En los últimos 16 años, la Universidad Popular del Cesar, UPC, se ha convertido en sinónimo de desprestigio, corrupción e inoperancia por culpa de aquellos que han sobrepuesto el bien particular, por encima del colectivo.
Desde el desdén de una guerra paramilitar que acabó con la vida de estudiantes, docentes, egresados y sindicalistas, que fueron asesinados a sangre fría dentro del claustro universitario y zonas aledañas a Valledupar, entre 1987 y 2004; en la Universidad Popular del Cesar, ‘no ha cesado la horrible noche’ pues de ser víctimas de un conflicto armado, ahora se extienden bajo una premisa corrupta y politiquera.
‘Una inestabilidad conveniente’
En más de una década, son 15 los rectores; entre encargados y en propiedad, que han pasado a ‘dirigir’ uno de los claustros universitarios públicos más importante del departamento; aun cuando lo legal es uno cada cuatrienio, situación que ha generado una intensa inestabilidad, y ha transgredido el orden institucional en favor de unos pocos y bajo el silencio de muchos.
Entre los 15 rectores que figuran como directores de la UPC, más de la mitad estuvieron envueltos en escándalos y líos jurídicos por inconsistencias en los procesos de elección y demandas de los candidatos. Hecho que provocó una inestabilidad jurídica dentro del alma mater, y que ha afectado a miles de estudiantes y cientos de docentes que no han tenido garantías frente a los planes de gobierno de dichos directivos.
Sobre dichas afectaciones, el Semanario La Calle hace un recuento de los últimos rectores que han pasado por la UPC, con el fin de conocer cuáles han sido las gestiones y los escándalos de aquellos que se han ufanado de dirigir la Institución de Educación Superior, y además, dialogó con ellos, para saber cómo perciben la gestión de una nueva administración y entender porque aún no hay un nuevo resurgir del alma mater.
2018-2019 años oscuros para la UPC
Tras la destitución del exrector de la UPC, Carlos Oñate, que fungió en el cargo durante aproximadamente año y medio y del cual salió por varios líos jurídicos, que lo vincularon presuntamente a delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público, tras la firma del contrato 031 de 2015 con el cual se pretendía adquirir un software para controlar el ingreso de los estudiantes al centro universitario, y en el cual se habrían invertido 750 millones de pesos, y del cual se ‘extraviaron’ más de 130 millones, a las silla de la rectoría, llegó en el año 2019; en unas elecciones atípicas, el polémico exrector Enrique Meza, quien también salió por la puerta de atrás, siendo su periodo administrativo un verdadero fiasco.
Entre las múltiples denuncias que reposan sobre la gestión de Meza, está el manejo político que le dio a la institución, toda vez que muchos aseguraron que sin importar los intereses de la universidad y mucho menos el bienestar académico, los fines del exrector fueron ejecutar una vendetta contra todo aquel que era su opositor, y además de ello, ‘resquebrajar’ toda la estabilidad de los procesos administrativos del plantel. Dentro de las principales cuentas que quedaron pendientes durante su administración estuvo los procesos de acreditación estancados, la no certificación del proceso financiero y aparentes sobrecostos en contratos que terminaron por dilapidar los recursos de la Institución.
El Semanario La Calle trató de contactar al exrector para que hablará sobre los escándalos que lo salpicaron, y además diera su opinión sobre el proceso en el que hoy se encuentra la UPC, sin embargo, este no se encontró interesado.
Una administración que no duró ni dos meses
Seguidamente para ese mismo año, y debido a que se cumplió el periodo de gobierno de Meza, Jesús Valencia Bustamante, fue designado por el Consejo Superior Universitario, como rector encargado de la UPC con cinco votos a su favor, no obstante, fue destituido del cargo casi dos meses después con base en fundamentos que aún, hoy siguen siendo cuestionados.
Frente a su administración, Valencia Bustamante, reconoce que fue un proceso difícil, doloroso y negativo. Pese a lo cual, manifestó que la compleja situación por la que ha venido atravesando la universidad se debe a condiciones adversas al claustro y la política externa que han querido “imponer hegemonías dentro de la institución”.
“Hay un ambiente adverso a la universidad generado por ambientes de la política externa que han querido mantener hegemonías sobre la UPC, cuando los distintos grupos no convergen en la opinión o que tienen sus intereses particulares obviamente se genera una disputa de poderes”, acotó Valencia Bustamante, exrector.
¿Conflicto de intereses?
