridades que armaron toda una empresa criminal que ofrecía servicios para adelantar pensiones en Colpensiones y Fondos Privados a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales.

“El procedimiento era sencillo: declarar locos y locas a las personas. Bajo esa condición accedían con documentación fraudulenta a tramitar millonarias pensiones que dejaron un enorme hueco. Hoy esos médicos y abogados que trasgredieron la ley están a buen recaudo de las autoridades”, dijo en su momento el fiscal Martínez.

Esta situación llevó a pensionar cerca de 400 personas, sumados a otras aproximadamente 150 personas más que estarían esperando obtener dicho beneficio, es decir que ya hacía trámite para quedarse con la pensión a través de este ‘modus operandi’.

“Esta es una modalidad inédita, mecanismo que ha surgido en una región de país, mediante la declaratoria de locura o demencia de los trabajadores se les consigues pensiones de invalidez, con esquemas defraudatorios con seguros de crédito por miles de millones de pesos”, recalcó el fiscal.

La Fiscalía estima que, una sola persona ha defraudado a la Administración en 233 millones de pesos, con lo que la defraudación al sistema pensional podría superar los 100.000 millones de pesos, sólo en Valledupar.

Otro dato que quedó a la luz pública era la cantidad de dinero que le pedían a cada uno de los clientes, aunque el valor cambiaba dependiendo el monto de la pensión, aproximadamente pedían entre 7 y 10 millones. Los médicos y abogados ganaban mucho más, puesto que el rol que cumplían al interior de la organización era más determinante que los intermediarios y demás personajes que allí intervenían para conseguir el propósito de la pensión.

A los bancos también engañaron

Las autoridades también pudieron determinar que el objetivo de la defraudación no iba dirigido solo contra los fondos pensionales sino que alcanzaba al sistema financiero.

Uno de los sistemas para lograr el pago a los abogados y otros profesionales que tramitaban la pensión ilegal a estas personas era pedirles que, antes de la declaratoria de problemas mentales o físicos, fueran a cualquier banco a solicitar préstamos por altos montos. Esto lo hacían con la intención de ganarse los seguros, es decir  una vez obtenían la pensión por invalidez cobraban el seguro y se les condonaban los créditos.

“A los clientes se les consiga un crédito en un banco por 500, 600 u 800 millones de pesos, y obtienen un seguro de crédito en el cual se amparan frente a riesgo por invalidez, con lo cual no solamente obtienen las mesadas pensionales sino paralelamente se les decrete el beneficio del seguro y no tenga que pagarle la deuda a los bancos. Esto es una maraña defraudadora, que empieza adquirir características delirantes”, explicó Martínez sobre este caso que todavía tiene mucho mostrar.

La Fiscalía ya tiene identificados 550 casos sólo en Valledupar, en donde 400 personas ya habrían sido beneficiadas con la pensión y 150 se encontrarían en trámite. La red vendría operando desde 2011.

Finalmente vale la pena acotar que siete de los 10 implicados en el ‘carrusel de las pensiones’, ya se allanaron a los cargos que les fueron atribuidos, se trata de Carlos Arturo Montero Araujo, Eduardo Urbano Marrugo Castellón, Teresa de la Hoz Solano, Gilmar Silguero Linero, Emil Said Baines Ferrer, José Miguel Meléndez Vega y Jean Carlos Miranda Isaza, quienes ante la contundencia de las pruebas no tuvieron más opción que expresar su deseo de declararse culpables de los señalamientos que les realizó la Fiscalía 12 Seccional.

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