La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, solicitó a la juez tercera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que dicte medida de aseguramiento en centro carcelario contra Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones.
La petición se basa en su presunta vinculación con un entramado de corrupción que habría desviado recursos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la Fiscalía, Ortiz habría actuado como enlace entre exfuncionarios de la Unidad y el expresidente del Senado, Iván Name, para facilitar el pago de un soborno de 3.000 millones de pesos, proveniente de un contrato con sobrecostos para el envío de 40 carrotanques con agua al departamento de La Guajira.
El ente investigador presentó documentos, audios y testimonios de antiguos directivos de la UNGRD que, según ellos, evidenciarían la participación activa de Ortiz en este esquema de corrupción. Por estos hechos, la exconsejera fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Ortiz, quien ha negado rotundamente las acusaciones, reiteró su inocencia durante la audiencia y rechazó los cargos en su contra. Sin embargo, la Fiscalía asegura contar con elementos probatorios suficientes para demostrar su implicación en el caso.