Este martes 21 de mayo la Corte Suprema de Justicia estudiará, y muy seguramente aceptará, la renuncia de Néstor Humberto Martínez a la dirección de la Fiscalía General, después de que la Justicia Especial para la Paz (JEP), tomara la decisión de no aceptar la extradición de Jesús Santrich a Estados Unidos, señalado de conspirar para enviar cocaína a dicha nación, situación que se habría presentado después de la firma del Acuerdo de Paz, y que tendría que tramitar la Fiscalía según lo pactado en los mismos acuerdos.
La tormenta política que esa decisión causó todavía viva, desde orillas diferentes quienes apoyan y critican el fallo de la JEP no han parado un minuto de dar sus opiniones, llevando al máximo la polarización política que con el pasar de los años se enquista más en la sociedad colombiana.
En el Cesar la situación es similar a la que se vive en el resto del país, opiniones de todo tipo se dan a diario, es por ello que La Calle escuchó a algunos dirigentes políticos frente a todo lo que ha acontecido en estos últimos días.
Para Tulio Fuentes, dirigente político del Partido Liberal en el Cesar, los colombianos no deben perder el foco al verdadero problema que impide el desarrollo del país, la corrupción.
“Aquí más que la extradición de alguien, no importan dónde esté, con quién milite o ande, el caso más grave es que la corrupción que nos afecta a todos. Ese es el principal problema de este país, el cáncer que carcome esta sociedad y no deja que avance y desarrolle, entonces uno ve que aquí hay gente que se ha robado miles de millones de pesos y no pasa nada, dejan vencer los términos que es la manera más fácil y la gente se va para sus grandes mansiones a disfrutar de toda la plata que se han robado”, sostuvo Fuentes.
¡Hay una crisis!
Otra posición tiene Rubén Darío Carillo, militante del Centro Democrático en el Cesar, puesto que, para él, sí existe una crisis en el país con la renuncia del fiscal, porque con esa decisión de la JEP la Fiscalía pierde la potestad de investigar a Santrich y se viola flagrantemente lo que ya se había pactado.
Al respecto dijo, “fue una decisión antijurídica e inconstitucional, y lo es porque la JEP de acuerdo a cómo quedó reglamentado en la Cámara de Representantes, y así lo dijo el mismo presidente de ese entonces de la Cámara Rodrigo Lara, es que la JEP debía solamente limitarse a establecer la ocurrencia del delito, que está demostrado con videos y una gran cantidad de pruebas, esos hechos ocurrieron después del primero de diciembre del 2016, que fue la fecha que introdujo la Cámara digamos como fecha límite de la ocurrencia de cualquier delito por parte de los desmovilizados, y si iba después de esa fecha le correspondía a la justicia ordinaria que es precisamente la Fiscalía y los jueces ordinarios”, explicó.
Para Carrillo es entendible la reacción de millones de colombianos que ven a la JEP como un protector de los excombatientes de la guerrilla que no se han sometido al proceso de paz; Agregó además que espera que la apelación de la Procuraduría permita que se reverse el fallo. “Hay que esperar qué resultado tiene la apelación de la Procuraduría a la decisión de la JEP”, concluyó.
El exrepresentante por el Partido Conservador en el Cesar, Juan Manuel Campo, también habló y aseveró que es claro que el país está dividido, pero que deben tenerse en cuenta otras pruebas que inicialmente no se contaron.
“Esta decisión de la JEP dividió al país, dejó un alto grado de insatisfacción en una opinión nacional que cuestiona fuertemente la justicia en Colombia, la JEP fue creada con el propósito de hacer justicia frente a las actuaciones de las FARC, y en este caso los colombianos quedamos con el sinsabor de que a pesar de que existen y se allegaron unas pruebas (un video que por demás el mismo procesado admitió se dio posterior a diciembre de 2016), no se tuvieron en cuenta y proceden a negar la extradición de Santrich, ordenar su libertad, y con esto sentar un grave precedente ante las posibles actuaciones ilegales de quienes continúan delinquiendo”.
Campo agregó, además que “creo que, con cabeza fría, superando el calor del momento, se debe reflexionar sobre las competencias de la JEP, el papel de la justicia ordinaria en casos cuestionables como este, en el futuro de la justicia en nuestro país y llegar de una vez por todas a adelantar una reforma al aparato judicial que garantice los derechos de los ciudadanos, que fortalezca el estado de derecho y que nos lleve a una verdadera paz”.
¡Se actuó en derecho!
Otra de las voces que conoce sobre todo el proceso del acuerdo de paz, y la aplicación de la JEP, es la excadidata a la gobernación del Cesar por la Unión Patriótica, Imelda Daza, se actuó en derecho.
“Creo que la JEP cumplió con su deber, con lo que le correspondía hacer en derecho, y como justicia transicional que es, y fue negar la extradición por las razones que ellos mismo explican muy bien en su sentencia, no cabía otra posibilidad. Ahora hay esmero por mostrar otras pruebas que no se mostraron cuando el juicio estaba en proceso, se nota la mala intención en eso”, sostuvo Daza.
Para Daza es más importante que Santrich responda ante la JEP por los delitos cometidos durante su paso por la guerrilla, que irse a los Estados Unidos a responder por un delito de narcotráfico. “Santrich tiene que acudir a la JEP a esclarecer los hechos de los cuales se le acusan en el marco del conflicto armado, eso es lo que tenemos que priorizar, eso es lo fundamental, la verdad nuestra, la verdad del conflicto. El tema del narcotráfico le interesa a los Estados Unidos, pero uno se pregunta cuándo se hará justicia con quienes comercializan allá la cocaína que les llega, por qué somos nosotros los únicos juzgados por ellos por ese delito”.
Finalmente, la dirigente política de izquierda es claro que el fiscal aprovechó la situación para renunciar debido a todas las acusaciones que tiene en su contra por el escándalo de Odebrecht.