LA IMPUNIDAD COMO “VALOR SOCIAL”

El pomposo y prometeico proyecto de reforma constitucional El Equilibrio de Poderes, en manera alguna servirá para lograr el anhelado equilibrio, pues el proyecto en sí dejaba por fuera el más aberrante de los desequilibrios que conspira contra el Estado Social de Derecho, como lo es, fuera de toda discusión, la impresionante concentración de poderes en cabeza del Ejecutivo central y específicamente en cabeza del Presidente de la Republica que cada día cobra una fortaleza inusitada contra el sentido y concepto de lo que se entiende por Republica, para trastocarse en la gran amenaza contra la autonomía de los entes territoriales a cuyos Gobernadores y Alcaldes ha venido doblegando a base de la siniestra mermelada, a lo que nos referimos en una columna que llamé “El Desequilibrio de poderes” Pero, contra todas las expectativas y frustraciones sociales que se han ido acumulando el acervo de nuestra gran inconformidad, contra una de las instancias de investigación más desprestigiadas de nuestra maltrecha administración de Justicia, como lo es la tristemente célebre Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante, denominada sociológicamente por su verdadero nombre como Comisión de Absoluciones, para descargar de alguna manera el torrencial lodazal de indignación e inconformidad de la opinión pública contra este asqueroso foco de corrupción. Y no es para menos. Su ineficacia ha llegado a unos límites de descaro e intolerancia social que solo se escucha las voces del repudio de la comunidad que se siente prisionera del vértigo de la perplejidad al tener que convivir con semejante caricatura de justicia y se resigna a que algún día frente al pelotón de fusilamiento, como decía Gabo, tendrá que rendir cuenta quienes de una u otra manera ha arrodillado la esperanza de crear un orden justo, que se ve avasallado por el crimen organizado de todo tipo de mafias. Pero vaya sorpresa que nos hemos llevado. Pues la inmensa mayoría de la opinión pública mira a esta comedia de investigación como una muestra de inoperancia operativa, de cuestiones de tramites procesales. Pero en el peor de los casos jamás y nunca los ciudadanos podíamos imaginarnos que este vergonzoso lunar era un valor social insertado en nuestra institucionalidad jurídica, de manera deliberante con el fin de brindar una protección judicial a los altos funcionarios con el fin de prevenir que sobre ellos no recayera ninguna investigación por la cantidad de crímenes que cometen en el ejercicio de sus cargos. Y a fe que lo han logrado con creces. En grado sumo. Imposible encontrar mejores indicadores de desvergüenza social, pues a nadie se le investiga. Lo que la opinión interpretaba como una escandalosa situación de impunidad, con el proyecto dizque de equilibrios de poderes, se ha develado y puesto de manifiesto que, en contravía de lo que pensábamos, su ineficacia no es procesal, sino sustantiva, pues a través de esa siniestra comisión se garantiza la absoluta impunidad de los aforados. Con razón quienes gozan de esta protección pusieron el grito en el cielo. Se amotinaron y prendieron las alarmas cuando se pretendió extirpar la vigencia de esta diabólica comisión, y cambiarla por un nuevo organismo. La protesta fue enardecida. Se reunieron las altas cortes con el Fiscal general a la cabeza y en tono amenazante y en lanza en ristre y de manera vociferante presentaban su manifiesto de la indignidad. Y el reto era total y peligroso. En ningún caso permitirían que se eliminara esta comisión porque ahí sí corrían con el riesgo de ser investigados y no estaban dispuesto asumirlo. Que necesitan que continuara esta perversa protección de impunidad para garantizarles que todas sus fechorías y prevaricatos serían cobijados por las telarañas de esta protección. Recuérdese como el Fiscal General, como cualquier espadachín de las Cruzadas, blandía sus espadas en tono amenazante si llegara a ser desprotegido de esa histórica y ética garantía, con el mismo ahínco con que un traqueto exige el paso legal de su caravana llena de cocaína, convencido de la legalidad de su proceder. La conmoción fue de proporciones gigantescas y hasta amenazaron con la convocatoria de una Constituyente con tal de continuar con esa protección para delinquir que les otorgaba la Constitución. Que jamás y nunca permitirán que se les arrebatara la principal protección que les garantizaba impunidad absoluta cuando salieran de sus cargos. A donde hemos llegado. Se ha entronizado la impunidad como un valor social. Como un derecho fundamental que les otorgue garantías, que sobre ellos no existe la menor posibilidad de ser investigados. El amotinamiento ciudadano contra la impunidad no se ha dado. En cambio, la impunidad se legitima como un valor más de nuestra debacle social.