A primera hora de hoy 20 de noviembre, invasores del barrio El Edén, en la margen derecha del Río Guatapurí, serán objeto de desalojo, acción que será coordinada por la secretaría de Gobierno municipal junto con la Policía Nacional, esto como respuesta a un mandato judicial emitido por un juez de la República a la administración de Augusto Ramírez Uhía. Se trata de 87 familias, que invadieron estos predios donde el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana De Valledupar, Fonvisocial, desarrollaba un proyecto de vivienda hace cerca de cuatro años. Al final se terminaron construyendo cerca de 60 casas, mientras que alrededor de 80 quedaron a medio talle.
“Se van a desalojar unas casas que fueron invadidas hace varios años, viviendas que tenían dueños, eran subsidios que se le habían dado a unas personas y el juez ordena que se restituyan esos vienes a ellos”, según explicó el secretario de Gobierno municipal, Gonzalo Arzuza.
Por su parte, el gerente de Fonvisocial Aníbal Quiroz expresó que en la entidad tienen el listado de las 87 familias que fueron beneficiadas con el proyecto y que desde hace más de tres años están esperando que los invasores salgan de la casas que recibieron como subsidios, por lo que con base en lo anterior se procederá al desalojo, “como cumplimiento de una orden judicial de un juez de la República, se estará haciendo el desalojo de 87 viviendas del proyecto El Edén, que se encuentra suspendido hace más de tres años por una invasión de unas personas que en un lapso de cambio de contratista que hubo, esas personas ingresaron de manera ilegal a esas casas.”
Entre tanto, el secretario de Gobierno explicó que de las familias que serán desalojadas, solo cerca de 11 hacen parte de la población víctima, “de las familias que inicialmente invadieron, solamente quedan 10-11 familias que acreditan después del censo, en calidad de víctimas, las demás no lo son”, aseveró Arzuza.
Por otro lado, se debe mencionar que además del perjuicio que le viene ocasionando la población invasora del proyecto y que no son víctimas a las personas que sí lo son, es que el constructor del proyecto quiere presentar demandas contra el municipio porque dicha construcción al borde del abismo, lo que le representaría un problema a la administración de Augusto Ramírez Uhía.