La pregunta que se repite en los pasillos de la UPC es directa:
• ¿Se ha convertido la representación de los exrectores en una puerta de entrada para intereses privados dentro de la universidad pública?
• ¿La UDES está usando a Morón como un “caballo de Troya” institucional para asegurar que la UPC siga atrapada en su propia parálisis?
La sola posibilidad debería encender alarmas en el Ministerio de Educación, en la comunidad universitaria y en las autoridades de control.
¿Estrategia comercial disfrazada de representación universitaria?
La crisis que atraviesa el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar (UPC) no es un secreto. Reelecciones sucesivas, silencios cómplices han convertido al máximo órgano de dirección en un escenario de pasividad y permanencia indefinida.
Pero entre todos los cuestionamientos, hay un nombre que despierta una inquietud mayor: Carlos Morón Cuello, actual representante de los exrectores de la UPC, quien de manera simultánea ostenta el cargo de rector en la Universidad de Santander (UDES), una institución privada.
La pregunta se impone: ¿Está la UDES influyendo en el estancamiento de la UPC a través de la presencia de Morón?
En teoría, la representación de los exrectores en el CSU debería estar orientada a defender el interés de la UPC como institución pública. Sin embargo, la condición actual de Morón —al frente de una universidad privada con intereses comerciales claros— genera dudas sobre un posible conflicto de interés.
¿Puede alguien dirigir una institución privada mientras influye en las decisiones estratégicas de una universidad pública?
¿Es posible garantizar independencia en las decisiones cuando los dos proyectos educativos, público y privado, compiten por estudiantes, recursos y prestigio académico?
En la comunidad académica de la UPC empieza a tomar fuerza la hipótesis de que la pasividad del CSU no es simple descuido, sino parte de una estrategia calculada.
Un consejero que representa exrectores, pero trabaja activamente por una universidad privada, podría tener incentivos para mantener a la UPC en la inercia:
• Una universidad pública debilitada pierde atractivo para nuevos estudiantes.
• Una institución con problemas de gobernabilidad y lentitud administrativa abre espacio para que universidades privadas capten la matrícula.
• El “atornillamiento” de los consejeros garantizaría que el statu quo se mantenga, sin que nadie agite el tablero.
¿Es entonces casualidad que la UDES crezca mientras la UPC se estanca?
La falta de respuesta por parte de Morón y de los demás consejeros aumenta la desconfianza. Este medio intentó contactarlos en reiteradas ocasiones, pero ninguno respondió a las llamadas.
Ese silencio institucional refuerza la percepción de un CSU blindado, cómodo en su inmovilidad y ajeno a las exigencias de la comunidad académica.
Aún más preocupante resulta que ni Procuraduría ni Contraloría ni veedurías internas se hayan pronunciado sobre este posible conflicto de interés.