Un juez penal ambulante del circuito de control de garantías de Riohacha legalizó las capturas de Elena Ruiz Acosta, Heden Ahmed Pinto Fuentes y Kizay Salas Camargo, implicados en un presunto fraude millonario mediante el cobro ilegal de títulos judiciales.
Según la Fiscalía, estos tres procesados deberán responder por, al menos, cinco delitos graves: concierto para delinquir, peculado por apropiación, hurto por medios informáticos, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad ideológica en documento público. Las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento quedaron programadas para este lunes 14 de julio.
La investigación reveló un esquema delictivo que habría iniciado en 2016, mediante el cual se cobraban títulos ejecutivos judiciales como certificados de deudas que muchos beneficiarios desconocían o ya habían prescrito. En algunos casos, los documentos correspondían a personas ya fallecidas.
Se estima que el valor del fraude supera los 2.000 millones de pesos, y sólo a través de uno de los implicados se habrían gestionado cerca de 490 millones en más de 1.700 títulos desde 2020. Este caso continúa bajo reserva judicial, mientras la Fiscalía no descarta nuevas capturas en las próximas etapas del proceso.