El exmandatario municipal de El Copey, Francisco ‘Kiko’ Meza Altamar, continúa inmerso en un proceso penal y disciplinario que ha marcado su carrera política y generado amplio seguimiento por parte de la comunidad, pero poco interés en los entes de control.
La historia judicial de Meza Altamar se remonta a junio de 2023, cuando fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en Valledupar, en cumplimiento de una orden judicial por presuntas irregularidades en la celebración de contratos durante su periodo como alcalde.
La Fiscalía investigó la adjudicación de 14 contratos por más de 4.000 millones de pesos a organizaciones vinculadas directa o indirectamente con el exalcalde y allegados, lo que constituye interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo, y concierto para delinquir agravado.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías ordenó que Meza Altamar cumpliera prisión domiciliaria bajo supervisión electrónica, medida que también fue impuesta a otros involucrados en la investigación.
Avances y decisiones de los entes de control
Además de la investigación penal, el caso trascendió al ámbito disciplinario. La Procuraduría Provincial de Valledupar en su momento abrió una investigación disciplinaria contra Meza Altamar y otros funcionarios de su administración, con el fin de establecer posibles faltas a los deberes del cargo en la gestión municipal.
Estas actuaciones muestran que los mecanismos de control interno del Estado fueron activados tanto en la esfera judicial como en la administrativa, respaldados en los principios de transparencia y buen manejo de los recursos públicos.
Repercusiones políticas y administrativas
A raíz de la judicialización, Meza Altamar presentó en septiembre de 2023 su renuncia al cargo de alcalde, argumentando compromisos con el bienestar de la comunidad y dejando al municipio bajo la dirección de un alcalde encargado.
El proceso tuvo resonancia en el municipio, pues en el pasado incluso se promovió un intento de revocatoria del mandato, aunque la Registraduría Nacional del Estado Civil no avaló las firmas necesarias para adelantarlo, pero después de un tiempo todo quedó olvidado, al parecer los procesos ‘engavetados’ y el ex alcalde feliz de la vida, inclusive participando en politica.
Estado actual del proceso
Hasta la fecha, el proceso penal sigue su curso en los despachos de la Fiscalía y los operadores judiciales correspondientes. Las decisiones disciplinarias y eventuales pronunciamientos de otros entes de control, no han aportado claridad a la comunidad que pide se esclarezca el tema por lo que significa el monto de la cifra cuestionad para el municipio.
¿Qué pasa con el proceso?
La Calle conoció que el proceso judicial y disciplinario que enfrenta el exalcalde de El Copey, Francisco ‘Kiko’ Meza Altamar, continúa generando repercusiones políticas y sociales en el municipio, mientras no se ven avances en las actuaciones de los entes de control.
Consultando fuentes se estableció que la investigación penal, liderada por la Fiscalía General de la Nación, se centra en presuntas irregularidades contractuales durante su administración, particularmente en la adjudicación de contratos de ‘yo con yo’ (compra de terrenos que pertenecían a sus familiares y hasta de su propiedad y que fueron vendidos al municipio) hoy son objeto de revisión judicial. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación mantiene abiertas actuaciones disciplinarias para determinar posibles faltas relacionadas con el ejercicio del cargo, pero no avanza el proceso.
Reacciones de los entes de control
Tras contactarnos con el contralor departamental del Cesar, Luis Rodríguez Torres, manifestó que no tenía como brindarnos información relacionada con el proceso en curso. Esta postura puede obedecer a que las actuaciones fiscales se encuentran en etapa preliminar, lo que limita a los funcionarios a pronunciarse públicamente mientras se adelantan verificaciones, recaudo de pruebas o análisis en el proceso. En muchos casos, los entes de control evitan emitir declaraciones para no afectar el debido proceso ni interferir con investigaciones que aún no han concluido.
Por su parte, la falta de respuesta de Angelica Olarte en representación de la procuraduría regional, podría estar relacionada con los mismos criterios de reserva o con tiempos administrativos internos para autorizar pronunciamientos oficiales.