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El peso de la corbata ante sanciones de la Procuraduría

En entredicho quedó nuevamente el actuar de la Procuraduría General de la Nación, luego que se conocieran las sanciones impuestas por las irregularidades cometidas en la ejecución del contrato entregado por el ex alcalde de Valledupar y actual viceministro de Trabajo, Fredys Miguel Socarrás Reales a Natalia Springer. La indignación se ha generado porque al ordenador del gasto y timonel de la administración municipal le impusieron la irrisoria sanción de un mes de suspensión para ejercer cargos públicos, mientras a sus subalternos le sentenciaron su muerte política. 

 

Más de tres años se tardó la Procuraduría General de la Nación en detectar y sancionar por las evidentes falencias que tenía el polémico contrato que la Alcaldía de Valledupar, bajo la administración del exalcalde Fredys Socarrás, estableció con la firma Springer Von Schwarzenberger Consulting Services S.A.S. (SVSCS) de la periodista Natalia Springer, cuyo objeto era el de desarrollar el proyecto ‘Formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar’.

En un comunicado de prensa, el Ministerio Público señaló que se encontraron argumentos para establecer que hubo diversas actuaciones y omisión de los deberes asignados a los exfuncionarios sancionados, al adelantar de manera irregular el contrato de prestación de servicios No. 552 de 2015, por valor de 1.400 millones de pesos.

En ese orden de ideas, La Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años a Carlos Mario Céspedes Torres, exsecretario de gobierno, y con 12 años a Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, exsecretaria general del municipio, ambos funcionarios de la administración del exalcalde Socarás.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la sanción a la que fue sujeto el exalcalde, puesto que el ente de control lo suspendió nada más por un mes, al igual que al exjefe de la oficina Jurídica, Mery María Romero Mestre.

 

A los que les dieron más duro

Para el ente de control, en el caso de Lisbeth Lorena Gaitán Mateus es responsable, sin serlo, de emitir una certificación de idoneidad a favor la empresa SVSCS y celebrar en forma directa el contrato con Natalia Springer, eludiendo el principio de transparencia que debe regir la contratación estatal, es decir que la funcionaria no se habría dado a la tarea de verificar que la firma de la periodista sí era la indicada para desarrollar el millonario contrato.

En el caso de Carlos Mario Céspedes Torres, la Procuraduría lo encontró responsable de certificar la idoneidad de la empresa contratista, realizar estudios de mercado con una cotización de dudosa procedencia, sugerir que el tipo de contratación era directa y omitir hacer un adecuado seguimiento a las actividades contratadas.

Mientras estos funcionarios prácticamente fueron sepultados para ejercer cargos públicos, el exalcalde Socarrás hoy viceministro de Trabajo, en caso de que se mantenga este fallo al cual le procede el recurso de apelación, se irá para su casa a pasar un mes mientras pasa la sanción. Sin embargo, este medio de comunicación conoció que los inmiscuidos en este proceso harán uso del recurso de apelación.

Vale la pena acotar que, en medio de todo lo que en su momento desencadenó este escandaló el abogado defensor de Socarrás manifestó a los medios de comunicación que el caso ha sido adornado por temas de intereses políticos, esto quizás como una estrategia para tratar de desviar la atención.

La Calle trató de conocer la opinión de algunos de los implicados en este escándalo, pero al cierre de esta edición no había sido posible, al igual que tampoco se conocía pronunciamiento por parte de Socarrás ni siquiera a través de sus redes sociales.

 

¿Qué se dice en las calles?

Una vez se conoció la noticia de las sanciones e inhabilidades en contra del exmandatario Socarrás y algunos de sus funcionarios por el contrato con la periodista Springer las redes sociales estallaron de comentarios, la mayoría indagando por qué la diferencia tan abismal entre la sanción contra el viceministro de Trabajo, y quienes fueron sus coequiperos de administración.

Reinaldo Vega: “Siempre me parece bien cuando las autoridades actúan con base al derecho, no me parece bien la diferencia de sanciones que está tomando este ente en contra de los funcionarios, ya que a la cabeza como diría uno o al ordenador del gasto le dieron una sanción irrisoria en cuanto a los otros funcionarios les dieron unas sanciones ejemplares. Entonces ahí por una parte bien porque están actuando y por otra parte no me parece justo con otros funcionarios, tampoco me parece justo que contra la persona que ejecutó el contrato no haya tampoco ninguna sanción”.

Leider Gutiérrez: “Yo creo que fue algo que le hizo mucho daño a Valledupar, regalar mil 400 millones a una mujer que no hizo nada, lo que hizo fue unos seminarios ficticios, yo pienso que aquí Fredys Socarrás es el culpable y debería tener una sanción más justa no como la que le han dado a los funcionarios que ellos son unos copilotos, el que lleva el barco es el alcalde, por eso creo que se deben tomar una medidas más drásticas ya que no estamos contentos con lo que ha ocurrido frente al caso”.

Rafael Garrido: “Eso es alharacas no sé por qué, porque la Contraloría después de tres años viene a sancionar a unos funcionarios, eso no tiene son ni ton, el señor Edgardo Maya Villazón ha tenido 18 años de estar metido en el poder y no le ha pagado al Cesar ni siquiera un ladrillo”.

Pedro Acuña: “Yo creo que los alcaldes delegan funciones en algunas personas de su equipo de trabajo, ellos deben estar atentos a la situación jurídica de la administración como tal y en ese orden de ideas la diferencia que se muestra es que él, de pronto, esa responsabilidad que le tocaba la delegó a esos funcionarios y a la vez esos funcionarios no le hicieron un asesoramiento de manera efectiva”.

 

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