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Politiquería interna de la UPC es demandada ante el Consejo de Estado

Después de las múltiples denuncias que recibió el proceso electoral de la Universidad Popular del Cesar UPC en el presente año, salió a relucir lo que es la parafernalia interna que desde tiempo atrás y en diferentes procesos de esta índole se ha vivido en esta casa de estudios.

Cansados de callar tanta arbitrariedad y aceptar el monte y desmonte en la institución y sin pensarlo dos veces el docente William Lasso, quien hace parte de esta universidad, se atrevió a realizar la denuncia oficial ante el Consejo de Estado Nacional, donde en las elecciones estamentarias para designar el rector UPC efectuadas el pasado 6 de Junio Carlos Emiliano Oñate Gómez resultó elegido para ocupar el principal cargo de dicha institución.

El hecho denunciado por William Yesid Lasso, se puntualiza en la solicitud de la nulidad del acuerdo No. 017 del 02 de Julio de 2015 proferido por el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar; con la cual, se designó como rector de este ente educativo a Oñate Gómez por un período de 4 años, período 2015-2019, así como también la nulidad del acta de posesión de éste dada el 7 de Julio.

Los hechos

Con una serie de hechos fundamentados en el reglamento interno de la universidad y los cuales desencadenan una serie de situaciones irregulares que se presentan en el alma mater; Lasso presentó la denuncia de esta elección la cual fue basada en la politiquería interna que desde tiempo atrás se maneja en esta institución, la cual va de la mano de la politiquería externa donde el manejo de cargos y puestos dentro de la misma son la base para que los del altos mandos hagan de las suyas.

Uno de los sucesos puntualizados en dicha denuncia es el acuerdo 004 del 20 de Marzo del 2015, donde el Consejo Superior Universitario expidió el calendario electoral y mediante Resolución No. 717 de 25 de Marzo de 2015 la Universidad Popular del Cesar convocó a proceso de consulta a fin de escoger los nombres de los candidatos a rector de ese centro de estudios, que se pondrían a consideración del Consejo Superior para su correspondiente designación.

“En mi denuncia ante ustedes honorable Consejo de Estado considero que el señor Oñate Gómez no alcanzó el número de votos de que dispone el reglamento para ser elegido (el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar está integrado por nueve personas); por lo tanto, se necesitaban al menos cinco votos y el rector designado Carlos Emiliano Oñate Gómez obtuvo cuatro, convirtiéndose esta acción en una causal objetiva de nulidad”, manifestó Lasso en su denuncia.

Otra situación que el docente considera como impedimento para que Carlos Oñate se desempeñe como rector de esta institución es la actuación que tuvo Oñate como consejero en representación de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario hasta la época del 29 de Enero del 2015, fecha en la cual renunció, contrariando lo preceptuado en la ley 128 de 1976 en su artículo 10 y el artículo 67 de la Ley 30 de 1992 que estipula que debió haber renunciado con una antelación no inferior a doce mes antes de asumir la dirección de la Universidad Popular del Cesar.

Los hechos anteriores

El amañamiento que se la hace a los diferentes procesos de elección en esta institución que al parecer no es nada nuevo, ni sería la primera vez que se haría hacen parte de las parafernalias montadas y de lo cual hay mucha tela por cortar.

El denunciante especifica en estos procesos donde se han valido de corrupción para montar y desmontar a su antojo, “en la elección del representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, señor Farid Alberto Campo Baena, hubo flagrante violación a las normas electorales colombianas; puesto que dicha elección estuvo precedida de constreñimiento electoral y compra de votos por parte de algunos profesores, funcionarios administrativos y miembros del Consejo Superior Universitarito e inclusive personas ajenas al claustro universitario, situación que fue denunciada ante las autoridades competentes y de las cuales existen varios videos que inclusive circularon por las rede sociales.

Otro hecho donde hicieron de las suyas y la irregularidad reinó fue la elección del representante del sector productivo, donde Aldemar Palmera Carrascal, quien salió elegido para dicha representación en realidad no representa al sector productivo del Departamento del Cesar; violentado lo estipulado en el literal del artículo 64 de la Ley 30 de 1992.

Denuncia que sustenta de la siguiente manera, “el mencionado señor actúa en representación de una asociación gremial denominada Colegio de Contadores Públicos capítulo Cesar según consta en la comunicación del 12 de Junio del 2015 firmada por Ever Jafet Ahumada Muñoz representante legal de dicha asociación. Lo cual, se constituye en una flagrante violación; puesto que, Palmera está muy distante de representar al sector productivo”, afirma Lasso en su denuncia.

La historia continua con la elección del representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario, donde una vez más se violentó de manera flagrante el procedimiento eleccionario; puesto que, el Tribunal de garantías procedió de manera ligera a anular votos, incluir otros y hacer el conteo respectivo sin tener en cuenta que ese tribunal no tenía la competencia para realizar tal actividad convirtiendo esta contienda electoral en un espacio de conveniencias particulares y no del interés general de nuestra universidad. Según consta en comunicación del 5 de Junio del 2015 firmada por Wilmer Rafael Aguirre Domínguez secretario Ad Hoc del Consejo Superior Universitario.

El pronunciamiento del Ministerio de Educación

Algunos de los hechos mencionados anteriormente han sido secretos a voces ante los cuales no se ha procedido y por lo que a la fecha son varios los casos similares los que se presentan haciendo de esta universidad un circo electoral.

Sin embargo para la época del hecho principal se realizó una visita de la Viceministra del Ministerio de Educación Nacional, Natalia Ariza Ramírez, la cual manifestó públicamente que en el procedimiento de consulta estamentaria para la designación del rector hubo constreñimiento electoral manifestado a través de la indebida participación de algunos miembros del Consejo Superior, así como funcionarios, administrativos, docentes y estudiantes.

Ante diferentes medios de comunicación la Ministra Gina Parody y su Viceministra Natalia Ariza Ramírez expresaron lo siguiente: “que demandaran ante el Consejo de Estado las irregularidades mencionadas anteriormente en el proceso electoral y de designación de rector, la cual sería impetrada con la urgencia debida para obtener resultados pronto u oportuno para corregir las falencias o irregularidades presentadas en dicho claustro superior”.

Versión que cobra fuerza con la demanda instaurada el pasado 10 de Agosto por el Ministerio de Educación Nacional ante el Consejo de Estado por intermedio de su apoderada judicial, donde la demanda en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, con el objeto de obtener la anulación del Acuerdo no 17 de julio 02 de 2015.

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