El viejo adagio que dice: “el pasado no perdona”, parece que empieza a cobrar fuerza en la historia política del exalcalde de Valledupar, Mello Castro González; el hombre que ha contado con la suerte de dar tiro al blanco en cada una de sus aspiraciones, al parecer, cortaría con su buena racha en su próximo proyecto político, como causa de su paso por la administración municipal, donde dejó más de una cuenta pendiente, que hoy pone en entredicho su nombre para aspirar al Congreso de la República.
Ad portas de que se abra paso a las inscripciones para que los aspirantes al Congreso de la República oficialicen sus nombres ante la Registraduría Nacional, son muchas las cartas sobre la mesa de lo que será el panorama político en el Cesar. Suenan varios nombres, algunos repitentes y otros nuevos para el Senado y la Cámara de Representantes. Específicamente para esta última aspiración aparece el exalcalde de Valledupar, Mello Castro González, quien suena como posible candidato por el partido Liberal, sin embargo, no todo está dicho y son varias las arandelas que le están enredado el camino.
Lo primero que hay que decir, es que, en los corrillos políticos, suena una fuerte posibilidad de que el Representante a la Cámara, Carlos Felipe Quintero, decline de su aspiración por el partido Liberal, es decir no haría equipo en esta lista, aun cuando lo que se espera es que tanto el parlamentario, como el precandidato se inscriban por la lista roja y que cada uno sume un candidato más, para cumplir el cuarteto que se requiere para conformar este listado. De darse esta posibilidad, ‘Pipe’ no repetiría sus intenciones, y daría paso a su hermano, el exconcejal de Valledupar, Luis Fernando Quintero, para que integre la lista del Equipo Azul.
Frente a esta posibilidad y la organización de la lista Liberal, se le consultó al exalcalde Mello Castro, sobre su baraja de posibilidades para fortalecer su aspiración, a lo que respondió que: “eso es con el partido”, era decisión del partido. Lo que se cree es que, a la fecha, Mello Castro no logra consolidar el grupo que respalde su nombre y por ende lo acompañe en esta nueva travesía política.
El lastre del Mello
El relicario de desaciertos que le dejó la administración al Mello Castro González, no le cabe una joya más, la primera y más grande de todas, le da los buenos días a la ciudad diariamente: las foto multas, un negocio a 30 años que inició en su último año de gobierno, en el mes de enero del año 2023, el exalcalde de Valledupar, le entregó la operación del Tránsito de Valledupar a una empresa privada de la ciudad de Barranquilla por los próximos 30 años (hasta el 2053) bajo una Sociedad de Economía Mixta (SEM), donde el sector privado ostenta la mayoría accionaria con un 55%, mientras que el Municipio participa con un 45%.
La licitación de la Sociedad de Economía Mixta, denominada “Movilidad y Seguridad en Orden SEM S.A.S”, la cual se constituyó el 25 de enero del 2023 fue autorizada por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 010 del 3 de agosto de 2022, quienes le dieron las facultades al exmandatario.
En el estudio de viabilidad empresarial para la conformación de una Sociedad de Economía Mixta (SEM) en la ciudad, se expuso los ingresos proyectados SEM durante los 30 años de operación, allí se pudo evidenciar que durante el primer año de operación proyectan recaudar alrededor de $5.928 millones, lo que representa un 53,3% más que los ingresos actuales y sumando los primeros 5 años de funcionamiento, ambicionan recaudar por sus servicios y comparendos casi $50.000 millones de pesos.
Lo curioso de esta decisión que afecta el bolsillo de los valduparenses, es que, en el año 2019, cuando el exmandatario hacía su proselitismo político para llegar al palacio municipal, hizo una promesa al gremio de mototaxistas, en la que aseguraba tirar las llaves de las cama bajas al río Guatapurí para dejar libres a los mototaxistas en Valledupar, esto con el fin de usarlo como caballito de batalla, aprovechando que para ese entonces el panorama en cuanto al Tránsito municipal, era desalentador para este gremio. Lo cierto es que nunca lo hizo y al final terminó colocando la cereza del pastel, foto multa para todo el mundo.
La pista de BMX, un fiasco en reparación
Los más de 5 mil millones de pesos invertidos en la pista de BMX ubicada en el barrio Villa Dariana terminó convertida en una obra deteriorada, peligrosa, sin terminar y en la mira de la Procuraduría General de la Nación. Esta obra, anunciada por el gobierno de Mello Castro, como una gran inversión y que se supone debió estar lista para los Juegos Bolivarianos 2022. Sin embargo, tres años después el panorama muestra que los daños que son estructurales, por mala planificación y construcción en sí de la pista, sin ser los responsables los usuarios, superan los $1.500 millones.
Según manifestó la Contralora Municipal, Angelica Olarte, desde que se recibió esa obra han encontrado hallazgos, y actualmente están a la espera de ver los avances que se supone debía tener la pista.
El ‘negociazo’ del POT
En julio de 2022, el gobierno de Mello Castro firmó un contrato interadministrativo con la Universidad del Magdalena por 3.000 millones de pesos, con el objetivo de realizar la “revisión, ajustes y modificación excepcional de normas urbanísticas del POT”. Sin embargo, este estuvo rodeado de inconsistencias técnicas, legales y de forma.
Según explicó, Carlos Añez, en un artículo que se publicó meses atrás, el contrato, que debía ejecutarse en cinco meses, combina dos figuras distintas en un solo objeto contractual: la revisión del POT (que debió hacerse al inicio del periodo de gobierno) y su modificación excepcional (que exige causales claras como fuerza mayor o interés público demostrable). A ninguna de las dos se les dio el tratamiento legal correcto.
Además, se adjudicó de forma directa, cuando por ley se requería un concurso de méritos, ya que las actividades contratadas corresponden a una consultoría, y no a un simple convenio entre entidades públicas. Como si fuera poco, la Universidad del Magdalena contratada “a dedo”, fue la encargada de justificar técnicamente una modificación urbanística que terminó beneficiando intereses privados.
El resultado: la ciudad pagó miles de millones por una revisión que no correspondía al momento y que fue usada para legitimar una cuestionada modificación del POT, con la que se “voltearon tierras” y se dio paso a un millonario negocio inmobiliario. ¿El resultado? La modificación amplió el perímetro urbano en 213 hectáreas, cambiando el uso de suelo rural a urbano. Para muchos, una maniobra que permitió el volteo de tierras y favoreció intereses privados bajo la excusa del desarrollo. La ciudadanía denunció irregularidades, falta de participación y un daño profundo a la planificación territorial de la ciudad.
