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La mafia detrás de los despidos en la UPC

En declive ha venido durante los últimos años la Universidad Popular del Cesar (UPC), el claustro educativo que debería ser de las mejores casas de estudios del país, en la actualidad pinta más como una universidad semipública, que pública, esto a raíz que en la categoría de calidad avalada por el Ministerio de Educación dicha universidad está con menor índice junto con la de La Guajira y la del Pacifico; lo que representa que por estudiante no reciban un monto significativo en recursos económicos, lo que genera la afectación del bolsillo de la comunidad estudiantil que termina pagando alrededor de ochocientos mil pesos por semestre, en vez de cancelar el 20% de ese total.

Según se conoció la UPC recibe del Ministerio de Educación alrededor de millón 800 mil pesos por estudiante, mientras que la Universidad Nacional de Colombia recibe alrededor de casi 12 millones por estudiante. Otro de los puntos a favor de la Nacional es el límite que maneja para la admisión de estudiantes, política que no maneja la UPC, toda vez que por ser de la clase pobre debe recibir a todo el personal que se quiera inscribir.

 

Un secreto a voces

Pero que en la UPC la calidad educativa venga capa caída tiene un por qué más claro que el agua, la administración de sus últimos rectores en los últimos 15 años, quienes han hecho parte del despido injustificado de personal para terminar pagando unas demandas de cientos de millones de pesos que salen de la cartera universitaria, entre esos y de los más cuestionados al parecer el exrector Raúl Maya, a quien le indilgaron en alguna oportunidad haber despedido cerca de 40 funcionarios en su periodo administrativo, el cual duró solo un año.

“La universidad ha tenido un detrimento patrimonial por culpa de las demandas administrativas, que consisten en que las personas son mal despedidas violando la ley, luego ellos demandan y resulta que la autoridad competente termina dándole la razón al trabajador, lo que significa que la universidad tiene que engancharlo nuevamente en el mismo cargo o en uno mejor (nunca en uno inferior), indemnizarlo por los perjuicios causados más el pago de los meses salariales que dejó de percibir el empleado expulsado temporalmente”, explicó una fuente fidedigna que conoce al dedillo esta situación.

Pero el detrimento patrimonial para la universidad inicia con el despido y nunca termina por la sencilla razón que el deber ser dice que los recursos perdidos deberían recuperarse a través del funcionario que efectuó el despido a través de una demanda de acción de repetición, sin embargo, esto nunca se da. “Vendría la demanda de repetición contra el funcionario que lo hizo y eso nunca se hace porque la plata que pagó la universidad por indemnización debería recuperarse a través del funcionario que ejecutó mal la orden de la ley… o sea el que destituyó o separó al funcionario, sin embargo, nunca se hace”, expresó la fuente.

Sin embargo, en este caso cabe resaltar que actualmente en el Consejo de Estado cursa una demanda en contra de varios exrectores de la UPC, la cual cursa desde el 04 de octubre del año 2016, por parte de la Universidad Popular del Cesar, por una acción de repetición que se lleva por los cachos al actual rector, Enrique Meza, quien estuvo en este cargo años atrás por un periodo de cinco meses.

La demanda dice así “medio de control de repetición en contra de los señores José Guillermo Botero, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Castrillo Guerra, Raúl Enrique Maya Pabón, todos en calidad de exrectores de distintos periodos de la Universidad Popular Del Cesar, para que se declare la responsabilidad patrimonial con ocasión a su conducta dolosa y/o gravemente culposa que dio lugar al reconocimiento indemnizatorio a favor del señor José Armel González Roa.”

Según se conoció este proceso es llevado por el magistrado del Consejo de Estado Jaime Orlando Santofimio Gamboa y está amparado Ley 1437. Desde el pasado 26 de enero el estado que presenta este caso es ‘Al despacho’, es decir que el expediente está en el escritorio de la persona que lo despacha, muy posiblemente con un escrito presentado por alguna de las partes o peritos.

 

¿Cuánto ha perdido la universidad?

