Las denuncias ciudadanas que llegaron recientemente a la redacción del Semanario La Calle lograron lo que muchas veces no ocurre en la política local: una respuesta rápida del alcalde de Astrea, Alfredo Barrios Ortega; sin embargo, aunque el mandatario respondió los cuestionamientos relacionados con una vivienda en construcción y con la supuesta participación de familiares suyos en actividades oficiales, sus explicaciones cerraron unas preguntas y abrieron otras, ya que si algo quedó claro después de la conversación sostenida con este medio es que la casa existe. Lo que está en discusión es todo lo demás.
“Tengo más de dos años construyéndola”
Las denuncias ciudadanas aseguraban que una ostentosa vivienda que se construye actualmente en Astrea pertenecería al alcalde. Consultado por La Calle, Barrios Ortega confirmó que efectivamente adelanta una construcción en el municipio. “Tengo más de dos años de estar construyendo en un lote de mi propiedad y de mi pareja actual”, respondió.
El mandatario explicó que el terreno fue adquirido por aproximadamente 30 millones de pesos y que la obra se ha desarrollado gradualmente. “Vamos construyendo poco a poco. Actualmente, vivo en casa ajena”, agregó. También aclaró que posee otra vivienda en Valledupar adquirida hace más de veinte años junto a su exesposa, inmueble donde actualmente residen ella y sus hijos. La respuesta despeja parcialmente una de las dudas planteadas por los denunciantes: sí existe una construcción asociada al alcalde. Lo que no despeja es el origen detallado de los recursos invertidos ni el valor total que ha alcanzado la obra después de más de dos años de ejecución. La verdad es que en un municipio donde los rumores circulan más rápido que los comunicados oficiales, esas preguntas seguramente seguirán apareciendo.
El alcalde se desmarca de los Equipos Básicos de Salud
La otra denuncia apuntaba hacia los vehículos utilizados en programas de atención rural en salud. Algunos ciudadanos afirmaban que varios de esos automotores pertenecerían a familiares del mandatario. “Todos los carros son de la familia de él: de los hermanos, de la hermana, del exalcalde, de todos», dijo uno de los que se acercaron a La Calle a expresar su descontento y perplejidad por esta situación.
Barrios Ortega respondió de manera categórica. “El alcalde no maneja los Equipos Básicos de Salud. No tiene ninguna injerencia”, aseguró. Explicó que los recursos llegan directamente desde el Ministerio de Salud a la ESE Hospital San Martín y que es la gerencia del hospital la encargada de ejecutarlos. “La Alcaldía no le puede dar información de esos contratos. Debe preguntarle al señor gerente”, sostuvo.
La respuesta es importante porque introduce un elemento que no aparecía en la denuncia original: la ejecución de los Equipos Básicos de Salud no depende directamente del despacho del alcalde; sin embargo, tampoco responde la pregunta específica que originó la inquietud ciudadana: ¿de quién son los vehículos que participan en esas actividades? Ese interrogante ahora queda trasladado al Hospital San Martín y a su gerente.
“Ningún familiar mío trabaja conmigo”
Otra de las afirmaciones que acompañaban las denuncias señalaba que familiares del mandatario tendrían algún tipo de participación dentro de la administración municipal. El alcalde también rechazó esa versión. “Ningún familiar mío trabaja en la Alcaldía”, afirmó.
Y añadió una frase que seguramente dará de qué hablar en Astrea: “Nosotros somos 39 hermanos y ninguno trabaja conmigo”. La única excepción que reconoció es la de su hermana Aideth Barrios, quien se desempeña como primera gestora social del municipio.
También explicó que su actual compañera sentimental trabaja en un programa de Prosperidad Social denominado Familias en su Tierra mediante contrato laboral y que no tiene vinculación con la Alcaldía.
Un contexto que alimenta las dudas
Las nuevas denuncias no aparecen en un terreno despejado. Durante los últimos meses la administración Barrios Ortega ha enfrentado cuestionamientos relacionados con contratación pública, obras de infraestructura y manejo de información oficial.
En enero de este año, ciudadanos denunciaron presuntas irregularidades en contratos vinculados al Hospital San Martín, a la plaza de mercado campesino y a obras de pavimentación. Posteriormente, La Calle reveló la controversia generada por una respuesta de la Alcaldía a un derecho de petición que remitía genéricamente al Secop sin entregar directamente la documentación requerida.
En todas esas ocasiones el alcalde negó irregularidades y defendió la actuación de su administración.
La política también alimenta los comentarios
En los municipios pequeños ocurre un fenómeno particular: la vida pública y la vida privada rara vez logran mantenerse separadas. Astrea no es la excepción. Por eso, cuando un alcalde adelanta una construcción, compra un predio o realiza cualquier inversión visible, inevitablemente surgen preguntas entre los habitantes.
Algunos consideran que se trata de una reacción normal derivada de la exposición pública que implica ejercer el poder. Otros creen que las autoridades tienen una obligación adicional de explicar el origen de sus bienes y de sus inversiones para evitar cualquier tipo de especulación.
En este caso, el alcalde Alfredo Barrios optó por responder directamente las preguntas formuladas por este medio y explicó que la vivienda se construye desde hace más de dos años en un lote adquirido junto a su actual compañera sentimental; no obstante, la rapidez con que se propagaron los comentarios demuestra que en Astrea existe un ambiente de vigilancia permanente sobre las actuaciones de la administración municipal.
Y ese ambiente no surge de la nada. Durante los últimos meses, distintos sectores de la comunidad han venido expresando inquietudes relacionadas con contratos, obras públicas y manejo de recursos oficiales. Por eso, cualquier asunto que involucre al mandatario termina convirtiéndose rápidamente en tema de conversación en calles, tiendas, parques y redes sociales.
Transparencia es lo que más piden habitantes de Astrea
Si existe un concepto que aparece una y otra vez en las denuncias conocidas durante el último año es la transparencia. Los ciudadanos que acudieron a La Calle en enero para denunciar presuntas irregularidades en contratos del Hospital San Martín, en la plaza de mercado campesina y en obras de pavimentación utilizaron precisamente esa palabra. “Lo único que exigimos como comunidad es transparencia, legalidad y protección del patrimonio público”, escribieron entonces en el documento enviado a este medio. Meses después, cuando se conoció la controversia por la respuesta entregada por la Alcaldía a un derecho de petición, el debate volvió a girar alrededor del acceso a la información pública y de la obligación de las entidades estatales de facilitar el control ciudadano.
Ahora, con las nuevas denuncias relacionadas con la vivienda y con los vehículos utilizados en actividades rurales de salud, el tema vuelve a aparecer. No porque existan pruebas de irregularidades conocidas hasta el momento, sino porque una parte de la ciudadanía insiste en pedir explicaciones más detalladas sobre asuntos que considera de interés público. En otras palabras, el debate de fondo ya no parece ser únicamente sobre una casa o unos vehículos. El debate es sobre la confianza. Y esa es una construcción mucho más difícil que cualquier obra de cemento y ladrillo.
Lo que sigue
Por ahora, las denuncias relacionadas con la vivienda y los vehículos no pasan de ser eso: denuncias ciudadanas. Pero la respuesta del alcalde dejó claro que el asunto no termina aquí. Ahora la atención se traslada al Hospital San Martín, que deberá explicar quiénes son los propietarios de los vehículos utilizados en los Equipos Básicos de Salud y bajo qué modalidades participan en la ejecución del programa porque una cosa sí quedó demostrada esta semana en Astrea: cuando las preguntas llegan a la plaza pública, las respuestas rara vez son el final de la historia. Muchas veces son apenas el comienzo.