La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, consistente en su destitución e inhabilidad general por un periodo de 10 años. La medida obedece a las irregularidades detectadas en la licitación pública para la producción y entrega de pasaportes, proceso que fue declarado desierto por el entonces canciller.
Según el fallo, la decisión de Leyva careció de justificación legal y no estuvo orientada a garantizar el principio de selección objetiva, tal como lo exige la normatividad en materia de contratación.
El ente de control ratificó que la determinación adoptada por el exministro se fundamentó en el hecho de que al proceso únicamente se presentó un único oferente, con lo que ya estaba inhabilitado para declarar desierta la licitación pública, dado que cumplía con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones.
La Procuraduría concluyó que con esta actuación se vulneraron principios fundamentales de la contratación pública como la transparencia, la economía y la responsabilidad. Por tal motivo, calificó la falta disciplinaria del exministro como gravísima y cometida a título de dolo.
El fallo, suscrito por el Procurador General, quedó en firme al tratarse de una decisión de segunda instancia que no admite recursos adicionales.