Más de 20.000 personas podrían beneficiarse de la modulación de una sentencia que ordena su desalojo.
El juez Quinto Civil del Circuito de Valledupar, Roger Carrillo, visitó las invasiones Brisas de La Popa, Los Guasimales, Bello Horizonte 2 y Altos de Pimienta, ubicadas en el predio Sabana 1. La inspección judicial se realizó en compañía de la Secretaría de Gobierno Municipal, la Defensoría del Pueblo y líderes de la comunidad, con el propósito de evaluar la posible modulación de la Sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional, que ordena el desalojo de estas tierras.
El recorrido permitió verificar los límites del predio, las condiciones de los asentamientos y las necesidades de sus habitantes, quienes han vivido en el lugar durante más de una década. Según Consuelo Blanco, líder de Brisas de La Popa, esta es la primera vez que un juez visita los asentamientos. “Ahora el juez puede ver cómo están conformadas las invasiones y la magnitud del problema. No solo somos nosotros, hay una población mucho más grande en este terreno”, explicó.
En el lugar habitan familias en condición de vulnerabilidad, incluidas personas de especial protección constitucional, lo que motivó a la administración municipal a solicitar la modulación del fallo para involucrar más entidades y buscar alternativas como la compra del predio Sabana 1
El secretario de Gobierno de Valledupar, Jorge Pérez, destacó que la administración está comprometida en legalizar el terreno para realizar inversiones en infraestructura, servicios básicos y proyectos sociales. “Nuestro objetivo es garantizar una solución definitiva que permita mejorar la calidad de vida de estas comunidades”, afirmó.
La inspección también incluyó la elaboración de mapas, levantamientos topográficos y estudios de títulos para viabilizar una eventual adquisición del predio, que pertenece a la familia Pimienta.
El predio Sabana 1 fue invadido en 2008 por más de 800 familias. En respuesta, el entonces propietario, Alberto Pimienta Cotes, inició una querella para desalojar a los ocupantes, pero no logró su objetivo. En 2011, la Corte Constitucional ordenó el desalojo a través de la Sentencia T-946, pero en 13 años ningún alcalde de Valledupar cumplió con este mandato.
El reciente acercamiento entre la Alcaldía y los representantes legales de la familia Pimienta abre la posibilidad de resolver el conflicto de manera negociada. Durante una audiencia celebrada el pasado 12 de diciembre, ambas partes acordaron trabajar conjuntamente para encontrar una salida definitiva que contemple la compra del terreno y la regularización de los asentamientos.
Con esta nueva diligencia judicial, se abre una esperanza para miles de familias que buscan una solución digna y justa a una problemática que ha perdurado por más de una década.