Conocer la cifra exacta de los recursos que ha tenido que pagar la universidad Popular en demandas por despidos injustificados no fue posible, sin embargo, se habla de varios casos donde los ceros han estado a la orden del día. “Hay personas que se les ha pagado, seiscientos, cuatrocientos y hasta mil millones de pesos y no ha pasado nada”, expresó la fuente.

Pero volviendo al caso inicial de la calidad educativa de la que carece la UPC, los recursos que se han invertido en demandas tiene mucho que ver o hace parte de alguna manera del génesis de esta historia, toda vez que dichos casos se han pagado con recursos propios que pudieron haber sido destinados a favor de la comunidad estudiantil. “Se pagan con los recursos propios que deberían servir para el mejoramiento académico que es pago de docentes, mejoramiento de salud de Ips, recreación y para la infraestructura, utilizan esos recursos para indemnización de un particular pudiendo utilizarse para  el mejoramiento de la calidad de la educación invirtiendo más en cualificación docente”, dijo la fuente.

La Calle dialogó con el vicerrector administrativo de la administración de Jesualdo Hernández, Wilfrido Godoy, quien afirmó que para ese entonces encontraron la UPC con demandas a tutiplén las cuales le costaron a esta casa de estudios casi diez mil millones de pesos. “En el periodo del 2011 al 2015 cuando estuvo el rector Jesualdo Hernández, nos tocó una situación muy singular, tuvimos que buscar dinero a como diera lugar para hacer el pago y pagamos alrededor de nueve mil y pico millones de pesos porque eso ya no daba más espera, porque eran unas demandas que venían de años anteriores y la universidad se venía perjudicando porque eso le venía causando muchos más intereses, entonces buscamos unos dineros a través del Ministerio y de otras partes para pagar todo eso, dineros que hubieran sido de muy buen provecho para la academia” aseveró Godoy.

 

¿Es una mafia?

Pese a que se dice que el asunto inició por diferencias donde los administradores de turno hacían uso del despido por considerar que x o y funcionario le era desleal, al parecer hubo otros casos donde el negocio se volvió redondo y se prescindió del servició de personas que fueron despedidas y en menos de lo que canta un gallo ya estaban devueltas al cargo y con las cuentas bancarias llenas de cero.

“Generalmente se dice que era lo que se hacía, y es que si la demanda salía por 600 millones no la demoraban sino que concertaban algo como que ‘no te pago en un año sino mañana, pero de eso me das tanto y de devuelvo al cargo’ eso es una mafia”, dijo a La Calle la fuente fidedigna.

 

Los estudiantes opinaron:

“Por parte del Ministerio de Educación que es el que se encarga de calificar a las universidades recibimos una de las peores calificaciones que nos tiene ranqueada dentro de las 32 universidades públicas del país como la número 31, haciendo que sea una de las peores en calidad educativa del país, afectando además del envío de los recursos, en la calidad de los profesionales que egresen de la misma se ven cuestionadas por las entidades públicos o privadas que pretendan vincularlo en su  planta de personal o por los proyectos que de manera independiente los profesionales pretendan emprender” aseveró Luis Fernando Padilla, estudiante de Derecho.

“Lo que siempre se ve en la universidad es que la inversión no es para temas de investigación, invierten un poco en infraestructura pero la carrera administrativa que es la que nosotros como estudiantes de sociología necesitamos, no la hay, por ejemplo si vamos a hacer una carrera de campo debemos hacerlo con recursos propios, entre otras cosas, llevamos tres años pidiendo el comedor estudiantil y no lo han hecho”, expresó Duán Mejía, estudiante de Sociología.

“La calidad educativa de la universidad en promedio no es muy buena, como en todo hay falencias, disponibilidad de laboratorios de mejores horarios de clases, de instalaciones estamos bien pero por el lado de laboratorios estamos mal, hay unos nuevos pero no están en uso totalmente”, dijo Jefferson Granados, estudiante de Ingeniería Ambiental.

“La calidad educativa ha ido mejorando y va a seguir mejorando porque los estudiantes están colocando de su parte y están guiando a los alumnos para que esta sea mejor. Todo está bien adecuado para la formación educativa, como todo debe faltar algo porque hay falencias pero poco a poco irá mejorando”, manifestó Jhon Castillo, estudiante de Sociología.

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