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Los habitantes del barrio Campo Florido reclaman sus viviendas

La mañana del 23 de noviembre, funcionarios de la Secretaría de Gobierno Municipal, en coordinación con unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, efectuó por orden judicial el procedimiento de desalojo a más 120 familias asentadas en el barrio subnormal Campo Florido, noroccidente de Valledupar.
En respuesta a ello, los habitantes del barrio se tomaron las instalaciones de la Alcaldía Municipal con el fin de recibir explicaciones de la destrucción de sus viviendas. El desalojo y la demolición de las 6 manzanas que comprendían el barrio; el cual se encontraba en un terreno privado y fue ocupado ilegalmente por 120 familias que tenían construidas viviendas en cemento y tablas.
“Me siento nuevamente desplazada y esta vez por el Estado, nos encontramos hoy en las instalaciones de la Alcaldía porque el lema de este alcalde es ‘la familia es lo primero’ y nuestra familia no fue lo primero, porque nosotros teníamos nuestras casa y él no las destruyó en compañía de la secretaria de Gobierno. Estamos durmiendo en el comedor de los ancianos del barrio y también nos mandaron la Policía para allá”, expresó víctima del desalojo.
Más de 300 personas se encuentran durmiendo en las instalaciones del comedor del barrio vecino. Algunas viviendas tenían un valor de 60 millones de pesos e incluso algunos ya era propietarios de sus lotes, los cuales los habían comprado a la poseedora de las tierras.
“Tengo los documentos de instrumentos públicos en mis manos que certifican que compre este terreno para realizar mi casa y hoy después de cinco años el gobiernos me la destruye en mi cara y luego no me responde por nada”, afirmó Omaris Ester Ballesta, habitante del barrio.
Henry Coronel Gallardo, delegado de la Alcaldía Municipal, explicó, “el procedimiento se dio en cumplimiento de un fallo judicial proferido por jurisprudencia judicial que ordenó la devolución de los predios a la propietaria Ana Maura Lizcano. Se cumplió con el protocolo de notificación y aunque no estaba establecido en la sentencia, la dueña de los terrenos les otorgó un subsidio de arriendo para que se pudieran desplazar a otros terrenos”, explicó Henry Coronel Gallardo, delegado de la Alcaldía Municipal.
Las autoridades del municipio, afirman que en alrededor de la ciudad existen más de 5.000 mil familias habitando en terrenos ilegalmente, asentados en espacios distintos sobre toda el área metropolitana; lo cual, lanza una taza de 32 barrios subnormales y algunos de estos serán beneficiarios de la reubicación de casa de interés social.

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