Luego de la sorpresiva destitución, se designó entonces como rectora encargada a Alexi Leonor Vidal Brito, quien fungió como directora del Departamento de Administración de Empresas, de la UPC. Para el año 2019 fue designada por el CSU, porque la fecha para las elecciones de un nuevo rector aun no estaba establecidas, debido a que los estudiantes se encontraban de vacaciones.
Vidal Brito, despertó entonces duros cuestionamientos por un sector que aseguró en aquel entonces, que la exrectora tenía un conflicto de intereses dada su parentesco con Leoncio Peralta Cano, funcionario de la universidad, hecho que se comprobó tiempo después, cuando presuntamente la exrectora se abstuvo de apelar una sentencia del 26 de septiembre de 2019 del Tribunal Administrativo del Cesar que condenó a la universidad a pagar una millonaria suma de dinero a favor de su esposo Peralta Cano.
La más demandada
Para el 16 de diciembre de 2019, el CSU, designó luego de casi un año de retrasos, a plazos de consultas estamentales a Darling Guevara como rectora del claustro para el periodo 2019-2023. Tras su nombramiento, por medio de un derecho de petición, aspirantes al cargo solicitaron al Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad la revocatoria de la inscripción de la exrectora por no cumplir, al parecer, con los requisitos de las experiencias académicas exigidas por el cargo. Debido a todo un proceso jurídico y pese a los esfuerzos de Guevara para continuar en el cargo, casi siete meses después fue suspendida del mismo.
Frente a su salida, Guevara aseguró que fue suspendida del cargo porque según ella, a los “sinvergüenzas, bandidos de la Universidad Popular del Cesar” no les convenía que tuviera la administración de la UPC. “Me demandaron porque a ellos no les interesaba que una mujer u otra persona distinta a los clanes mafiosos de la Universidad liderará los procesos académicos en la región”,
En cuanto al panorama de la UPC, la exrectora manifestó que si bien hay una ‘estabilidad’ en torno a la dirección que actualmente tiene el alma mater, todavía no se ve “un proceso serio administrativo y académico”, que dé cuenta de la acreditación de la universidad. “No se le ha pagado la liquidación a los profesores del semestre pasado (…) A pesar de que hay estabilidad, hay un proceso que no está fluyendo bien y que de alguna manera limita todas las actividades y acciones que pueden desarrollar los docentes”, dijo Guevara.
Dos rectores: ¡Un caos!
Para el 3 de julio de 2020, Raúl Adolfo Gutiérrez Maya, fue posesionado como nuevo rector encargado de la UPC, no obstante, a pesar de ser nombrado por el CSU, el 19 de noviembre, tres miembros del órgano superior nombraron a José Sierra como rector encargado. Esta situación provocó un caos en el claustro universitario que para ese entonces contaba con dos rectores.
Durante ese lío jurídico y pese a que el Ministerio de Educación había registrado la inscripción de Sierra, como rector encargado, en febrero de 2021, el Consejo de Estado declaró nulidad al acuerdo 027 del 19 de noviembre de 2020; debido a que se presentaron irregularidades en su elección.
Para Gutiérrez Maya, la inestabilidad que hoy se refleja en el plantel educativo, ha afectado el objetivo misional de la universidad, y son errores de procedimiento que no solo se ven en la UPC. Además de la mala costumbre jurídica que se ha generado de no aceptar la victoria del contrincante.
“Se ha generado una mala costumbre jurídica en la Universidad Popular del Cesar (…) No podemos desconocer y dejar de lado que todas las elecciones de la Universidad después que se designa un rector son demandadas, esto quiere decir que la parte que no queda conforme sea de manera directa o interponiendo personas, termina intentando ‘derrocar’ jurídicamente a la personas que designaron y esto genera la inestabilidad de la que hablamos”.
Alberto Cuello y el desastre que dejó
El no pago de las prestaciones sociales a personal docente, cese de actividades y la no acreditación de algunos programas de formación fueron algunas de las ‘charadas’ que dejó Alberto Cuello dentro de la Universidad Popular del Cesar. Del relicario que dejó el paso de Cuello por la UPC, está además, el no haber logrado la estabilización financiera de la universidad con la matrícula cero, lo que generó una crisis de insolvencia, que dejó como resultado, que hoy esté la ‘olla’ raspada en la institución.
El nuevo rector
Rober Romero, fue designado como nuevo rector en propiedad de la Universidad Popular del Cesar, por parte del Consejo Superior Universitario, donde recibió seis votos a favor para llevar las riendas de esta casa de estudios durante los próximos cuatro años, aunque muchos aseguran que el nuevo rector está haciendo las cosas bien, otros por el contrario manifiestan que aún no ha empezado el festín, porque “todavía no hay nada que robar”.