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Gobernador del Cesar estaría moviendo sus influencias para que la URT les devuelva predios a sus primos

Un tira que jala hay alrededor de una pelea entre la Unidad de Restitución de Tierras, con los propietarios de la finca ‘Doña Tomasa’ en el corregimiento Los Brasiles en el municipio de San Diego, donde al parecer los hijos del antiguo dueño estarían moviendo sus influencias para que dicho predio que fue comprado por el señor Ildemaro Mendoza, hace más de diez años, sea incluido en la ley de restitución que devuelve las tierras a sus antiguos dueños por haber sido despojados por grupos al margen de la ley o por presión de estos.
Así lo dio a conocer el mismo Serrano, quien en compañía de sus tres hijos que aparecen como propietarios de esta finca, explicaron lo que ha rodeado este caso, donde al parecer los primos del Gobernador Francisco Ovalle, han vociferado a viva voz, que las cartas están echadas.
“Vengo siendo atropellado por la Unidad de Restitución de Tierras, por los herederos del señor Ovidio Ovalle, a quien el señor Gustavo Gómez le compró unas tierras en el 2004, ese mismo año el señor Gustavo Gómez me vendió a mí, yo puse la finca a nombre de mis tres hijos, ahora los herederos del señor Ovidio, están reclamando por restitución de tierras la finca Doña Tomasa, antiguamente conocida como Los Guayacanes, yo la compré en montaña y la organicé”, manifestó el representante legal del predio, Ildemaro Mendoza.
Quien también denunció que además de estar en medio de un proceso que lo quiere dejar sin tierras, se le han vulnerado sus derechos como víctima del conflicto armado, toda vez que para el año 2000 fue considerado objetivo militar. “Esto es una injusticia, yo he sido atropellado por los grupos al margen de la ley, soy desplazado con mi familia, en el año 2000 me robaron un ganado, a los 15 días sufrí un intento de secuestro en el cementerio del municipio de La Paz”.
Pero para no desviar el asunto y volviendo al eje central, uno de los propietarios de Doña Tomasa, manifestó que este proceso llega a sus oídos por fuertes rumores donde al parecer los herederos del señor Ovidio Ovalle, han dicho que la primera finca que hará parte del proceso de restitución en el corregimiento de Los Brasiles será la de ellos. “Nosotros nos enteramos de este proceso hace alrededor de dos años, porque ellos supuestamente, no me consta, comenzaron hacer alarde en San Diego y en La Paz, donde tomaban, el señor José Luis y Hernán Ovalle Poveda, decían que dentro de un año le iban a entregar las tierras”, afirmó Pedro Mendoza uno de los actuales dueños del predio en disputa.
“Nosotros llegamos hoy aquí preocupados porque el señor José Luis en medio de sus tragos, dice que su primo es Gobernador, que ya su primo mandó razones a la Unidad y que por eso está funcionando, cosa que no podemos probar, nosotros no creemos eso del Gobernador, pero caras vemos, corazones nos sabemos”, afirmó uno de los propietarios de Doña Tomasa.
Frente a esto la Unidad, dijo que sea o no sea familia, los lazos sanguíneos o influencias familiares no hacen parte del tratamiento de información que se da en estos casos. “Nos llama poderosamente la atención el parentesco que puedan tener con el gobernador del Cesar, si son cercanos o tienen influencias en la casa departamental no tengo ni idea, eso nunca hizo parte del procedimiento, la entidad le dio el mismo tratamiento a este caso como a todos”, afirmó el director de la Unidad de Restitución de Tierras en el Cesar y la Guajira, Jorge Chávez.

