En ires y venires de quejas, denuncias, fallos, sanciones e inhabilidades se movió el Ministerio Público en el Cesar; puntualmente la Procuraduría Provincial de Valledupar y la Regional Cesar, la primera en cabeza de Edgardo Maestre, quien llegó desde abril de este año y la segunda bajo la dirección de Margarita Mercedes Cuenca Urbina, también desde febrero de este año.
Pese a que muchos casos han pasado desapercibidos, lo cierto es que las instalaciones de los organismos de control para el 2018 se convirtió en un desfile de servidores públicos, donde el que menos se esperaba terminó involucrado. Lo primero que hay por decir es que, de los 25 municipios del departamento, solo 13 son competencia de la procuraduría Provincial, estos son Valledupar, La Paz, san Diego, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua, El Paso, Curumaní, Chiriguaná, El Copey, Pueblo Bello, Manaure y Bosconia; de estos solo los dos últimos no presentan ni quejas, ni procesos. Los demás municipios son competencia de las Procuradurías de Banco Magdalena, Bucaramanga y Ocaña.
Procuraduría Provincial de Valledupar
Desde abril a la fecha la Procuraduría Provincial de Valledupar, ha emitido 10 fallos, de los cuales algunos pasaron a la Regional Cesar para la segunda instancia y otros fueron absueltos; cabe resaltar que, de estos, varios son de años atrás, es decir fueron desempolvados por el procurador Edgardo Maestre.
El listado inicia en Agustín Codazzi, allí desde el alcalde, corporados y hasta el personero estuvieron bajo la lupa del organismo de control por aparentes irregularidades en sus funciones, con base en estos se dieron tres fallos.
El primero por mencionar es el alcalde Luis Vladimir Peñaloza Fuentes, quien desde que inició su periodo administrativo ha cargado con más de una queja por diferentes querellantes, de las cuales solo hasta este año prosperó una y otra de la que hace parte indirectamente. El caso por el que el organismo de control resolvió “ sancionar disciplinariamente al señor Luis Vladimir Peñaloza Fuentes, con suspensión en el ejercicio del cargo, como alcalde municipal de Agustín Codazzi-Cesar, por el termino de seis meses, por encontrarlo responsable disciplinariamente del cargo formulado”, es porque al parecer Luis Peñaloza, no apropió los recursos suficientes en la cuenta del presupuesto correspondiente para el pago de sentencias judiciales, vigencias 2017 y 2018, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar en providencia del 22 de noviembre de 2016, a través de la cual se libra mandamiento de pago en contra del municipio de Agustín Codazzi y a favor de la Caja de Compensación Familiar del Cesar (COMFACESAR), por la suma de ciento un millones doscientos sesenta y dos mil quinientos pesos, más los intereses respectivos desde que se hizo exigible la obligación. Cabe resaltar que es fallo de primera instancia y apelado por el mandatario.
El siguiente caso que no lo involucra directamente, pero del que si hace parte el alcalde es el fallo que suspendió por cuatro meses al personero Jorge Ovalle Márquez, por el caso del hospital en el que desde hace dos años le vienen haciendo la guerra a la exfuncionaria Amalia Mejía Díaz.
La alcaldesa de La Paz, Andrea Ovalle Arzuaga, al igual que el alcalde de Codazzi, fue suspendida en primera instancia por el organismo de control, el cual través de un fallo sancionatorio la separa del cargo por cinco meses por el aparente uso inadecuado de la camioneta que le asignó la Unidad Nacional de Protección,UNP, y que fue involucrada en un accidente de tránsito el año pasado en horas de la mañana cuando supuestamente su hijo salía de una fiesta en un club de la ciudad.
Pasando a los exalcaldes del Cesar, dos tuvieron que enfrentar audiencias por las marramuncias hechas en sus administraciones, Juan Carlos Araújo de Manaure, quien terminó siendo absuelto. El caso por el que el hombre tuvo el credo en la boca, se basa en una contratación hecha por el exmandatario en el año 2015, en los que al parecer habría violado algunos principios de contratación como el de planeación, al tiempo que habría originado un detrimento patrimonial.
Otro exalcalde absuelto de sus líos jurídicos fue el de El Copey, Wilfrido Ruíz Rada, quien estuvo enfrentando un proceso por no haber adecuado la infraestructura exigida para el funcionamiento de Plan de Alimentación Escolar en el municipio.
