Jairo Alfonso Aguilar Deluque inició con pie izquierdo este fin de año. Informes periodísticos de enero daban fe el contubernio entre la gobernación y la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. (Esepgua) para la millonaria contratación de soluciones de agua y alcantarillado en La Guajira. Hasta el presidente Gustavo Petro llegó a acusar de “traficante del agua” al senador guajiro Alfredo Deluque, aliado político de su primo el gobernador Jairo Aguilar. Este maletín de contratos, que ha sido una constante en todo el año, no ha sido lo único que desdibuja la pésima gestión de Aguilar Deluque: a mediados de año se conoció un escándalo por el ‘embolate’ de $5.800 millones destinados a bibliotecas del departamento; sin embargo, estos dos casos, ya de por sí suficientes, no son los únicos que empañan la pésima gestión del gobernador Jairo Aguilar
Muchos millonarios contratos y nada de agua
El 4 de enero del presente año, se firmó el contrato para la “construcción de la línea de aducción, desde la válvula ADR de la represa del río Ranchería a la PTAP del municipio de San Juan del Cesar” por un valor de diez mil doscientos cuarenta y siete millones novecientos diecisiete mil seiscientos cuarenta y seis ($10.247.917646); la fecha de inicio de obra fue el 29 de abril de 2024, la terminación debía estar para el 29 de octubre; sin embargo, tuvo una suspensión el 27 de septiembre del mismo año con fecha de reinicio el 11 de diciembre de 2024 para, supuestamente, terminar el 13 de enero de 2025. No obstante lo anterior, mediante Modificatorio 01, se da otra prórroga con un plazo adicional de dos meses y 15 días. Así las cosas, la nueva fecha de terminación de la obra sería para el 28 de marzo de 2025. Aún hoy nadie da razón de la inauguración de la obra. Y para acabar de rematar, el 25 de octubre del presente año, la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. (Esepgua) celebró el Primer Contrato para la “construcción de línea de conducción desde la Ptap del municipio de San Juan del Cesar hasta los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao en el departamento de La Guajira”, por un valor de $24.745.009.751.
El 25 de mayo de 2023, se firmó el contrato para la “optimización del sistema de acueducto del municipio de La Jagua del Pilar”, por un valor de dos mil novecientos setenta y un millones, seiscientos cinco mil ochocientos cuarenta y siete pesos ($2.971.605.847), con Consorcio AC La Jagua del Pilar. El plazo de ejecución era de siete meses: con fecha de inicio el 10 de agosto de 2023, debía terminar el 24 de marzo de 2024; sin embargo, con tres prórrogas durante la administración del gobernador Jairo Aguilar, la nueva fecha de terminación estaba programada para el 15 de septiembre de 2024. Y también en 2024, a este contrato se le adicionaron doscientos noventa y nueve millones, novecientos treinta mil trescientos cincuenta y uno. Y así pasa con el famoso sistema de pilas públicas de agua para la alta Guajira y otros ‘acueductos’ en otros municipios.
Los $5.800 millones embolatados de las bibliotecas públicas de La Guajira
El 16 de julio de 2025, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Riohacha ordenó al gobernador Jairo Aguilar Deluque, en su calidad de representante legal de la Gobernación de La Guajira, entregar una respuesta clara y completa sobre el uso del 3 % de los recursos provenientes de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo, asignados por ley al fortalecimiento de las bibliotecas públicas del departamento. Representantes del sector cultural, quienes han solicitado mantener la reserva de su identidad por temor a represalias, denuncian que los $5.800 millones recaudados por concepto de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo no se han invertido en el fortalecimiento del sistema bibliotecario. Aseguran que muchas bibliotecas públicas de La Guajira se encuentran en condiciones precarias, con graves limitaciones en sus servicios y lejos de cumplir con los estándares establecidos por la Ley de Bibliotecas Públicas. Además, señalan que tampoco se habría dado cumplimiento a la Ordenanza 139 de 2004, norma que creó la Biblioteca Pública Departamental y la Red Departamental de Bibliotecas Públicas, y que obliga a las autoridades a garantizar su funcionamiento y canalizar los recursos necesarios para su operación y sostenibilidad, a pesar de que ya han pasado 20 años desde su promulgación.
Utiliza a la ONU para amarrar contratos
Desde enero de 2022 hasta la fecha la gobernación y World Food Programme – WFP (Programa Mundial de Alimentos- PMA), de la ONU, han firmado cuatro convenios “para la implementación y fortalecimiento del programa de alimentación escolar en los 12 municipios no certificados del departamento de La Guajira”. En ambas administraciones (la de Nemesio Roys, incluyendo al encargado José Vega Vence, y la de Jairo Aguilar) se han firmado cuatro convenios que suman $148.403.909.388. “Es mucha plata a la que no se le puede hacer veeduría ni control porque los operadores no fueron escogidos a través de licitación: ahí está la viveza de este par de gobernadores para contratar con la ONU”, dijo otra de las fuentes a La Calle. Y lo que parecía ser una loable realidad, según analistas consultados por el Semanario La Calle, se convirtió “en una descarada forma de evadir el control, la veeduría y la fiscalización colombiana para entregar los contratos de alimentación escolar a los amigos de siempre”.
La bofetada que le dieron los jóvenes al gobernador Jairo Aguilar
Ante las evidentes trabas y la dilatación por parte del gobernador de La Guajira, Jairo Alfonso Aguilar Deluque, a la creación de políticas públicas para la juventud del departamento, los jóvenes guajiros idearon, como una forma de protesta, y aprovecharon su propia elección, la de los Consejos Municipales de Juventud, para exigirle al gobernador Aguilar que cumpla el mandato de la ley en ese sentido. “La segunda papeleta fue un llamado a la acción a la gobernación, que está en incumplimiento desde hace mucho tiempo, pues los departamentos, dice la ley, tienen un máximo de 9 meses para comenzar la formulación, la implementación y la garantía de las políticas públicas. Imagínese que la primera elección fue el 5 de diciembre de 2021. Y hasta el sol de hoy, nada de política pública departamental de juventud en La Guajira. Por eso, metimos esa segunda papeleta en las urnas”, dijo un líder juvenil a La Calle.