En la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, el Cesar y La Guajira suman cerca de 1,64 millones de ciudadanos habilitados.
Proyecciones basadas en la tasa de participación nacional indican que alrededor de 900.000 de ellos no asistieron a las urnas. Es el mapa invisible de una democracia que sigue sin poder convocar a la mitad de su electorado.
En las capitales: Valledupar y Riohacha
El preconteo de la Registraduría Nacional, con el 99,99% de las mesas informadas, muestra que Abelardo De la Espriella obtuvo 10.360.449 votos (43,74%) e Iván Cepeda Castro 9.687.724 (40,91%). Colombia irá a segunda vuelta el 21 de junio. Pero detrás de esas cifras existe otro número que raramente aparece en las pantallas de los canales de televisión, y que dice tanto sobre el país como los resultados de los ganadores: aproximadamente 17 millones de colombianos habilitados para votar no lo hicieron. En el Cesar y La Guajira, esa cifra representa cerca de 900.000 ciudadanos.
Los números de la ausencia: Cesar y La Guajira
Según el censo electoral oficial de la Registraduría Nacional para las elecciones presidenciales de 2026, el departamento del Cesar contaba con 929.139 ciudadanos habilitados para sufragar, distribuidos en 300 puestos de votación y 2.754 mesas. La Guajira, por su parte, registró 708.846 personas aptas para votar, en 218 puestos y 2.095 mesas. En conjunto, los dos departamentos de la región Caribe nororiental suman 1.637.985 ciudadanos con el derecho y la capacidad legal de incidir en el destino del país.}
Tomando como referencia la tasa de participación nacional que se registra al cierre del preconteo —alrededor del 56,5%, similar a la de 2022 cuando fue del 54,9%—, se puede proyectar que en el Cesar habrían votado a cerca de 500.000 ciudadanos, lo que implica una abstención de cerca de 440.000 personas. En La Guajira, con una participación similar, habrían sufragado unos 260.000, dejando a más de 450.000 ciudadanos fuera de las urnas. En total, cerca de 890.000 ciudadanos de los dos departamentos no ejercieron su voto en esta primera vuelta. Pero si la participación real fue inferior a la media nacional —como ha ocurrido históricamente en estas regiones—, esa cifra podría superar los 900.000.
En Cesar y La Guajira, según proyecciones, por cada dos ciudadanos que votaron, casi uno y medio se quedó en casa.
Un fenómeno que no es nuevo: la abstención como patrón estructural
La abstención no sorprende a quienes siguen la demografía electoral colombiana. En las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, más del 50% del censo electoral no acudió a las urnas para elegir el nuevo Congreso, pese a que la participación fue ligeramente superior a la de 2022. El fenómeno se repite elección tras elección con una consistencia que ya no puede calificarse de coyuntural: es estructural.
En los departamentos del Caribe colombiano, y particularmente en el Cesar y La Guajira, esa tendencia convive con factores específicos que la potencian. La geografía dispersa, las comunidades rurales de difícil acceso, las zonas históricamente afectadas por el conflicto armado, las deficiencias en infraestructura de transporte que hacen costoso o difícil llegar a un puesto de votación, y la desconfianza acumulada hacia las instituciones y los partidos políticos, todo ello confluye para construir un electorado que, de manera silenciosa, ha optado por no participar.
En La Guajira, además, persiste un fenómeno particular: la población indígena Wayúu, que representa una parte significativa del censo electoral departamental, históricamente ha mantenido relaciones ambiguas con los procesos electorales del Estado colombiano.
Para muchas comunidades, la política institucional es percibida como ajena a sus dinámicas de vida, sus necesidades cotidianas y sus formas de organización colectiva. No votar, en ese contexto, no siempre es indiferencia: a veces es postura.
La democracia que no llega: lo que hay detrás del ausentismo
Hay una tentación recurrente en el análisis electoral de tratar la abstención como un dato residual: lo que queda después de contar a los que sí votaron. Pero los casi 900.000 cesarenses y guajiros que, según proyecciones, no asistieron a las urnas este 31 de mayo no son un margen de error. Son ciudadanos con nombre, con necesidades, con derechos. Y su ausencia habla de algo concreto: la distancia entre las promesas de campaña y la realidad que ellos viven.
El Cesar sigue siendo uno de los departamentos con mayores desigualdades en acceso a servicios básicos. Valledupar ha experimentado un relativo dinamismo, pero los municipios del sur del departamento —Aguachica, La Gloria, Pelaya, Tamalameque— registran índices de pobreza multidimensional que superan ampliamente el promedio nacional. En La Guajira, la situación es más crítica: el departamento ocupa consistentemente los últimos lugares en indicadores de salud, educación y agua potable. En ese contexto, la pregunta de si votar cambia algo en la vida concreta de una persona tiene una respuesta que no siempre es obvia.
A esto se suma el efecto de la compra de votos, fenómeno que en algunas zonas de ambos departamentos ha deformado durante décadas la cultura electoral. Cuando el voto se convierte en transacción —y cuando esa transacción no se cumple, como ocurre con frecuencia—, el resultado no es solo la corrupción del proceso: es el cinismo que queda en quien fue parte de ella. Un ciudadano que vivió la compra de su voto difícilmente regresa a las urnas con convicción democrática.
El potencial silencioso: qué significa esto para el 21 de junio
De cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, el universo de abstenciones en el Cesar y La Guajira cobra una relevancia política que los equipos de campaña de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda no pueden ignorar. La diferencia entre los dos finalistas en la primera vuelta nacional rondó los 659.000 votos. La suma proyectada de abstencionistas en solo estos dos departamentos es superior a esa brecha.
Cualquier esfuerzo serio de movilización en el Cesar y La Guajira puede mover la aguja. No se trata solo de convencer a quienes ya votaron por un candidato eliminado, sino de llegar a ese ciudadano que simplemente no fue. Ese es el electorado más difícil de activar —porque no siempre tiene preferencia ideológica declarada, y su decisión de no votar suele estar más ligada a condiciones materiales que a posiciones políticas—, pero también es el que puede definir una elección presidencial.
Históricamente, la segunda vuelta en Colombia ha movilizado más votantes que la primera. En 2022, la participación subió del 54,9% en primera vuelta al 58% en segunda. Si esa tendencia se repite en 2026, una parte de los abstencionistas de hoy podrían decidirse a votar el 21 de junio. Y en departamentos con las características sociales del Cesar y La Guajira, la pregunta es qué mensaje, qué gestos concretos y qué compromisos específicos lograrán llegar a esa ciudadanía que la política formal lleva décadas sin convocar.
El deber que no es solo de los ciudadanos
Cuando se habla de abstención, es frecuente que el análisis recaiga sobre el ciudadano: que si es apático, que si no le interesa la política, que si no valora la democracia. Esa narrativa es cómoda para quienes ejercen el poder, pero incompleta. La abstención masiva en regiones como el Cesar y La Guajira no puede entenderse sin preguntarse qué les ha dado la democracia colombiana a esos departamentos en las últimas décadas, qué porcentaje del presupuesto nacional ha llegado a sus veredas, cuántas promesas de campaña se convirtieron en obras concretas.
Un sistema político que espera participación ciudadana tiene la obligación de ofrecer razones para participar. Eso no se construye con publicidad electoral ni con cálculos de segunda vuelta. Se construye con gestión, con presencia institucional y con resultados que transformen la vida cotidiana de personas que, hoy, siguen esperando que alguien les demuestre que vale la pena ir a votar.