A diferencia de Araújo y Ruiz, el ex mandatario de Pueblo Bello Javier Landazábal, no le fue tan bien, y hoy aún sigue involucrado en líos disciplinarios, se trata de un pliego de cargos emitido en junio de este año en contra del ex burgomaestre por aparentemente haber violado los principios de contratación y responsabilidad en una obra hecha en el municipio. Esto salió después de tres años de haber sido interpuesta una queja en contra del exalcalde. Cabe resaltar que Landazábal apeló.
Dentro de los municipios que actualmente tienen quejas en el organismo de control están la alcaldesa de San Diego, Elvia milena Sanjuán por la compra de parte del municipio de un lote en el que habría conflicto de intereses porque supuestamente es del hermano de un concejal; el municipio de La Jagua en cabeza de Yarcelis Rangel y los concejales por la presentación y aprobación del empréstito por 41 mil millones de pesos aun sin cumplir con los requisitos del órgano Colegiado de Administración y Decisión, OCAD, en ese mismo sentido el alcalde de Becerril Juan Francisco Rojas por la presentación del empréstito de los 29 mil millones de pesos; por ultimo también cursa en la Procuraduría una queja en contra del concejal de Pueblo Bello, José Francisco Suescún, quien habría agredido a una ciudadana en medio den una acalorada sesión en la corporación municipal.
Procuraduría Regional del Cesar
Un listado de más de 10 fallos también salió de la Regional Cesar en este 2018, donde diferentes sectoriales del departamento y servidores públicos terminaron metidos en ‘camisa de once varas’ si de escándalos se trata, se podría decir que este fue uno de los años donde se desnudó la corrupción… aun cuando falta mucho más.
Por la elección de Omar Contreras Socarrás, 16 de 19 concejales de Valledupar fueron destituidos e inhabilitados en fallo de primera instancia, esto en medio de una investigación disciplinaria, toda vez que el ex contralor se encontraba inhabilitado para ejercer esta función.
Otro de los fallos importantes por mencionar es el emitido en primera instancia a través del cual se sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de seis (6) meses a la exsecretaria de Salud departamental, Carmen Sofía Daza por el sonado caso de la muerte de los neonatos en la Clínica Laura Daniela; en este mismo caso terminaron involucrados, el líder del Programa de vigilancia y Control de la Secretaria de Salud departamental, Jorge Alberto Aroca, quien fue sancionado con destitución e inhabilidad general en el ejercicio del cargo por un término de doce (12) años y Gladys Leonor Chinchía Vence, en su condición de profesional universitario Área Salud, fue sancionada con destitución e inhabilidad general en el ejercicio del cargo por el término de doce (12) años.
Otro de los fallos que terminó involucrando a la casa departamental fue la destitución e inhabilidad por un término de 16 años a Deisy Johana Moreno Ríos, señalada de ser ‘cerebro’ del ‘Cartel del escalafón’ de la secretaría de Educación departamental. Cabe resaltar que es fallo de primera instancia.
El exdiputado Julio Casadiegos, quien este periodo como corporado departamental estuvo más en los organismos de control que en la asamblea, también hizo parte del grupo de sancionados por la Regional Cesar, en fallo de primera instancia. El fallo proferido por la procuradora regional encargada, por no asistir sin causa justificada a 17 sesiones ordinarias y siete extraordinarias, entre el 12 de junio de 2013 y el 23 de diciembre de 2015, determinó la suspensión del cargo de diputado de la Asamblea del Cesar e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas por el término de seis meses.
La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, también fue eco en el listado de los funcionarios investigados, fue así como el organismo de control suspendió en primera instancia con 10 meses fuera del cargo a Jonás Ortiz Ochoa, operador en la Corporación, al parecer con diplomas falsos.
La ex contralora, Mercedes Vásquez también fue sancionada por la Procuraduría Regional de Cesar por un término de dos meses, luego de probar la presunta responsabilidad relacionada con la autorización del pago por concepto de reliquidación de viáticos a tres funcionarios de la Contraloría Municipal de Valledupar.
La corporada municipal Gloria Ovalle, fue suspendida en fallo de primera instancia, por la Procuraduría Regional del Cesar de su cargo como concejal de Valledupar por un periodo de dos meses, por un proceso disciplinario seguido en su contra, tras una queja interpuesta por el ciudadano Cristian Salas Curiel en 2016, por ausentarse del recinto de la corporación municipal durante la elección del ex Contralor Álvaro Castilla en el año 2016.