$14.300 millones en juego: El estadio de San Juan que no convence

En San Juan del Cesar, la remodelación del estadio Enrique Brito avanza entre cifras optimistas y preguntas incómodas. La obra, financiada con más de $14.300 millones del Sistema General de Regalías, promete modernizar el principal escenario deportivo del municipio, pero mientras el concreto se levanta, también lo hacen las dudas. No es solo lo que se construye. Es cómo se construye. Y, sobre todo, si lo que hoy se ejecuta corresponde realmente a lo que la comunidad esperaba —y a lo que se está pagando.

Avance en papeles, dudas en el terreno

Según reportes oficiales de finales de 2025, el proyecto alcanzaba un 50% de ejecución. Sin embargo, desde la misma veeduría se habla de un 64% reciente. Una cifra que contrasta con la percepción en campo. “Todavía lo que va… mire lo que va de la tapia”, advierte la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio 20 de Julio, donde se ubica el estadio, dejando entrever que el ritmo no necesariamente coincide con el discurso.

En obras públicas, la diferencia entre el porcentaje técnico y la percepción ciudadana suele ser el primer síntoma de desconexión. Aquí, esa brecha empieza a notarse.

Graderías: ¿mejoramiento o maquillaje?

Uno de los puntos más sensibles es la intervención de las graderías. Desde la administración y sectores cercanos al proyecto se insiste en que nunca se contempló construir nuevas estructuras, sino mejorar las existentes, pero desde la veeduría ciudadana el panorama es más crítico.

“No se evidencia una transformación de fondo, sino refuerzos y cambio de cubierta”, advierte el veedor Luis Horgelys Brito Ariza tras un recorrido de inspección. La pregunta cae por su propio peso: ¿una inversión de esta magnitud justifica una intervención que, en esencia, deja las graderías casi iguales? Lo que para unos es ‘mejoramiento’, para otros empieza a parecer un simple retoque.

La cancha: del fútbol tradicional al negocio del cemento

El cambio de la cancha de arena a una superficie sintética ha sido presentado como un salto de calidad; sin embargo, no todos lo ven así. Desde la defensa del proyecto se argumenta que ahora el escenario cumplirá con las normas del Ministerio del Deporte e incluirá pista atlética y espacios multipropósito. Es decir, dejaría de ser solo una cancha para convertirse en un ‘estadio integral’.

No obstante, el análisis desde la veeduría apunta en otra dirección. “La obra refleja una orientación clara hacia el concreto y el cemento, que es donde normalmente se concentran mayores utilidades”, advierte Brito Ariza. Más aún, surge una inquietud delicada:  la cancha podría estar siendo reducida en tamaño.

Aunque desde algunos sectores se justifica por ajustes a la normatividad, la percepción ciudadana es distinta: el espacio se ve más pequeño. Si esto se confirma, no sería un detalle menor. Estaría en juego la funcionalidad del escenario y el derecho de la comunidad a un espacio deportivo adecuado.

Una veeduría que se transforma desde adentro

El control ciudadano ha sido uno de los pilares de seguimiento a esta obra. En ese proceso, Eider González tuvo un papel inicial como veedor, antes de asumir su actual rol como coordinador de deporte del municipio. El propio González explica el contexto de ese tránsito. “Cuando la obra inició no hacía parte de la administración. Siempre he estado inmerso en el deporte”, señala, recordando que su elección como veedor se dio en una mesa técnica con respaldo de distintos sectores comunitarios.

Hoy, desde su nuevo cargo, asegura que su compromiso con el escenario deportivo se mantiene intacto: “No quedo impedido por estar en la administración; por el contrario, ahora tengo doble obligación en la veeduría como tal del escenario deportivo”.

Más que una ruptura, su paso a la institucionalidad refleja una continuidad en su participación en los temas deportivos del municipio, ahora desde otro frente. En medio del debate por la obra, su voz ha sido una de las que insiste en aclarar aspectos técnicos —como el alcance real de la intervención en las graderías o el carácter de la cancha sintética—, en un intento por aterrizar las expectativas de la comunidad a lo que está contemplado en el contrato.

La valla que no está donde debe estar

Tal vez, el hallazgo más concreto —y simbólico— es la ausencia de la valla informativa en el lugar de la obra. La normativa es clara: la información del contrato debe estar visible en el sitio de ejecución. En este caso, no lo está. La valla fue instalada en la carretera nacional. Puede parecer un detalle menor. No lo es.

La falta de información en el punto de obra limita el control ciudadano y vulnera el principio de publicidad. En otras palabras, dificulta que la comunidad sepa qué se está haciendo, cuánto cuesta y quién responde. En una obra financiada con recursos públicos, eso es más que una omisión: es una alerta.

Confianza con reservas

Desde la Junta de Acción Comunal del barrio 20 de Julio hay respaldo al proceso, pero no es una confianza ciega. Su presidenta, Yaleth Coronel García, ha participado en mesas técnicas y reconoce que los informes del proyecto le generan tranquilidad, aunque no despejan todas las dudas. “Siempre he escuchado el avance de la obra, las especificaciones que tiene el contrato… eso a mí me da tranquilidad”, le dijo al Semanario La Calle. Sin embargo, admite que ese conocimiento no es profundo: “No tengo así como conocimiento a fondo de las especificaciones porque eso lo sabe es un ingeniero”.

Esa mezcla de confianza y distancia técnica deja espacio para la incertidumbre. La propia líder comunitaria lo plantea sin rodeos: “El contratista, con tal de hacerlo, puede decir que se está haciendo bajo las reglas del Ministerio… y qué tal que no”. Por eso, más que una certeza, lo que hoy existe es una expectativa: que lo que se ha explicado en reuniones y comités realmente se esté cumpliendo en la obra.

“Nosotros también tenemos que averiguar… esto es un signo de alarma que tenemos que activar”, reconoce. En ese punto, la confianza se sostiene, pero ya no solo en la palabra de los ejecutores, sino en la necesidad de verificar.

Una obra que exige más que cemento

La remodelación del estadio Enrique Brito no está paralizada. Tampoco es un elefante blanco, pero eso no basta. Cuando hay $14.300 millones en juego, la discusión no es sólo si la obra avanza. Es si avanza bien, si responde a lo prometido y si se ejecuta con total transparencia.

Hoy, en San Juan del Cesar, el estadio crece entre concreto, versiones encontradas y preguntas sin resolver. Y en obras públicas, cuando las preguntas superan a las respuestas, lo que está en juego no es solo una infraestructura: es la confianza.