martes , diciembre 11 2018
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Gobernación del Cesar, embargada hasta la sombra

Por increíble de creer que parezca, algunas EPS e IPS que han sido fuertemente cuestionadas por el pésimo servicio que brindan en el Cesar, han emprendido procesos jurídicos en contra de la Gobernación del Cesar, lo que ha culminado en la debitación o congelación de más de 21 mil millones de pesos de recursos propios del departamento. Mientras eso pasa, la parte jurídica de la Gobernación, al parecer, está de lujo, pues ni la misma jefa de la Oficina conoce a cuánto a asciende el número ni el monto de los recursos que destina el gobierno departamental para el pago de abogados.

 

La verdad vio la luz, lo que se escuchaba entre pasillos terminó siendo cierto, la Gobernación del Cesar tiene cerca de 15 procesos con medidas cautelares que le han impedido el manejo de recursos propios del departamento porque las cuentas terminan embargadas o en el peor de los casos le debitan los recursos.

Este hecho se conoció en la Asamblea del Cesar después de que el diputado Omar Benjumea propusiera un debate de control político a la Oficina Jurídica de la Gobernación del Cesar, que es la que debe responder en los estrados judiciales y evitar que la plata de los cesarenses se fugue, como ha venido ocurriendo hace algunos años.

Lo peor del caso es que todos estos procesos que tienen embargadas las cuentas del departamento obedecen a procesos que algunas EPS e IPS han interpuesto y en la que les están cobrando recursos por la expedición de facturas, entrega de medicamentos y demás servicios propios de salud a los ciudadanos. Lo paradójico de la situación es que algunas de estas EPS e IPS son fuertemente cuestionadas por el pésimo servicio que brindan.

La responsable de asistir a la Duma a poner la cara en nombre de la administración departamental fue Ana Leidys Van- Strahlen Peinado, jefe de la Oficina Jurídica, quien no tuvo más remedio que revelar la verdad, y esa no es otra que son más de 21 mil millones de pesos los que se han perdido hasta este momento (21,850,610,437,25 cifra exacta de recursos debitados o embargados de las cuentas de la Gobernación del Cesar por los procesos de embargo).

“Se han decretado medidas cautelares del embargo y retención de sumas de dinero depositadas en las entidades bancarias, dentro de procesos promovidas por las EPS y las IPS en contra del departamento, en donde se cobran facturas por servicios, medicamentos, tecnologías o procedimientos prestados a la población pobre”, respondió Van- Strahlen Peinado, en la Duma departamental.

Pero pese a que, hasta ahora, se dio a conocer con claridad esta realidad, la verdad es que este no es un tema nuevo puesto que los embargos vienen desde hace un año puesto que en diciembre del 2017 se decretó una confiscación por 10 mil millones de pesos por orden del Juzgado Quinto Civil del Circuito, el cual fue promovido por la Clínica Médicos Ltda, entidad que además que ha sido blanco de fuertes cuestionamientos por el servicio que brinda en este momento le adeuda cerca de seis meses a sus empleados.

Cinco meses después, un nuevo raponazo les dieron a las cuentas del Cesar, en mayo de este año otros 7 mil 300 millones de pesos fueron debatidos de una de las cuentas del departamento para la EPS Asmet Salud, el cual fue ordenado por el mismo juzgado.

 

¿Quiénes están tras los procesos?

Otro dato de suma importancia que tiene que conocer el departamento es que son en total 11 los acreedores que están en proceso de llegar a acuerdos con la administración de Franco Ovalle para parar los procesos y no afectar las finanzas del Cesar, puesto que lo dicho por la misma Jefe de la Oficina Jurídica, no hay una sola dependencia que no se haya visto afectada con esta problemática.

En ese sentido, los 11 acreedores que son EPS e IPS están divididos en dos grupos, el primero de ellos está conformado por las siguientes entiendas: Clínica de la Costa, Clínica Sinais Vitais, Domedical, Amedi y la Sociedad Unidad Integral de Salud. En el grupo dos están: Sociedad de Oncología y Hematología, Universo de Soluciones, Fundación Ecológica Marfi, Clínica Buenos Aires, Coledica Dispensario y Dusakawi.

Otros con quienes la administración ya logró un acuerdo fue la Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar, a quien se le pagó algo más de dos mil millones de pesos, también se llegó a un acuerdo con Servifarma del Caribe por cerca de mil 500 millones de pesos.

 

En la Duma les dieron fuete a los abogados

Desorden y poca planeación sería los motivos por los cuales la administración departamental viene perdiendo estos procesos que le afectan fuertemente las finanzas al departamento, más aún porque los rubros congelados corresponden a recursos propios, por ello diputados como Jorge ‘Popo’ Barros y Eduardo Santos, cuestionaron el papel que vienen desempeñando los abogados que trabajan para dicha dependencia.

Por su parte el diputado Omar Benjumea, quien fue el citante al debate, entregó las conclusiones del mismo, aseveró que se requiere una respuesta más rápida a las demandas, adquirir un software que en realidad cumpla la función de organizar el tema de facturación puesto que el que se adquirió no ha servido como se esperaba, además que se debe contratar más personal que haga las auditorías a las facturaciones que los centros médicos pasan.

“Al gobernador hay que decirle la verdad, esta plata está en entredicho, los más seguro es que se pierda, a mí me dijeron que se tomaron unas medidas y se comenzaron a cambiar la gente en la Oficina Jurídica, al primer abogado que perdió la primera plata con Servifarma lo sacaron, luego vino otra abogada y también la sacaron y ahora todo el mundo le echa la culpa a la doctora Sandra Castro que no tiene culpa de lo que está sucediendo porque la Oficina Jurídica sino tiene el insumo de la auditoria médica no tiene como defenderse”, indicó el diputado Benjumea.

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