El paro armado declarado el pasado 23 de febrero llegó a su fin y este por 72 horas causó graves pérdidas en varios departamentos del territorio colombiano, aproximadamente en 66 municipios del país se vivió un incremento de acciones terroristas que causaron temor en la población, varias atribuidas a la guerrilla del ELN.
Aunque en múltiples ocasiones desde el ministerio del Interior el Gobierno nacional negaba la posibilidad que existiera un paro armado en el país, las cifras indicaron lo contrario, pues según lo manifestado por la comunidad, desde de la madrugada se empezaron a registrar acciones terroristas; ejemplo de ello, es la detonación del puente en Pailitas – Curumaní, la oleada de violencia en distintos sectores públicos en el sur del Cesar, la incineración de un bus en Piendamó, Cauca y la desactivación constante de explosivos instalados en las carreteras del oriente del país.
De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, durante el paro armado se registraron varios hechos, se conoció el homicidio de un líder social, siete denuncias de comunidades confinadas por la violencia, 10 vehículos incinerados, 18 actos terroristas, 23 terminales de transporte suspendieron su operación y seis acciones de destrucción de infraestructura en varios municipios de Norte de Santander, Santander, Nariño, Cauca y Cesar.
Según varios medios de comunicación, la guerrilla del ELN anunció por medio de un comunicado que a las 6:00 de la mañana del sábado 26 de febrero que culminaban las acciones correspondientes al paro armado y asimismo desmintieron que este se extendía por mas días.

