En el municipio de Manaure, en el norte del Cesar, hay una ‘furrusca’ armada a raíz de las famosas viviendas rurales para población víctima de la violencia que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Banco Agrario entregaría en todo Colombia en 2015. Toda vez que los 2.878 millones de pesos que se asignaron para las 68 casas que se construirían hacen tres años en la población hoy tres años después, no hay ni los primeros ladrillos.
El problema comenzó al terminar la administración de Juan Carlos Araújo, antes de dejar su cargo como alcalde de la población, este personaje fue el primero en recibir la gran noticia de las famosas viviendas rurales para población víctima de la violencia, de las cuales el Cesar salió beneficiado con 1.473 casas con un rubro de $22.780 millones de pesos, no obstante, estas solo están en los planos del Ministerio de Agricultura.
Ante este, panorama el concejal, José Alfonso Sánchez, explicó que esta situación no es nueva y que sus coterráneos siempre les bailan el indio. “Las primeras casas que se prometieron fue en la administración de Noheli Rincón, que fue hace como diez años y se esperaban 22 viviendas para las víctimas y se nos ‘bailó el indio’ y me preocupa que en este caso sea lo mismo y las entidades encargadas de víctimas no dan razón de nada, e incluso, dicen que ya hicieron su gestión y no es así”.
¿Y las viviendas rurales?
En el gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, asignó a través del Banco Agrario, unos recursos que oscilaban en 318 mil millones de pesos dirigidos a la construcción de 19.334 viviendas rurales para población víctima de la violencia, de las cuales al Cesar salió beneficiado, al proyecto también se vincularon la oficina de víctimas departamental y la Unidad de Restitución de Tierras regional.
“Hasta allí el panorama pinta bien, pero al pasar los tres años nosotros en el Concejo Municipal hemos pedido a través de solicitudes por escrito a las oficinas pertinentes y no tenemos ninguna respuesta; la doctora Juana Ramírez afirma que ya ella ha hecho la gestión. El punto seis de la política de vivienda rural para población víctima, dice: “La unidad de víctimas tienen la responsabilidad de acompañar la ejecución del proyecto”, y esta solo hace socializaciones acá en el municipio”, dijo Sánchez.
Semanario La Calle conoció que a los beneficiarios de las 68 viviendas se les daría 42 millones de pesos para la construcción de sus viviendas.
Ante la situación, el beneficiario, Luis Daniel Carrillo, señaló “no citan, nos visitan y metimos papeles desde el 2015 y vea nunca nos dicen nada sobre las casas, vea nosotros hemos recurrido al concejo para poder conocer cómo va todo porque pasan los años y no vemos ningún avance por ningún lado”.
Pero las viviendas no solo se desarrollaron en papeles en Manaure, sino que además los municipios de Agustín Codazzi, El Copey, La Jagua De Ibirico, Gamarra, El Paso y La Paz también se encuentran a la espera de la construcción de las viviendas, toda vez que la elección de los departamentos y municipios beneficiados se desarrolló en el 2013, a través del Comité de Adjudicación de Subsidios de Vivienda de Interés Social Rural donde figuran como delegados Aurelio Iragorri Valencia, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Sergio Agustín Suarez Nieves, gerente de vivienda del Banco Agrario.
La oficina de víctimas la única que dio la cara
Semanario La Calle trató de contactarse con las oficinas del Banco Agrario, para conocer los avances del proyecto, pero estos nos atendieron a los llamados. Pese a esto, La Calle conoció que el proyecto ha tenido atrasos debido a los procesos contractuales del banco y Fiduagraria quienes han tenido problemas para la elección de los contratistas y ejecutar los diagnósticos de las tierras de los subsidiados.
La directora de la Unidad Administrativa Especial Para La Atención Y Reparación Integral a Las Víctimas del Cesar, Juana Bautista Ramírez Gutiérrez, explicó “el papel de la unidad no es de construir las viviendas nuestra única responsabilidad es la oferta; es decir, informar a los pobladores sobre estas convocatorias. En estas viviendas lo que hicimos en todos los municipios es analizar las listas y enviarlas con toda la documentación para que sean beneficiados”.
Asimismo, Ramírez acotó “nosotros no somos responsables del proceso, es decir, no tenemos ‘velas en ese entierro’. La semana pasada envié un correo al enlace nacional solicitando información sobre esto, pero aun no recibo información”.