Alberto Mario Díaz Sosa, MD.
MSc (c) Fisiología Humana
Hablar de salubridad en Valledupar no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda pública. La salud pública no es un lujo ni un asunto exclusivo de especialistas: es la base del bienestar colectivo, del desarrollo económico y de la dignidad humana. Cuando el agua potable no es segura o su suministro es irregular, las consecuencias no se limitan a molestias pasajeras. Se traducen en infecciones, hospitalizaciones y costos que asumen tanto las familias como un sistema de salud ya debilitado. La calidad y vigilancia del agua deben ser prioridades permanentes, no reacciones tardías ante una crisis.
La problemática no termina allí. La creciente informalidad en la preparación y venta de alimentos, ya sea en la calle o en viviendas adaptadas como “cocinas ocultas”, plantea riesgos sanitarios que no pueden ignorarse. Muchos de estos emprendimientos surgen de la necesidad económica, pero la ausencia de control en la cadena de frío, en la calidad del agua utilizada o en la capacitación de manipuladores incrementa el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Estas no son simples indigestiones; pueden generar brotes colectivos, hospitalizaciones y complicaciones graves.
En este escenario surge una pregunta necesaria: ¿se está ejerciendo la supervisión que corresponde? La salubridad pública no puede depender únicamente de la buena voluntad de los comerciantes, ni de la suerte de los consumidores. Es deber de la administración municipal y de las autoridades sanitarias garantizar inspección, vigilancia y control efectivos. No se trata de perseguir al pequeño vendedor, sino de formalizarlo, capacitarlo y acompañarlo para que cumpla estándares mínimos que protejan la salud de todos.
La crisis del sistema de salud en Colombia agrava el panorama. Cada caso prevenible representa una carga adicional para hospitales con alta ocupación y limitaciones financieras. Cada intoxicación alimentaria o infección evitable ocupa una cama que podría destinarse a otra necesidad. El impacto no es solo sanitario, sino económico y social: cuando una persona enferma, disminuye su productividad, se afectan los ingresos del hogar y se debilita el desarrollo local. Como lo he señalado con convicción: “PUEBLO ENFERMO NO PRODUCE”.
La salubridad debe asumirse como una inversión estratégica. Cada recurso destinado a vigilancia sanitaria, educación en manipulación de alimentos y control de calidad del agua retorna en forma de menor gasto hospitalario y mayor productividad ciudadana. Sin embargo, esto exige voluntad política real. Con el propósito de conocer qué acciones se están adelantando frente a esta problemática, intenté contactar a varios concejales de la ciudad. Lamentablemente, de la mayoría no obtuve respuesta. El único que respondió oportunamente, demostrando preocupación seria y conocimiento sobre el tema, fue el concejal Jesús Perpiñán. Su disposición evidencia que es posible asumir este asunto con responsabilidad, pero un solo concejal no es suficiente.
Valledupar no puede normalizar la enfermedad como parte de su cotidianidad. No podemos aceptar que aumente la ocupación hospitalaria por causas prevenibles ni permitir que la falta de control afecte a los más vulnerables. La salubridad es un asunto de vida, desarrollo y justicia social. Es momento de exigir responsabilidad institucional, control político efectivo y resultados medibles. Porque la salud pública no es una estadística: es la condición esencial para que la ciudad pueda crecer y prosperar. Y lo reitero sin ambigüedades: “PUEBLO ENFERMO NO PRODUCE Y NO SE PUEDE MEJORAR LO QUE NO SE MIDE”