Miles de quejas, un servicio cuestionado y unos organismos de control que parecen haber perdido la capacidad de reaccionar.
Valledupar está cansada de la basura, pero también está cansada del silencio.
Las quejas de los ciudadanos contra la prestación del servicio de aseo se cuentan por miles: calles sucias, deficiencias en la recolección, puntos críticos que reaparecen, residuos que permanecen durante días y una comunidad que siente que paga cumplidamente por un servicio que no recibe con la misma eficiencia.
Y mientras la ciudadanía reclama, ¿quién controla a quien tiene la responsabilidad de prestar el servicio?
La pregunta resulta inevitable.
Interaseo, a través de Aseo del Norte, tiene una obligación frente a los vallenatos. Pero al otro lado de esa obligación está Emdupar, que ejerce funciones de supervisión e interventoría, y están los organismos de control, cuya razón de ser es precisamente investigar cuando existen denuncias, posibles irregularidades o una prestación deficiente de un servicio público.
Sin embargo, la sensación que queda en la calle es preocupante: muchas denuncias, pocos resultados.
Y aquí aparece una pregunta todavía más incómoda: ¿qué está haciendo realmente Emdupar frente a las reiteradas quejas contra el operador del servicio de aseo?
Porque supervisar no puede significar simplemente recibir informes, asistir a reuniones y elaborar documentos. Supervisar significa verificar, exigir, advertir, sancionar cuando corresponda y poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier conducta que pueda constituir una irregularidad.
La propia historia demuestra que los cuestionamientos no son nuevos.
En 2022, la Contraloría Municipal de Valledupar reportó cinco hallazgos relacionados con la operación del servicio de aseo, entre ellos aspectos sobre tercerización, facturación y recaudo, interventoría, utilidades y la prolongación de la entrega del servicio. En ese momento, Mauricio Muriel, gerente de Aseo del Norte, respondió públicamente a los señalamientos y sostuvo que no existía una anomalía ilícita.
Tres años después, en julio de 2025, el Concejo de Valledupar volvió a abrir un debate de control político por las múltiples inconformidades ciudadanas relacionadas con el servicio de aseo, las tarifas, el relleno sanitario y las obligaciones de Interaseo.
Y en febrero de 2026, el propio Mauricio Muriel reconoció públicamente que existían fallas en la prestación del servicio y anunció inversiones para intentar mejorarlo.
Entonces la pregunta es sencilla:
¿Cuántas denuncias más se necesitan para que aparezcan resultados concretos?
Porque si durante años se acumulan reclamos, debates, cuestionamientos y advertencias, pero la respuesta institucional sigue siendo prácticamente invisible, algo está fallando.
Y es aquí donde la ciudadanía empieza a hablar de una especie de “mermelada institucional”.
No porque exista, hasta ahora, una prueba pública que permita afirmar que alguien recibe beneficios indebidos, sino porque desde la calle se percibe una relación excesivamente cómoda entre el operador cuestionado, quien debe supervisarlo y quienes deberían ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones.
Y esa percepción merece ser investigada.
¿Quién está vigilando realmente a Interaseo?
¿Con qué frecuencia Emdupar verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales y operativas?
¿Cuántos requerimientos formales ha hecho?
¿Cuántas sanciones o actuaciones administrativas ha promovido?
¿Cuántos incumplimientos ha documentado?
¿Cuántos informes ha trasladado a los organismos de control?
¿Y qué ha hecho la Contraloría Municipal con las denuncias y cuestionamientos que se han venido acumulando?
Porque un órgano de control que conoce las denuncias y no actúa termina generando una pregunta todavía más grave que la denuncia original:
¿Para qué están los controles si nadie controla?
La Contraloría no puede convertirse en una espectadora de los problemas de Valledupar. Emdupar tampoco puede limitarse a ser una figura administrativa que observa desde la barrera mientras los ciudadanos padecen las consecuencias.
El servicio de aseo no es un favor.
Es un servicio público.
Los vallenatos lo pagan todos los meses y tienen derecho a exigir calidad, continuidad, eficiencia y cumplimiento.