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En la cuerda floja Katrizza Morelli por su inoperancia en el SIVA

La investigación que inició la Procuraduría Regional contra el SIVA S.A.S por las presuntas irregularidades encontradas en el contrato celebrado con el Consorcio Sistema Estratégico De Transporte (que a su vez es integrado por las empresas KMA Construcciones SA. y CICON SAS) para la construcción, entre otras obras, del Canal de Panamá, tienen en el ojo del huracán a la gerente del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar – Siva, Katrizza Morelli, pues la obra que ella misma inició durante su anterior administración en el año 2014 no cuenta con los estudios y diseños requeridos para su correcta ejecución.
Con el estudio preliminar el ente de control busca establecer si existen méritos para iniciar una investigación disciplinaria al Siva y por ende a su gerente, por cuenta de las quejas gestadas a raíz del deplorable estado de la obra del canal pluvial, que a pesar de que aún no ha sido terminado y está paralizado, continua en un progresivo deterioro por las aguas lluvias y la aparente mala calidad de los elementos con los que fue construido.
Las quejas que los habitantes aledaños al canal han extendido incluso desde antes que iniciaran las labores de maquina no cesan, pues aunque muchos de ellos denunciaron que el trabajo no era el más indicado, el tiempo ha pasado y el canal se parte a pedazos, continua malogrado y además requiere de una nueva inversión.

¿Por dónde llegó el agua al caño?

El 6 de agosto de 2014, Katrizza Morelli Aroca, como gerente del Siva suscribió un contrato con Menzel Rafael Amín Avendaño, representante legal del Consorcio Sistema Estratégico de Transporte, con el objeto de realizar “la construcción y rehabilitación de la malla vial y espacio público, renovación y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y construcción del colector de aguas lluvias de la avenida Simón Bolívar, entre las glorietas del Terminal y La Ceiba”.
Con una inversión inicial superior a los $29 mil millones de pesos, el convenio también contempla ‘la optimización del canal de aguas lluvias de la calle 44, desde la glorieta del Terminal hasta el río Guatapurí y sus obras complementarias para la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo de la ciudad de Valledupar’.
Aunque este proyecto que comenzó su ejecución el 21 de noviembre de 2014 estaba previsto a realizarse en un plazo de 16 meses con 8 mil millones de pesos del rubro general del convenio, ya han pasado dos años y seis meses y la obra no ha sido terminada.
En junio del año pasado se suspendieron las labores en el canal debido a problemas constructivos y ambientales que se presentaron en la obra, la cual desde ese momento ocasionó estancamiento de las aguas, malos olores y aumento el deterioro de lo que ya se había construido.
La Procuraduría Provincial también especificó que la obra tuvo una adición de 12 mil millones de pesos que hasta hoy hacen que la suma de inversión ascienda a más de $41 mil millones. Los gastos que podría generar el rediseño que generaría una responsabilidad grave tanto para el Siva como para el contratista, también son objeto de investigación por el despacho de la Procuraduría ya que todo ello refleja la mala planeación de la obra.

Mal pensado desde el principio

De acuerdo con el arquitecto y urbanista Carlos García Aragón, la intervención al Canal de Panamá en sí fue un ejercicio mal planeado que se denota en su construcción, sobretodo porque al ser un canal abierto requiere mantenimiento, lo que lo convierte en un recolector de basuras y en un problema sanitario para la gente además de que no cuenta con la capacidad suficiente para captar todas las aguas que allí llegan.
“El sistema de aguas de Valledupar tiene unos colectores transversales para que las aguas no lleguen con tanta fuerza al fondo. Aquí lo que se hizo fue ampliar el fondo en la 44 pero no se hicieron colectores en el norte para cortar el agua de modo que no se inundara la ciudad, entonces las aguas se juntan porque faltan los colectores que hay entre la avenida 21 y la 44. Inicialmente se debió intervenir esos colectores para reducir la cantidad de agua que llega allá porque en la medida en que siga creciendo la ciudad, más se va a inundar y el canal cada vez será más insuficiente”, argumentó García Aragón.
Por otro lado, el ingeniero civil y especialista en patología de la construcción, Alais Rojas Montero, dijo que en uno de los diagnósticos que realizó a la obra para la empresa KMA Construcciones S.A. (integrante del CSET), pudo constatar que la calidad de los concretos corresponde a los diseños hechos para la misma, son de buena calidad y cumple con sus especificaciones, pero no fueron pensados según el tipo de suelo del lugar.
“Debajo de la loza de fondo del canal hay una corriente de agua por lo que es posible que para la elaboración de los diseños no se haya tenido en cuenta el tipo de terreno existente en el lugar. Se puede tener lozas de concreto de excelente calidad pero si se ponen sobre un terreno irregular, es lógico que esa inestabilidad del terreno se va a trasladar hasta el concreto y lo va a hacer fallar”, indicó.

