En un operativo conjunto liderado por la Unidad de Migración y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, conEjer el apoyo del Ejército Nacional y la Embajada de los Estados Unidos, fue desarticulada una red dedicada al tráfico de migrantes. Esta organización se especializaba en la obtención ilegal de documentos y registros civiles falsos, los cuales eran entregados a ciudadanos venezolanos y dominicanos que luego eran enviados a Europa y Norteamérica.
El director general de Migración Colombia, Fernando García, explicó que la red se enfocaba en la obtención fraudulenta de nacionalidad y ciudadanía colombiana para estos extranjeros. “En conjunto con el Ejército Nacional y con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, se ha desarticulado una red de tráfico de migrantes que se dedicaba a la obtención fraudulenta de nacionalidad y ciudadanía colombiana para ciudadanos dominicanos y venezolanos”, afirmó.
El proceso judicial se inició el 16 de septiembre, cuando el Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar emitió órdenes de captura contra varios implicados, entre los cuales se encuentran funcionarios de la Registraduría y auxiliares administrativos del municipio de La Paz, Cesar.
El operativo, llevado a cabo de manera simultánea en Valledupar, La Paz (Cesar), Pereira, La Virginia (Risaralda) y Cartagena, resultó en la captura de varios implicados clave. Entre ellos, Oswald Morales López, registrador municipal de La Paz, quien habría utilizado su acceso al sistema de la Registraduría para crear documentos fraudulentos. Su secretaria, Liliana Judit Amauris Rojas, también fue detenida por extraer y suministrar información falsa en la plataforma. Además, fue capturado Jorge Aníbal Duluc Gaslino, alias Rubén Burgos o Fredys Duarte, de nacionalidad dominicana, quien coordinaba actividades ilegales con ciudadanos dominicanos desde Valledupar.
Según las investigaciones, en los últimos tres meses, los funcionarios públicos implicados habrían expedido alrededor de 600 cédulas de ciudadanía fraudulentas, cobrando entre 5 y 10 millones de pesos por cada documento.
En un comunicado emitido el 23 de septiembre, la Registraduría Nacional informó la cancelación de 1.038 cédulas de ciudadanía otorgadas de manera fraudulenta a extranjeros. La mayoría de los documentos anulados pertenecían a ciudadanos dominicanos, venezolanos y ecuatorianos. Los departamentos con mayor cantidad de cédulas fraudulentas fueron Atlántico (265), Córdoba (253), Cesar (121) y Bogotá (139).
Los migrantes que obtenían estos documentos ilegales tenían como principales destinos Europa y Estados Unidos, con escalas en países como Perú, Panamá, México y Ecuador. La mayoría de los implicados en el esquema de tráfico de migrantes tenían entre 19 y 30 años, representando el 62% de los casos identificados por las autoridades.