Sábado , diciembre 16 2017
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Luis-Felipe-Maestre

POLÍTICA Y CORRUPCIÓN

En nuestro estado social de derecho con democracia pluralista y participativa, el pueblo es el dueño o titular del poder político, ese poder se direcciona legalmente a través del voto que no es otra cosa que el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las personas que autoriza elegir y ser elegidos. En búsqueda de ese poder organizado por el Estado como máxima organización política y de poder a nivel institucional, confluyen muchas ideologías en diferentes áreas del conocimiento que puede ser histórico, político, económico, social o cultural; cuando esas ideologías son sometidas a la publicidad y controversia y finalmente obtienen el respaldo del pueblo, sus exponentes (generalmente los políticos) acceden a un poder legítimo, para el ejercicio del mismo deben someterse a los parámetros de la Constitución y la ley, si el gobernante se sale de esos parámetros legales, su mandato se convierte en el principal problema social que afecta al país, que precisamente es la corrupción, seguido del conflicto armado, narcotráfico, desempleo y la delincuencia.

Nuestro país ha encontrado un terreno propicio para este amargo y corrosivo fenómeno, la corrupción son los actos de quienes estando revestidos de autoridad, la utilizan para fines diversos a los establecidos en la Constitución y la ley.

Muchos analistas y estadistas han dedicado extensas obras a este tema y la conclusión inequívoca es que el flagelo de la corrupción junto con el narcotráfico y el conflicto armado han sido los causantes de los mayores descalabros económicos, políticos y sociales del país; de modo que es indudablemente la corrupción una de las mayores y peores plagas que afectan los gobiernos, las democracias y la sociedad contemporánea.

Los actos de los corruptos contravienen las disposiciones legales y normativas, de tal manera la corrupción equivale a destruir los cimientos morales de los seres humanos.

Cada día sorprende más, pero no extrañan las denuncias por mal manejo del patrimonio público que es el patrimonio del pueblo, constituido por los bienes de uso público como las calles, las plazas, los puentes, ríos, playas etc; y bienes fiscales, ya sean bienes fiscales comunes dedicados a la prestación de un servicio público como las instalaciones donde funcionan los hospitales públicos, universidades estatales, cuarteles militares entre otros; los bienes estrictamente fiscales que son los dineros que están a disposición de las diferentes tesorerías para ser incorporados al presupuesto Nacional a fin de atender los gastos de funcionamiento del mismo Estado e inversión social y finalmente los bienes fiscales adjudicables que junto con el patrimonio arqueológicos y cultural del país, deben ser manejados administrativamente en el ejercicio de la función pública con el cuidado y decoro de un buen padre de familia hacia sus hijos; sin embargo cuando esas denuncias parecieran caer en sacos rotos porque la justicia no responde, también hay corrupción, porque la acción de la ley no debe dejar espacio a la impunidad.

La corrupción es consustancial especialmente con el abuso del poder y enriquecimiento ilícito; son varias las instituciones estatales y locales que han colaborado con el crecimiento de este mal endémico.

Ni aun los múltiples mecanismos de control fiscal, disciplinario y penal han logrado proteger efectivamente el orden social y ético en la organización y funcionamiento Estatal.

Hay que preservar la moralidad en el ejercicio de la función pública para superar las condiciones de inequidad y marginalidad en que se desenvuelven algunos sectores sociales a causa de esta endemia pública.

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