La representante a la Cámara Lina Garrido acudió a la justicia tras denunciar que la Unidad Nacional de Protección se negó a entregarle un chaleco antibalas. Según relató en redes sociales, la entidad habría justificado su decisión con el argumento de que “no están matando congresistas”. El Juzgado 25 Administrativo de Bogotá admitió la tutela interpuesta por presunta vulneración al derecho fundamental de petición, lo que reaviva el debate sobre las garantías de seguridad para líderes políticos en Colombia.


