En el corregimiento de La Loma, municipio de El Paso, se cumplió con la orden de desalojo de una invasión ubicada en inmediaciones del barrio Acueducto de esta población minera, en el centro del Cesar.
En el lugar hizo presencia el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la Policía Nacional, la inspectora del municipio. Con maquinaria, la administración municipal de El Paso hizo la demolición de los ‘cambuches’ que habían sido construidos por las personas invasoras en dicho lugar.
Este desalojo se da como cumplimiento de la sentencia T-527-11 de la corte constitucional, como medida que busca recuperar la tenencia de un bien ocupado sin justo título. En efecto, el desalojo es un procedimiento que permite recuperar materialmente un bien que fue tomado de manera ilegitima, y evita que aquellos que han procedido en contra de la ley obtengan un provecho de su acción.
Esta medida para que sea legítima debe adelantarse con pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas desalojadas. Es decir, si bien la medida en principio es lícita, esta no puede llegar hasta el punto de atropellar y vulnerar los derechos de las personas que ocuparon el bien. Siendo esto así, al realizar el procedimiento de desalojo debe garantizarse que las personas desalojadas no vean vulnerados sus derechos fundamentales. El desalojo que se apega al debido proceso es una medida legítima de protección de la propiedad y del espacio público, pero por su naturaleza, la administración debe ser especialmente cuidadosa en que no se convierta en un procedimiento que atente contra los derechos de las personas desalojadas.