Los movimientos alrededor de la Ley

Pero lo que hasta hace unos años era solo rumores, empezó a cobrar fuerza al inicio de este año, luego que finalizando el 2016, empezaran a rodar los papeles alrededor de esta situación. “Nunca en ese proceso, habíamos recibido una notificación hasta el año pasado, hace unos seis meses que recibimos las notificaciones por parte de la Unidad de Restitución de Tierras. Los jurídicos siempre dijeron que porque iban a incluir esta tierra si fue una compra de buena fe, incluso en los avalúos el señor Gustavo Gómez que fue quien le vendió a mi papá, compró la hectárea a millón 700 mil pesos, cuando habían otros ganaderos que estaban detrás de esa tierra que vendían a millón 500 ”, dijo Mendoza.
Según dio a conocer una fuente interna en este proceso, la Unidad ha venido violando el debido proceso, dándoles el lado a los demandantes. “Restitución de tierras incluye en su parte administrativa, vinculan el predio, notifican y fueron a la finca. Al colocar en la finca el documento me lo hacen llegar y me dirijo a Restitución, hice mis descargos y solicité unas pruebas, las cuales no se tuvieron en cuenta ni se practicaron”.
“A raíz de que se violó el debido proceso se violó el derecho a la defensa, porque si no se recaudan las pruebas se está violando el derecho a la defensa; por lo que se presentó una acción de tutela, las cuales han fallado en primera instancia por un juez de la restitución a nuestro favor”, agregó.
Sin embargo la familia afectada, asevera que dicha tutela fue echada para atrás por un magistrado que desconocía por completo el caso, lo que ven como parte del objetivo de los demandantes, como si al final las palabras dichas por los Ovalle se hicieran realidad. “La unidad administrativa impugna la tutela, por error la impugnación la remitieron al Tribunal Superior, quien nunca debió de conocerlo porque esa tutela en segunda instancia tendría que haber ido al tribunal de Restitución de Tierras, que es el que funciona en Cartagena, el Tribunal como no conoce el tema revoca la tutela, se pidió una revisión extraordinaria ante la Defensoría del Pueblo porque es la única forma de revisar un fallo de tutela.”
“Restitución fue juez y parte, ellos nada más tuvieron en cuenta las pruebas que presentaron quienes están reclamando las tierras, en ningún momento se tomó el trabajo de mirar las pruebas y la declaración del opositor, es tanta la irregularidad que hace Restitución, que al momento de presentar la demanda, incurre en un error al juzgado, nada más presenta la demanda contra uno de los propietarios del predio, y este tiene tres”, afirmó la fuente interna.

¿De qué se vale la URT?

Para que la Unidad de Restitución de Tierras incluya un predio para ser devuelto a alguna víctima del conflicto armado, debe soportar con unas bases el por qué, sin embargo en este caso, los afectados aseveran que los argumentos son fallidos, toda vez que no hacen parte de la realidad. “Según entiendo es que supuestamente el señor Ovidio vendió bajo presión de los grupos al margen de la Ley, dicen ellos, aclaro que puede dar testimonio el señor Armando Calderón que fue su administrador en ese entonces, en esa finca en el año 2001 ellos fueron víctimas de la violencia, pero él nunca dejó de ir a su finca, él resuelve vender su finca en el 2004, cuando los eventos pasaron”, explicó Pedro Mendoza.
Quien además manifestó que quien incluyó el caso fue el anterior director de la Unidad, pero en la actualidad va andando al parecer con el fin que expusieron los hijos del señor Ovalle, “se presume que hay beneficios por las relaciones políticas, personales y gubernamentales porque supuestamente ellos mismos se han alardeado en todas partes donde llegan a decir que nos van a quitar las tierras”.
Aseveración controvertida por el director de la URT para el Cesar y la Guajira, quien explicó hasta donde llega la función de la Unidad. “Es un caso que yo no puedo decir si va a ser restituido o no, porque es la unidad quien estudia el caso para presentar la demanda, pero quien decide es el juez; lo que encontramos es un caso que consideramos importante poner a disposición del juez, en eso estamos, el juez lo está estudiando”, agregó.

¿Qué más dice la URT?

“Nos causa curiosidad que afirmen que se enteraron después de mucho tiempo, porque la solicitud la presentaron en marzo del 2014, nosotros iniciamos el estudio del caso ese mismo año y practicamos la diligencia que practicamos en todos los casos que es ir al predio que nos están reclamando, es inmueble y dejar una comunicación y decir mire este predio está siendo reclamado ante la unidad, por favor cuéntenos su versión de cómo lo adquirió”, explicó el director de Restitución de Tierras para el Cesar y la Guajira, Jorge Chávez.
“Es así como la interviniente viene a la Unidad por primera vez en noviembre de 2014, nos cuenta la historia de cómo adquirió y nos entrega una serie de pruebas, todos esos documentos los valoramos para adoptar la decisión”, agregó.
Además de esto, Chávez aseveró que del lado de la persona reclamante se han logado corroborar una serie de pruebas, donde se deja claridad que el anterior dueño fue víctima del conflicto armado. “Lo que el reclamante nos manifestó lo pudimos verificar también con las bases institucionales del Estado, una persona víctima del conflicto armado interno, que sufrió inicialmente extorsiones por las AUC en el año 2000, en el año 2002 fue víctima de abigeato, meses después le sacrifican el ganado que quedaba y le asesinan un trabajador del predio, información que se pudo corroborar a través de entidades anteriores a la creación de la Unidad”.
Por último, el opositor del caso, Pedro, fue enfático en decir que hace responsable a los hermanos Ovalle por cualquier altercado de salud que pueda presentar, ya que desde años atrás sufre problemas de hipertensión. “Debido a todo este proceso, y que este es el sustento de mi papá, y que es una persona que se encuentra delicado de salud por su problema de hipertensión, yo los responsabilizo a ellos directamente si a mi papá en su salud le llegase acontecer algo”.

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