Una nueva denuncia pública vuelve a poner bajo la lupa el manejo administrativo de la Alcaldía de Riohacha, luego de que varios medios de comunicación local revelaran presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de personal durante el cambio de vigencia contractual y la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
Según la información conocida hasta el momento, más de 30 contratistas habrían quedado sin empleo y sin recibir pago alguno, pese a contar con contratos vigentes y estar vinculados a proyectos que continuaban en ejecución. Los hechos se habrían presentado en los meses de diciembre y enero, periodo en el cual de acuerdo con los denunciantes los trabajadores continuaron prestando sus servicios bajo la promesa de una renovación contractual que finalmente no se concretó.
De acuerdo con especialistas en el tema, esta situación no solo configuraría una grave falta administrativa, sino que además representaría una vulneración directa de los derechos laborales de decenas de personas, muchas de ellas jefes de hogar, que hoy enfrentan una profunda incertidumbre económica.
Promesas, silencios y responsabilidades
Uno de los aspectos más delicados de la denuncia radica en que, presuntamente, desde la administración municipal se habría generado una expectativa de continuidad laboral antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, lo que llevó a los contratistas a seguir cumpliendo con sus funciones. Sin embargo, una vez iniciada dicha restricción legal, la mayoría de los contratos no fueron renovados, sin que mediara una explicación clara ni una comunicación oficial oportuna.
Hasta donde ha podido establecer este medio, y con base en la información suministrada por los propios afectados, únicamente dos secretarías Salud y Educación habrían realizado renovaciones contractuales. El resto de las dependencias no continuó con los vínculos laborales, lo que pone en entredicho la planeación administrativa y el manejo responsable del recurso humano en la Alcaldía.
Cabe señalar que la cifra inicial de 30 contratistas afectados podría ser incluso mayor. Diversos testimonios recibidos de manera anónima indican que el número de personas perjudicadas podría aumentar a medida que avanza la revisión de la información.
Denuncias anónimas y temor a represalias
Este medio ha recibido múltiples mensajes de contratistas que, por razones evidentes, han solicitado mantener el anonimato. El temor a represalias laborales y administrativas ha llevado a que muchos de los afectados prefieran no dar la cara públicamente, una situación que, lejos de restarle peso a la denuncia, refleja el nivel de desprotección en el que se encuentran quienes dependen de la contratación estatal.
La labor periodística que se adelanta busca precisamente visibilizar presuntos abusos de funcionarios públicos y exigir transparencia en el manejo de los recursos y del talento humano del Estado.
Verificación en curso
Actualmente, toda la información relacionada con los contratos y proyectos de la presente vigencia está siendo corroborada a través de la plataforma oficial del SECOP, con el fin de contrastar los datos suministrados por los denunciantes y establecer con precisión el número real de contratistas afectados, así como las dependencias involucradas.
La ciudad exige respuestas
En una ciudad como Riohacha, históricamente golpeada por el desempleo, la informalidad y la debilidad institucional, este tipo de situaciones profundizan la desconfianza ciudadana y deterioran aún más la relación entre la administración municipal y quienes trabajan para ella.
Por ello, la opinión pública espera una respuesta clara y oportuna del alcalde Genaro Redondo y de su equipo de gobierno. La ciudad merece explicaciones sobre lo ocurrido, así como garantías de que no se repetirán prácticas que pongan en riesgo la estabilidad laboral y la dignidad de los trabajadores.
Los contratos
Otro punto que hoy genera interrogantes tiene que ver con la información publicada en la plataforma oficial del SECOP, donde, hasta la fecha de este año 2026, aparecen registrados aproximadamente 122 contratos asociados a la administración municipal. La inquietud que surge entre los denunciantes y distintos sectores ciudadanos es si estos corresponden a nuevas vinculaciones contractuales y, de ser así, qué ocurrió entonces con los contratistas que aseguran haber quedado sin pago ni renovación pese a continuar prestando sus servicios durante varios meses.
Esta situación abre un debate necesario sobre la planeación administrativa, la transparencia en la contratación pública y la responsabilidad institucional frente al talento humano que sostiene buena parte de la gestión municipal. Si efectivamente hubo expectativas de continuidad laboral que luego no se materializaron, o si se dio paso a nuevas contrataciones mientras antiguos contratistas quedaron en el limbo, la administración deberá ofrecer explicaciones claras у verificables, que a pesar de que este medio de comunicación consultó, no fue posible obtener respuesta.