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PRIORIDADES DE VALLEDUPAR

Dentro del gran laberinto que se ha creado con el mapa de la función pública, a través del cual desde una central se diseñan las diferentes rutas para que la administración pública cumpla con la razón de ser del Estado, a saber: Ser el Gran GARANTE para que los ciudadanos puedan acceder a los Servicios Públicos y al ejercicio real y pleno de sus Derechos Fundamentales. Para encarar esta gran faena y, ante todo, reto social, se establecen indicadores sociales, económicos y de todo tipo que permiten monitorear hacia que metas se invierten los dineros públicos, para lo cual, el concepto de prioridad social resulta ser determinante en la orientación de los ingresos del estado y de la implementación de las políticas públicas. Pues, al contrario de lo se hace, la inversión no es meramente facultativa de los gobernantes de turno, sino que ella está reglada a nivel de las prioridades sociales que presentan dentro de los respectivos periodos constitucionales. En este sentido resulta oportuno recordar el ideario ideológico del Estado Social de Derecho al establecer unas metas de proyección política, para lo cual nuestra Constitución ha ordenado que los recursos públicos deberán ser invertido de manera prioritaria en SALUD, VIVIENDA Y EDUCACIÓN, como quiera que son estas metas donde el cerco de la marginalidad social acecha peligrosamente y como tal, el Estado debe embestir todo tipo de riesgo que puede presentarse en estas necesidades. Sin embargo, la realidad muestra otra cosa totalmente distinta, pues los mandatarios siguen distribuyendo y asignando las partidas presupuestales como a ellos se les antoje, violando el orden de prioridades ordenadas en la Constitución. Eso explica por qué encontramos fuertes inversiones en sectores que no representan ninguna cobertura en el impacto social de un proyecto y que imposibilita que la inversión se dirija hacías el cubrimiento que posibilita ir cerrando la espantosa y agresiva brecha de marginalidad que cada día conspira contra la creación de orden social justo. Es desde esta perspectiva que debe replantearse la inversión de los dineros en nuestro municipio y departamento. Pues resulta extravagante, por decir lo menos, que se esté invirtiendo una fuerte suma en la remodelación de la plazoleta del edificio del departamento, mientras nuestros municipios y corregimientos padecen las precarias condiciones de falta de agua potable, y lo que es peor, falta de agua, así sea de pésima calidad. Que decir de los niveles de desnutrición infantil que se encuentran disparados. Administrar y gobernar implica tomar posición a nivel de las prioridades de cada región. En la actualidad el rescate de la confianza de los ciudadanos sobre las autoridades se constituye en una gran prioridad política, pues el actual desencanto y frustración de la ciudadanía crea una barreras que imposibilitan restablecer el dialogo con la comunidad que debe ser permanente y muy fluido. Para ello el Alcalde debe asumir su condición de ser el GRAN GARANTE en el acceso a los servicios públicos, pues hoy día la tiranía que ejerce Electricaribe en todos los extractos sociales se debe a la ausencia absoluta de control por parte del ente municipal. Nada más conspirador y desestabilizador del Estado Social que la indiferencia de los Alcaldes frente a esta avalancha de todo tipo de abusos y violaciones de las empresas que prestan los servicios públicos. Ganarnos la confianza y credibilidad de la comunidad será uno de nuestros objetivos y para ello necesariamente debemos asumir nuestras competencias constitucionales en defensa de los ciudadanos que se siente arrinconados por estos monopolios sin poder acudir a ninguna autoridad en su protección. Para eso existe la participación ciudadana que debe ser motivada por la administración municipal para coa ministrar con ella. Acabar con este sentimiento de desencanto que embarga a los ciudadanos será una de nuestras prioridades. Par ello el mensaje a enviar no puede ser distinto a la toma de posiciones que muestren de manera inequívoca que se llega a gobernar en defensa de los intereses de la comunidad y no para defender posiciones de privilegios de los monopolios. En el orden de prioridades el abastecimiento de agua potable en la totalidad del municipio resulta ser de una gran cobertura social. Para ello el presupuesto debe ser reorientado hacía los sectores más vulnerables que reclaman con toda justicia que se les incorpore al tejido social. Administrar la función pública es totalmente distinto de llegar hacer negocios desde los cargos oficiales. El estado social reclama un perfil humano consecuente con sus ideales, no de mercaderes. “No es la política la que hace a un candidato convertirse en ladrón. Es tu VOTO el que hace a un ladrón convertirse en político”.

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