La polémica entrega de la finca La América en Chimichagua dejó al descubierto lo que muchos llaman tres grandes engaños.
Primer engaño: El predio fue vendido por el Fondo de Reparación de Víctimas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sin tener sentencia de extinción, solo una medida cautelar. Es decir, se enajenó ilegalmente una tierra que aún tenía dueño.
Segundo engaño: Se denunció que beneficiarios no eran campesinos, sino personas cercanas a contratistas y al petrismo regional, contradiciendo el discurso oficial de reforma agraria.
Tercer engaño: Los campesinos que ya trabajan el predio podrían ser desalojados, pues un tribunal declaró la venta ilegal y ordenó devolver la tierra a su propietario inicial.
El socio de la finca habla de “persecución de la ANT”, mientras campesinos piden legalización para no quedar en el aire. La controversia revela cómo una entrega presentada como histórica puede terminar siendo otro capítulo de improvisación, clientelismo y engaño al campesinado.