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ELECTRICARIBE…LA FRUSTRACIÓN DE UN ALCALDE

De las grandes frustraciones que puede tener un Gobernante, es el hecho, que después de concitar voluntades, después de concertar políticas públicas y lograr aglutinar importantes personalidades del orden territorial y nacional, no se haya logrado solucionar temas tan espinosos como es el actuar de transnacionales, que desangran y vulneran los bolsillos de residentes de la región caribe.
La ley 142 de 1994, en pretensión de regular la prestación de servicios públicos, se fijaron normas y estándares de comportamiento, que habilidosamente, la hermenéutica jurídica de empresas como ELECTRICARIBE S.A E.S.P, han logrado distorsionar la realidad del consumo de energía eléctrica en la Costa Caribe de nuestro país, con más de 2.641 mil usuarios.
Los puntos que pudieron vulnerar, fueron con propósito de obtener mayores ingresos directamente e indirectamente desviar, inescrupulosamente subsidios para disminuir valor facturado de niveles socioeconómicos 1 y 2 de la población, hacia sus arcas en tanto el valor facturado de estos niveles no disminuye por el contrario aumentaron.
La Contraloría General de la Nación divulgó en medios nacionales, la maniobra inescrupulosa verificando en más de 56 millones de facturas, como ELECTRICARIBE había desviado más de 261 mil millones de pesos que tenían como destino disminuir el valor facturado de población vulnerable.
Explicando estos dos hechos, el primero es directamente utilizando la figura “energía dejada de facturar” robustecieron exponencialmente la cartera por consumo de energía, cambiaban medidores sin cumplimiento de procedimiento legales aduciendo fallas en calibración, mediante la utilización de “cuadrillas” como coloquialmente llaman a terceros empresas subcontratistas que hacen verificación en situ del estado de medidores constituyen “falsos positivos” recalculando a expensas del medidor los consumos de las últimas cinco facturas.
El efecto de esta actuación representa abultado volumen de la “pérdida contable” más no de consumo no obedecido a hechos reales sino a manipulación de cifras para justificar el desvío de recursos de subsidio hacia la “presuntas pérdidas” y la utilización de mecanismos electrónicos para soportar esta actitud fraudulenta.
Con todo y esto, los mandatarios en reunión en la ciudad de Barranquilla, con el concurso de congresista de los siete departamentos de la Costa Caribe afectados, lograron, auspiciados por informe de Contraloría General de la República, en junio de 2016 concitar voluntades entorno a cumbre de alcaldes en la ciudad de Ibagué y solicitar al Gobierno Nacional cumplimiento de las funciones misionales de todas las empresas prestadoras de servicios públicos, y pidieron acabar con los ‘abusos’ de Electricaribe a los usuarios. Acompañaron esta iniciativa alcaldes de Montería, Marcos Daniel Pineda García; de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira; de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía; de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa; de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez; de Cartagena, Manuel Duque y de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub
El malestar por actuaciones de Electricaribe propició diálogo en diario de la ciudad de Barranquilla donde asistieron: Eduardo Verano, gobernador del Atlántico. Oneida Pinto, gobernadora La Guajira. Rosa Cotes, gobernadora Magdalena. Francisco Ovalle, gobernador Cesar. Edgar Martínez, gobernador Sucre. Edwin Besaile, gobernador Córdoba. Dumek Turbay, gobernador Bolívar. Ronald Housney, gobernador San Andrés. Fabio Velásquez alcalde de Riohacha. Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta. Augusto Ramírez, alcalde de Valledupar. Manuel Duque, alcalde de Cartagena. Jacob Quessep, alcalde de Sincelejo. Marcos Pineda, alcalde de Montería. Bernardo Bent, alcalde de Providencia.
Dentro de las conclusiones del evento se trazaron buscar consenso de la bancada de la costa caribe, para realizar control político a ministerio de minas y superintendencia de servicios públicos en pro de allanar el camino de intervenir a Electricaribe SA ESP.

¿Cuál es el balance del proceso de intervención?

La frustración que debe tener el Alcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Uhía, uno de los más acuciosos promotores de estos eventos, en tanto en su programa de gobierno señalaba la necesidad de concitar voluntades territoriales para encontrar solución de la actuación de Electricaribe, aún hoy, luego de logros alcanzados, no refleja beneficios el proceso de auditoría que lleva a cabo superintendencia.
La Contraloría General advierte de situaciones catastróficas en futuro cercano por el hecho de que la deuda de Electricaribe al momento de la intervención superaba los 1.8 billones de pesos y que el proceso no ha podido surtir con pago de compromisos en especial con generadores que ascienden a más de 250 mil millones con posibilidad de suspensión de suministro.
¿Qué obstáculos al interior de Electricaribe establecen que la superservicios no ha podido descifrar?; ¿Qué política pública podría diseñarse para normalizar el servicio hacia estándares internacionales?; ¿Por qué no diseñar comisión de altísimo nivel tecnológico que realmente haga diagnóstico integral de lo acontecido con este servicio en la Costa Caribe?; ¿Por qué este fenómeno no es observado en otras zonas del territorio nacional?; ¿Qué particularidades que se desconocen hacen presencia para torcer la realidad del suministro en la Costa Caribe?
No podemos seguir aceptando la afirmación facilista y xenofóbica de ser malos pagadores en la Costa Caribe y por ello ser merecedores de nuestra suerte. En ámbito de la corresponsabilidad ciudadana que puede hacerse para que políticas públicas sean implementadas y cambiar esa radiográfica imagen de comportamiento territorial.

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