La historia anunciada

El líder comunitario de Amaneceres del Valle, Álvaro Molina, fue una de las primeras personas en expresar su descontento ante la obra, argumentando que la planeación de para la misma no se había hecho adecuadamente por lo que la inversión para el canal se convertiría en un saco roto.
Sin embargo, según el líder la opinión de la comunidad fue ignorada y años después cuando ya se ha perdido la inversión, el Siva no tiene claro que es lo que hará con el canal.
“Ahora no se trata de decir: ‘la embarramos, se perdió la plata, pero vamos a volver a empezar’. Aquí tiene que haber responsabilidades fiscales y penales, y no vamos a permitir que se gasten los recursos públicos desmesuradamente sin que se vean las obras”, dijo Molina.
“En relación al atraso de las obras en el Canal de Panamá, el SIVA ha iniciado una actuación administrativa con la finalidad de determinar y definir el presunto incumplimiento del Constructor del proyecto, Consorcio Sistemas Estratégicos de Transporte CSET, teniendo en cuenta que, según la empresa interventora, hay circunstancias que han originado las mismas, que presuntamente son atribuibles a ellos”, informó Katrizza Morelli a La Calle través de un mensaje vía whatsapp.
Dijo también que en el marco de dicha actuación se escuchará al contratista para que dé sus explicaciones sobre lo sucedido, conforme lo ordena la ley y una vez surtida la diligencia, la entidad definirá si hay lugar a imponer alguna sanción o consecuencia jurídica, en aras de lograr la ejecución total y satisfactoria de las obras en el Canal de Panamá.

La asamblea la sentará en el banquillo

Ante la preocupación de varios miembros de la Duma departamental por el retraso de la obra y el desagüe de dinero en que se ha convertido el cuestionado Canal de Panamá, el próximo 27 de junio la Asamblea del Cesar llevará a debate a la gerente del Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte, SIVA, Katrizza Morelli Aroca, para que explique en qué va este tema.
Según el Corporado proponente Alfredo Pinto, “esa es una obra que esta inconclusa, que la suspendieron y la comunidad está preguntando que va a pasar con la millonaria inversión que se hizo para eso y que hoy no está prestándole ningún beneficio a la ciudad. Por el contrario, está perjudicando a los barrios adyacentes porque cada vez que llueve se desborda hacia las casas”.

Los problemas que le vendrían a Katrizza

Con relación al tema de la Procuraduría, Semanario La Calle trató de conocer la posición de la gerente, que respondió por escrito lo siguiente:
“Es cierto que hemos sido notificados de una indagación preliminar, en la cual colaboraremos con este organismo de control y ejerceremos nuestro derecho de defensa, teniendo en cuenta que tenemos la convicción de no haber incurrido en ninguna conducta disciplinaria sancionable, y así confiamos que será declarado por la autoridad competente”.
La abogada Dayana Zarate Quintero le explicó a este medio que el contratista de la obra CSET, integrado por las empresas KMA Construcciones SA. y CICON SAS, podrían incurrir en el delito de peculado por apropiación mientras que Morellí podría figurar en la misma culpa en calidad de interviniente, toda vez que la demora atañe a quien ejecuta la obra.
“Eventualmente podría incurrir en ese delito, en acusación por negligencia pero a nivel de Contraloría también podría incurrir en un proceso por detrimento patrimonial al erario y luego se entraría a determinar su responsabilidad dentro de un proceso de responsabilidad fiscal que adelante la entidad tanto a ella como al contratista”, expresó la abogada.
Si se llegara a comprobar un peculado por apropiación, Morelli y los responsables estarían sujetos a la penalización que trae el código penal y si se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal estarían obligados a restituir todo el dinero con el que se causó detrimento estatal.

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