El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar vive una de sus etapas más cuestionadas. No se trata únicamente de la apatía de sus representantes, sino de un patrón repetitivo: la reelección constante de quienes deberían dar paso a nuevas voces.
La fotografía del CSU actual es reveladora:
- Juan Camilo López Nacimiento, el consejero estudiantil, ha sido reelegido, pero no se ha hecho notar en discusiones de fondo. Lo que debería ser la voz de la juventud, se ha convertido en un eco apagado. Consiguió reelegirse pese a haber terminado su carrera en derecho y hoy cursa otra de la facultad de ciencias económicas y contables. Para conservar el asiento, inició una nueva carrera.
¿Coincidencia académica o jugada política?, se preguntan las fuentes de la UPC que hablaron con La Calle.
- Joaquín Fernando Manjarrez Murgas, delegado de los gremios, completa seis años en el cargo, más cuatro de reelección: diez años en total. “Es un ejemplo extremo de atornillamiento que debería prender las alarmas”, dijo uno de los consultados.
- Carlos Morón Cuello, representante de los exrectores, lleva seis años en el cargo y fue reelegido nuevamente. “¿Pareciera ser que está más interesado en juegos de poder que en el bienestar de la universidad pública? Lo curioso: hoy representa los intereses de una universidad pública, mientras ejerce como rector de una institución privada. ¿Un ‘gallo tapao’ en medio del tablero político?”, reveló la misma fuente
- José Carlos Pérez Yanci, con cuatro años en el cargo y nueva reelección, repite la fórmula que ya parece la norma en el CSU.
El patrón es claro: Los expertos no dudan en afirmar “reelecciones sin límite real, sin controles efectivos y con una comunidad académica desconectada de las decisiones”.
Un Consejo atrapado en la inercia
En un país donde la palabra democracia se invoca a diario, pero rara vez se materializa en las instituciones, el Consejo Superior Universitario (CSU) se ha convertido en un símbolo de la permanencia indefinida y del desgaste institucional. La figura del “atornillamiento” –es de quedarse pegado al cargo como si fuera un trono vitalicio– describe con exactitud lo que ocurre en este órgano de dirección, que debería encarnar la pluralidad de la comunidad universitaria.
El Decreto Presidencial 391 del 1 de abril de 2025, que obliga a las instituciones estatales de educación superior a diseñar e implementar planes de formalización laboral, debió marcar un punto de quiebre en la gestión universitaria. Sin embargo, lo que se percibe es todo lo contrario: un rector sumido en la lentitud, una institución atrapada en el olvido y un CSU convertido en escenario de pasividad.
Lo que debería ser un espacio de debate abierto y defensa de los intereses de docentes, estudiantes y gremios, se ha transformado en una mesa de sillas ocupadas, muchas veces silenciosas, otras tantas complacientes. La comunidad espera respuestas, pero lo que encuentra es inercia.
¿Quién controla los cargos que deberían ser de todos?
El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar, atraviesa una crisis silenciosa que usa su legitimidad y refleja las prácticas más enquistadas de la política nacional: la reelección indefinida, el clientelismo y el amarre de poder. Lo que debería ser un espacio de representación democrática se ha convertido en un escenario de “atornillamiento” institucional, donde varios consejeros parecen haber encontrado la fórmula para no soltar sus sillas.
Ni la entrada en vigencia del Decreto Presidencial 391 del primero de abril, que ordena a las universidades estatales implementar planes de formalización laboral, ha logrado sacudir la inercia de un CSU plagado de ausencias, silencios y permanencias prolongadas.
Los nombres del silencio
El análisis de los representantes del CSU deja claro que no estamos frente a un descuido momentáneo, sino frente a un patrón sostenido de reelecciones, silencios estratégicos y permanencia indefinida.
Maniobras y silencios
El problema no se limita al tiempo que llevan en el cargo. Las maniobras electorales son parte esencial del engranaje del atornillamiento. Fuentes internas señalan que existe la intención de adelantar el calendario electoral y ubicarlo en temporada de vacaciones, lo que reduciría la participación efectiva de estudiantes y docentes. ¿Quién gana con un proceso electoral desierto? Siempre los mismos: los que ya están sentados en la mesa.
Afirma la fuente que este tipo de jugadas no son nuevas en la política institucional. «Lo preocupante es que se normalicen en espacios universitarios que deberían ser ejemplo de transparencia. La pregunta que flota es inevitable: ¿han contado estos consejeros con el respaldo del rector? Su silencio ante las reelecciones, sumado a la lentitud en implementar el Decreto 391, sugiere una relación de conveniencia. Mientras ellos mantienen sus cargos, él evita enfrentamientos», recalcó.
Pero hay un dato aún más inquietante: Desde la óptica de los expertos se les hace raro que “no hay investigaciones abiertas contra ningún miembro del CSU”. Ni Procuraduría, ni Contraloría, ni veedurías universitarias han hecho eco de las denuncias sobre la permanencia indefinida. La omisión es total.
El impacto del atornillamiento en el CSU
Las consecuencias del atornillamiento en el CSU son profundas:
- Los docentes se ven sin un vocero que defienda sus derechos laborales y la implementación del Decreto 391.
- Los estudiantes, que deberían tener una representación vibrante, se encuentran con consejeros cuya prioridad es conservar su silla antes que levantar la voz.
- Los gremios, invisibilizados, pierden su capacidad de incidencia en políticas académicas y económicas.
- La gobernación y los delegados del Gobierno Nacional, llamados a ser garantes de equilibrio, permanecen sumidos en la irrelevancia.
En este escenario, la universidad corre el riesgo de convertirse en una institución “prisionera de sus propios consejeros” Señalan los estudiosos. Incapaz de renovarse, incapaz de responder a los retos que exige la educación pública en el país.
La situación no es aislada. En otras universidades públicas de Colombia, se han denunciado maniobras similares: consejeros que prolongan sus cargos, rectores que permiten la pasividad y comunidades académicas que se desmovilizan. Lo que ocurre en el CSU es un espejo de una práctica nacional: el clientelismo académico disfrazado de democracia universitaria.
Las preguntas quedan abiertas:
- ¿Por qué un rector de universidad privada representa intereses dentro de una universidad pública?
- ¿Causalidad o casualidad que los mismos consejeros sigan atornillados pese a terminar sus periodos?
- ¿Qué explica el silencio de los sindicatos y colectivos frente a maniobras tan evidentes?
- ¿Quién gana con este sistema que perpetúa silencios y bloquea la alternancia?
La recomendación a la comunidad universitaria es clara: ojo con el voto. Si se permite que el calendario electoral se adelante en vacaciones, si se repite el esquema de reelecciones sin control y si se tolera el silencio cómplice, el CSU seguirá siendo una propiedad de pocos en lugar de una representación de muchos.
El Consejo Superior debería ser la voz de la democracia universitaria. Hoy, tristemente, parece un club privado donde entrar es difícil y salir es casi imposible.
Este medio intentó contactarlos en reiteradas ocasiones para conocer su versión, pero ninguno respondió a las llamadas. El silencio fue total. Solo se supo que el consejero Yance estaba en un evento en Cartagena, pero tampoco atendió el llamado para dar su explicación.