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Implicaciones de la fiebre aftosa en el Cesar

La importancia del sector pecuario en la economía Nacional se manifiesta, principalmente, en la cantidad de empleos generados a lo largo de la cadena productiva, que inicia con los cultivos necesarios para alimentar a bovinos, bufalinos, porcinos, ovinos y caprinos y termina cuando el consumidor lleva a la mesa los diferentes productos lácteos y cárnicos ofrecidos en todo el territorio Nacional.

A lo largo de esa cadena, se identifica una amplia variedad de bienes y servicios que sostienen la dinámica de salarios, utilidades empresariales, impuestos, tasas, compra venta de inmuebles, vehículos de carga y maquinaria, los cuales son asunto de especial interés para la institucionalidad pública y para los gobiernos territoriales. Para asegurar el crecimiento de la cadena productiva y fortalecer las dinámicas existentes en cada eslabón, ha sido necesario ir identificando los puntos vulnerables y emprender acciones correctivas en el inmediato plazo, en una acción conjunta entre el Estado, los gremios y los productores.

Las implicaciones devastadoras de la fiebre aftosa en el desarrollo agropecuario nacional, motivaron un amplio movimiento para desterrarla. En 1997 se expidió la ley 395, donde se declaró “De interés social nacional y prioridad sanitaria su erradicación”, lográndose el fortalecimiento del sistema institucional especializado y de los instrumentos de control sanitario. Producto de esta decisión se alcanzó, en 2009, la certificación de la Organización Mundial de Sanidad Animal donde se reconoce a Colombia como país libre de aftosa.

En el año 2015, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1071 donde otorga facultades al ICA para declarar el estado de emergencia sanitaria, cuando un problema sanitario amenace severamente la salud animal o la sanidad vegetal, y para establecer las medidas de control sanitario necesarias para atender la emergencia.

Con la expedición de la Resolución 34138 de octubre de 2018, el ICA estableció una cuarentena en los municipios de San Diego, La Paz y Agustín Codazzi por un brote de fiebre aftosa encontrado en una finca cercana a la vía nacional que conecta estos territorios. El conjunto de medidas que acompaña la cuarentena limita también la operación de la planta de beneficio animal localizada en Codazzi y cierra el paso a la libre operación de la cadena de lácteos y cárnicos.

Aunque es reducida la posibilidad de que la enfermedad se extienda a todo el departamento y se configure una crisis agropecuaria, este evento golpeará a productores locales, que según el ICA, ya habían vacunado a sus animales, a los transportistas, almacenes veterinarios, almacenes de insumos, ventas de ACPM y gasolina, jornaleros, profesionales, empleados de la planta de sacrificio y todos los integrantes directos e indirectos de la cadena de valor.

El hato vacuno en San Diego, La Paz y Codazzi suma unas 176.000 cabezas, de las cuales, 59.000 son hembras mayores de 3 años, potenciales productoras de leche.

Se toma entonces la decisión de fusilar 551 reses infestadas, entre las cuales hay ganado fino, seleccionado, que vale mucho más del millón de pesos con lo que el Gobierno Nacional compensará a los propietarios por cada animal. La cuarentena en una zona de tránsito nacional presenta muchos inconvenientes, la mayoría, generados por la incompetencia de las autoridades encargadas del control fitosanitario.

Según la Federación de Ganaderos – Fedegán, los controles de contrabando de animales en pie y de carne bovina procedente de Venezuela son insuficientes y han permitido un tráfico diario y multimillonario, producto de la corrupción en departamentos de frontera con ese país, donde hay presencia de bandas criminales con organización y armamento militar.

No basta con expresiones y promesas políticas. Las autoridades municipales y departamentales deben hacer la tarea de trabajar con la policía fiscal y aduanera y recurrir al ejército, si es necesario, para impedir la epidemia que exterminaría en pocos días nuestro hato bovino que sobrepasa 1,3 millones de cabezas, cifra que no incluye los búfalos, cerdos, cabras y ovejas que también caerían como producto de la incompetencia institucional.

Si los funcionarios del ICA e Invima no son los idóneos por competencia laboral o por ser parte de la cadena negligente o con asomos de corrupción, hay que liberar sus vínculos con la institucionalidad para que vayan a hacer de las suyas en otro lado. En el Cesar el falso discurso en contra de los bandidos, siendo bandido, debe terminar. Cada vez que se participa como financiador en los carteles de la gasolina, del contrabando y de la extorsión, están atentando contra el patrimonio de todos, hasta del suyo propio, aunque no lo parezca.

José Luis Urón, presidente Cámara de Comercio de Valledupar.

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