La Contraloría General de la República confirmó que los desplazamientos aéreos realizados por Juliana Guerrero, entonces secretaria ejecutiva del despacho del ministro del Interior, generaron un posible daño patrimonial superior a los $200 millones. Los vuelos, efectuados en aeronaves de la Policía Nacional y con destino a Valledupar y Aguachica, fueron utilizados para asistir a sesiones del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, tareas que, según el organismo de control, no guardaban relación con la misionalidad del Ministerio del Interior.
El ente de control determinó un hallazgo con connotación fiscal dentro del Convenio 400-2025, que autorizó vuelos en avión y helicóptero durante los días 19 y 20 de junio de 2025 en la ruta Bogotá–Valledupar–Aguachica–Valledupar. La Contraloría concluyó que la utilización de recursos para actividades ajenas al fin institucional representó una gestión “ineficaz, ineficiente y antieconómica”, con una afectación calculada en $213.548.069.
Ante los resultados, la entidad ordenó al Ministerio del Interior presentar un plan de mejoramiento en un plazo máximo de 15 días hábiles y evaluar la apertura de investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que gestionaron y aprobaron los desplazamientos. El organismo recordó que la normatividad fiscal exige que los recursos públicos se administren bajo los principios de eficiencia, legalidad y economía, advirtiendo que actuaciones contrarias pueden derivar en responsabilidad fiscal.
El caso ha generado repercusión en Valledupar, especialmente entre sectores académicos de la UPC, donde Guerrero actuaba como delegada del presidente Gustavo Petro. La joven vallenata, quien enfrenta cuestionamientos adicionales por la nulidad de su título universitario, ha asegurado que los desplazamientos hacían parte de una agenda delegada dentro del proceso de paz total, argumento que reiteró en entrevistas radiales.