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Sector agrícola, el más golpeado por la ‘Economía Naranja’

Con el pie izquierdo comenzó su gobierno Iván Duque y su famosa ‘Economía Naranja’, toda vez que el sector agrícola ha sido el más golpeado por sus proyectos de Ley, los cuales se vende como una forma de mejorar las condiciones de vida en el sector rural, pero visto de cerca es un proyecto para que los campesinos trabajen más y en peores condiciones, según indican expertos y líderes del sector, quienes aseguran que lo estos cambios buscan es seguir engordando las arcas del sector financiero.

El nuevo Proyecto de Ley es el 193 de 2018, el cual anuncia medidas para “la dignificación del trabajo de la población rural (…) y el establecimiento de un piso de protección social mínimo”, pero la realidad es exactamente la contraria, el objetivo nominal del proyecto es loable, pero las medidas, al parecer, no contribuyen a ese objetivo. El proyecto plantea dos mecanismos: un piso mínimo de protección social para quienes llevan a cabo actividades agropecuarias con ingresos inferiores a un salario mínimo, y el jornal integral rural como una nueva modalidad de remuneración.

Los opositores del proyecto señalan que lo planteado no responde a lo contemplado internacionalmente, pues con la entrada en vigencia de ley en cuestión, en materia de salud los campesinos seguirían siendo atendidos por medio del Sisbén.

Antes esto, el gremio agricultor del Cesar afirmó, “lo que se hace aquí es abordar los problemas sin abordar las causas. El pensamiento es que las cosas se resuelven legalizando la pobreza, este decreto se hace para decir afuera que se está avanzando, pero en el campo hay hambre, porque en estos últimos 16 años la política económica lo olvidó. Si aquí dijeran ‘vamos a dejar de importar alimentos y vamos a darle subsidios a los campesinos’, podríamos crear más de cinco millones de empleos”.

El tema se pone más álgido cuando se conocen  las condiciones de informalidad de los trabajadores agropecuarios que agravan su desprotección por parte de los sistemas ordinarios de seguridad social. Hoy, la mayoría de los trabajadores del campo no tiene acceso al sistema general de protección social en pensiones ni se dispone de un mecanismo no contributivo que los proteja frente a los riesgos de vejez, invalidez y muerte.

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