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Escándalo en la UPC

‘Favor con favor se paga’ dice el viejo refrán y así al parecer hizo el hoy rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), Enrique Meza Daza, con la representante del Ministerio de Educación en el Consejo Superior Universitario (CSU), Raquel Sorza Ocaña, a quien le habría pagado el voto de su elección como ‘mandamás’ de esta casa de estudios con contratos por más de 300 millones de pesos.

Para empezar a desencadenar esta pita se debe iniciar por la elección de Enrique Meza Daza como rector de la UPC, en septiembre del año pasado, para ese entonces, recibió seis votos a favor de nueve posibles, los otros tres fueron en blanco; de esos seis uno corresponde al Ministerio de Educación, lugar en el que entra Raquel Sorza Ocaña, quien es la delegada ante el CSU y quien fue la encargada de la posesión de Meza Daza el año pasado, sin embargo, el sí de la funcionaria tuvo un aparente pacto antes de, así se pudo comprobar con la entrega de unos contratos por parte de la UPC a Positiva Compañía de Seguros S.A. en la que la madre de Sorza Ocaña, es la representante legal en la sucursal de Valledupar, se trata de la señora Rita Ocaña Martín.
La queja por el aparente conflicto de intereses que existe en esta contratación y los posibles problemas jurídicos por contratar la UPC con familiares de los consejeros, fue elevada por el docente de la facultad de Educación, Edgardo Remicio Díaz, quien hizo uso del recurso de Recusación Ley 1437 de 2011 solicitándole a Raquel Sorza Ocaña, quien además es la presidenta del CSU, “declararse impedida para continuar en el Consejo Superior Universitario y le informe a la Ministra de Educación Nacional para que nombre un nuevo funcionario para que continúe con la delegación.”
Según explicó Remicio Díaz, la mujer está en conflicto de intereses por varias razones las cuales expone de la siguiente manera. “El señor Enrique Alfonso Meza Daza, desconociendo la prohibición contenida en el Artículo 8 numeral 2° literal b, de la Ley 80 de 1993, el cual reza “b. Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante”, en su calidad de representante legal, contrató con la compañía de seguros Positiva S.A. las pólizas de vida grupo y estudiantil, compañía de la cual un familiar suyo – en primer grado de consanguinidad – es representante legal, tal como lo demuestra el certificado de existencia y representación legal que se anexa”, dice el docente.

¿Cuáles son los contratos?

Los contratos a los que el docente Edgardo Remicio hace referencia son los firmados en marzo de 2018, es decir dos meses atrás, cuyo objeto del primero de ellos y que corresponde al número 005, es ‘Adquirir una póliza colectiva de vida que ampare a todos los funcionarios de nivel administrativo y docentes de planta de la Universidad Popular del Cesar, para doscientos treinta y dos (232) funcionarios activos y ciento dieciséis (116) docentes de planta, según listados aportados por la vicerrectoría administrativa de la universidad’ por un valor de ciento ochenta y dos millones cuatrocientos mil pesos ($182.400.000).
El segundo contrato tiene el mismo objeto pero abarca la comunidad estudiantil, según el documento 006 del 14 de marzo, la póliza es para diecinueve mil estudiantes (19.000) por un valor de ciento treinta y ocho millones doscientos cuarenta y cuatro mil pesos, ($138.244.000).
Frente a estos contratos el docente Edgardo Remicio en los hechos de la recusación dice, “es claro el interés que tiene usted y en especial su familiar ya que existe una relación contractual y comercial entre la Universidad y Positiva S.A. compañía – se repite – en la cual un miembro de su familia en primer grado representa legalmente.”
La duda que le acarrea al docente de esta universidad que se atrevió a denunciar el hecho, es que tras la elección de Meza Daza como rector este cambiara de ARL, puesto que la UPC venía trabajando con Colmena y se cambió a Positiva, aseguradora donde la mamá de la funcionaria de la cartera nacional tiene injerencia como representante legal de la sucursal de la capital cesarense.
Sin embargo, para hacer está fechoría al parecer habrían utilizado un tercero, toda vez que en los contratos aparece Mauricio Gaviria Schelesinger, quien funge como representante legal de Positiva Compañía de Seguros S.A.-sucursal Cesar, pero en realidad el cambio repentino de ARL en la UPC al parecer habría sido para beneficiar a Rita Ocaña Martín, madre de la consejera, frente a lo que surgen las dudas de a nombre de quien saldría la comisión de esta contratación y el valor de la misma.

¿Tráfico de influencias y/o conflicto de intereses?

La queja que por supuesto llegó al Ministerio de Educación al parecer no tuvo ningún eco, toda vez que como se mencionó líneas arriba, la delegada de esta cartera en el CSU es la misma persona objeto de queja, por lo que al parecer no solo está violando la ley de contratación, sino que habría conflicto de intereses, por el papel que termina cumpliendo Raquel Sorza Ocaña en el Ministerio. “Lo que ella me responde y lo que posteriormente el Ministerio resuelve a través de una resolución es lo que ella misma escribe, claramente el Ministerio proyectó ambas respuestas, tanto la resolución de fondo como la de tramites de descargos que ella hace. Lo que resulta curioso es que ella siendo la delegada de la Ministra, actúa en representación del Ministerio y ella tramita su respuesta de la recusación ante un superior y la propia Ministra resuelve una recusación contra ella misma, y eso es algo ilógico, que no procede” explicó Edgardo Remicio.
La resolución a la que se refiere Remicio Díaz es la emitida por el Ministerio de Educación Nacional el pasado 16 de mayo, en la que resuelve ‘Declarar infundada la recusación planteada por el señor Edgardo José Remicio Díaz, en contra de la funcionaria del Ministerio de Educación Nacional Raquel Sorza Ocaña, por las razones expuestas en la parte considerativa’, es decir que esta cartera encontró carente de fundamento la queja interpuesta, aun cuando el docente envió pruebas de la situación.
“Ellos dicen que la funcionaria no tiene que ver con la contratación de la universidad, que el rector es quien la maneja, no ella, siendo que ella votó por el rector y le dieron la contratación a su mamá, favor con favor se paga. Ahí está claramente la línea del nuevo rector, que lo que busca es simplemente un amangualamiento con los consejeros dándole contratos y desde el propio ministerio están siendo permisivos con esto”, expresó Remicio Díaz.
Al final del cuento la contratación por la que hoy la consejera del Ministerio de Educación está en ‘el ojo del huracán’ sigue su rumbo y Sorza Ocaña como la delegada de esta cartera, “ella respondió en el último consejo superior, estos se hacen una vez al mes, en mayo todavía no han convocado, pero según la respuesta del Ministerio nos indica que ella no está inhabilitada por tal supongo que vendrá a sesionar en el próximo consejo”, dijo el docente.
La Calle intentó entablar comunicación con el rector Enrique Meza, pero al contestar la llamada este manifestó estar en una reunión y no poder atender la entrevista.

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