La Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol) hizo un contundente llamado al Gobierno Nacional y a organismos internacionales, exigiendo medidas inmediatas que garanticen la protección de los líderes religiosos en el país. Esto tras la masacre ocurrida el pasado 29 de diciembre de 2024 en Aguachica, Cesar, donde la familia Lora Rincón perdió la vida, un hecho que ha conmocionado a la nación.
“Es alarmante que, en un contexto donde la libertad religiosa debería ser protegida, esta sea vulnerada de manera sistemática”, expresó Cedecol en un comunicado. La entidad subrayó la desprotección en la que se encuentran ministros de culto y líderes religiosos, resaltando que estos son gestores de paz y promotores de valores éticos en la sociedad.
La organización señaló que no se descarta que el ataque contra la familia Lora Rincón esté relacionado con su pertenencia a una congregación religiosa. “Este trágico episodio se suma a los numerosos casos de persecución y amenazas que enfrentan líderes religiosos en muchas partes de Colombia, especialmente en regiones como Cauca, Pasto, Sur de Bolívar y otras. La falta de medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección deja en evidencia un vacío en la salvaguarda de quienes dedican su vida al servicio espiritual y social de sus comunidades”, afirmó Cedecol en su mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro.
Además, la Confederación pidió al Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) implementar políticas y acciones que garanticen la seguridad de los líderes religiosos y miembros de sus congregaciones.
“Colombia no puede permitirse ser un país donde la fe y el servicio sean motivos de persecución. Es urgente que la libertad religiosa, un derecho fundamental, sea protegida con el mayor compromiso”, concluyó Cedecol.
El asesinato de la familia Lora Rincón, cuya causa aún está bajo investigación, ha generado un debate nacional sobre la vulnerabilidad de los líderes religiosos y la necesidad de fortalecer la protección de los derechos fundamentales en el país.
